Estamos asistiendo estas fechas en nuestro país a manifestaciones de pensionistas cuya reclamación principal parece ser la petición de incremento de las pensiones de acuerdo con el índice de precios al consumo (IPC) en superación del incremento mínimo del 0,25 por ciento aplicado en 2018 en función de la fórmula de revalorización contemplada actualmente en el artículo 58 del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social de 2015.

Estos movimientos de protesta, debidamente impulsados y jaleados por partidos y organizaciones sindicales que sólo muestran la cara demagógica de un pretendido estado de bienestar sin, naturalmente, dar a conocer la parte real de la versión comunista que en verdad defienden, e ignoran deliberadamente el verdadero problema del conjunto del sistema de Seguridad Social (del que las pensiones son una parte muy importante), que reside en la VIABILIDAD del mismo.

Por otra parte, los gobernantes actuales, con una práctica de avestruz en sus políticas, no se atreven a mostrar e informar la realidad del problema, como primer paso para buscar soluciones, ni menos aún a ofrecerlas, en una muestra más de la pusilanimidad que han mostrado a lo largo de dos legislaturas en las que nos han enseñado que su quehacer político consiste precisamente en no hacer o en todo caso, en hacer lo mínimo posible para que todo siga igual.

De este modo, entre la demagogia y la inmovilidad, me gustaría ofrecer, modestamente, y como un punto de partida, las cifras reales que condicionan, concretamente, la cuestión de las pensiones, para apuntar, a continuación, el camino por el que estimo que necesariamente han de circular las medidas a adoptar para lograr el objetivo expresado de la sostenibilidad del sistema actual de Seguridad Social español.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE) del cuarto trimestre de 2017, la población activa es en España de 22.765.000 personas, de las cuales, ocupadas están alrededor de 19.998.000 (una tasa de actividad del 58,80 por ciento), y parados, 3.766.000 personas (una tasa de desempleo de 16,55 por ciento). Por su parte, los datos de la Seguridad Social nos muestran en febrero de 2018 la cifra de 18.363.514 afiliados (ligeramente inferior a la citada anteriormente), y un número de 8.439.499 pensionistas (de todos los Regímenes), de los cuales las pensiones de jubilación alcanzan la cifra de 5.747.121. La pensión media, según los datos, es de 932,29€/mes. Es preciso indicar que estos datos no incluyen las prestaciones por desempleo de carácter contributivo ni los subsidios de incapacidad temporal…

Hemos de recordar que nuestro sistema de Seguridad Social se basa en la solidaridad intergeneracional (artículos 2 .1 y 110 del Texto refundido vigente) sobre un sistema financiero de reparto de las prestaciones (excepto en prestaciones derivadas de contingencias profesionales en que rige el principio de capitalización), lo que quiere decir que las pensiones de hoy son satisfechas en base a las cotizaciones de los trabajadores actuales (no de las cotizaciones que los pensionistas y las empresas hayan realizado por ellos), con una expectativa de derecho por parte de los cotizantes actuales de ver satisfechas, en su día, sus pensiones por los trabajadores futuros

De la encuesta de Costes laborales del INE (cuarto trimestre de 2017) obtenemos que el coste anual de los trabajadores por cuenta ajena asciende a 21.786,07€, de los cuales, el 74,17 por ciento son salarios; esto es, 16.158€ que divididos entre doce meses nos muestra un salario mensual de 1.346,56€. Y el 25,83 por ciento restante son cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, es decir, 347,81€/mes. A este coste de la empresa, si le sumamos el importe de las cotizaciones del trabajador, calculadas sobre un tipo general del 7,35 por ciento (a aplicar sobre el salario indicado de 1.346,56€), es decir, 98,97€, obtenemos un total de 446,78€ de total cotizado al sistema sumando las aportaciones mensuales de empresa y trabajador. Si decíamos que la pensión media es de 932,29€/mes, esto quiere decir que las cotizaciones apenas cubren el 50 por ciento (el 47,92 por ciento concretamente) del importe de dicha pensión media.

