El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha instado ese miércoles a los diputados de la Comisión de Justicia del Congreso a abordar el "problema" que existe en nuestro país con las asociaciones judiciales, porque representan "opciones ideológicas que se identifican con partidos políticos por los ciudadanos" y ello afecta negativamente a la percepción de la justicia.

Esta identificación partidista respecto de las asociaciones de jueces "es una realidad", según Lesmes, que ha añadido que "ganaría la independencia en nuestro país si hubiera solo una asociación judicial". Ha recordando también que en todos los países de nuestro entorno existe una única asociación profesional de jueces excepto en Francia, donde estos profesionales pueden sindicarse.

En otro momento de su turno de respuesta el presidente del Poder Judicial ha rechazado las críticas del diputado de En Comú Podem Jaume Moya sobre el hecho de que el actual Consejo sea "excesivamente presidencialista" y deje las cuestiones más relevantes para la Comisión Permanente, en la que están los únicos 7 vocales con dedicación exclusiva a este órgano.

Frente a ello, Lesmes ha asegurado que todas las decisiones importantes se adoptan por el Pleno del órgano de gobierno de los jueces, como son los nombramientos y otros acuerdos que son además las que "justifican constitucionalmente" la existencia de la institución.

Por otra parte, Lesmes ha revelado que previsiblemente serán los letrados de la administración de justicia -los antiguos secretarios judiciales- los encargados de gestionar los registros civiles una vez se aplique la ley que exonera de esta labor a los jueces.

Según ha señalado Lesmes durante su turno de réplica a los portavoces de justicia de los diferentes grupos, así se lo ha manifestado este mismo miércoles el propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, a quien ha preguntado sobre este asunto en concreto durante un acto público en el que ambos han coincidido. "Me ha dicho que los letrados de la administración de justicia", ha indicado el presidente del Poder Judicial.

Actualmente existe una situación de provisionalidad normativa respecto de los Registros Civiles derivada del aplazamiento de la Ley que liberará a los jueces de la gestión de estos órganos.

En concreto, serán 28 según ha apuntado Lesmes los jueces actualmente en registros civiles que pasarán a realizar labores jurisdiccionales. A su juicio, el trabajo en los registros pueden asumirla perfectamente otros colectivos profesionales.

LITIGIOSIDAD Y NOMBRAMIENTOS

Sobre las críticas a los nombramientos realizados por el CGPJ realizada por varios portavoces parlamentarios, Lesmes ha asegurado que se elige "a los mejores" y que poner en cuestión por ello a los magistrados del Tribunal Supremo "es una ofensa" a su independencia, que para él está totalmente asegurada.

Ha rechazado valorar