Refiriéndonos a la tasa de sustitución, esto es, el porcentaje que supone la pensión sobre el salario percibido como trabajador, si tomamos los referidos 1.346,55€ de salario, y la pensión medida de 932,29€, obtenemos una tasa del 69,23 por ciento. O lo que es lo mismo, los pensionistas de hoy cobran, aproximadamente el 70 por ciento del salario que hoy tiene un trabajador en activo. Y esto sin considerar que el salario mínimo interprofesional de 2018 es de 735,90€ (aprobado por R.D.1077/2017), que, si lo determinamos sobre 14 pagas nos da la cifra de 858,55€ o sea, el salario mínimo actual representa un 92,09 por ciento de la citada pensión media.

De lo expuesto creo que resulta bastante claro que el sistema de Seguridad Social, tal y como hoy está desarrollado, carece de viabilidad a corto plazo, pero ni de esto ni de posibles soluciones (puesto que resulta palmario que no existe una única medida como fórmula mágica a aplicar) se ha oído hablar ni en las manifestaciones, ni al gobierno ni en las Cortes ni a los partidos políticos. ¿Por qué? ¿Quizá porque a unos les interese únicamente la algarada callejera para "ganar "en la calle lo que no obtienen en las urnas y a otros porque tienen solucionado su futuro y les importa un pito el del resto de los españoles?.

A estos efectos el proponer el "blindaje" de las pensiones en la Constitución es mera demagogia: la obligatoriedad de la existencia de un sistema público de Seguridad Social y de pensiones para cubrir necesidades está contemplado ya en los artículos 41 y 50 de nuestra Constitución: lo que naturalmente no pueden recogerse son las cuantías, salvo sea el respeto al adjetivo "suficientes" para aquellas. De la misma manera debe desecharse por socialmente injusta, además de inviable económicamente cualquier tentación perturbadora de establecimiento de una renta básica universal

En cuanto a plantear soluciones, como ya he apuntado, no existe UNA, sino que han de conjugarse tanto medidas concretas como decisiones sobre el propio sistema, a adoptar pensada y democráticamente tras informar a los ciudadanos de su alcance y sus consecuencias, sin falsas demagogias. Fundamentalmente es necesario acordar con razonabilidad la comentada tasa de sustitución.

Apuntemos alguna idea respecto a medidas concretas:

--En sentido negativo, entiendo que no cabe el aumento de las cotizaciones (si no es exclusivamente a través de la eliminación de los topes máximos de cotización) pues elevar más de un tipo (actual) del 35 por ciento para las empresas o aumentar en su caso las cotizaciones de los trabajadores más del 7,35 por ciento (actual) supone una carga para la productividad de las primeras y una pérdida de capacidad económica para los segundos, ya bastante socavada por el IRPF.

--La eliminación de los topes máximos de cotización a la Seguridad Social puede contribuir a incrementar los ingresos del sistema.

--Una medida ejemplarizadora: eliminación del privilegio de los parlamentarios nacionales de obtener la pensión máxima por completar dos legislaturas.

--Es preciso llevar más allá el deslinde de las prestaciones no contributivas hacia su cobertura mediante la imposición en sentido estricto, por ejemplo, con las pensiones de viudedad y orfandad. Redefinir las primeras para evitar su cobro junto con el trabajo o la percepción de otra pensión. Cubrir igualmente a través de impuestos (incluso indirectos) los incrementos de pensiones por maternidad y las prestaciones de paternidad y maternidad por entender que el nacimiento de niños constituye un bien para toda la sociedad.

--Fomentar la cobertura complementaria del sistema público a través de planes y fondos de pensiones privadas en desarrollo del artículo 41 de la Constitución, combinando pues el sistema público de reparto con la introducción del elemento de capitalización, para lo cual se precisa, de una parte, un tratamiento fiscal adecuado e incentivador, y de otra, el desarrollo de adecuadas medidas de control y responsabilidad subsidiaria de la Administración pública. Y no necesariamente a través de planes de empresa puesto que la configuración del tejido empresarial

español nos muestra que el 98 por ciento de las empresas tienen menos de 50 trabajadores (datos de empresas inscritas en la Seguridad Social en 2017).

Entre otras medidas, siempre con el objetivo de superar la presente situación en la que nos encontramos los españoles entre la demagogia de unos y la inanidad de otros, para lo cual creo que el primer paso ha de ser el cambio de los actuales sujetos políticos.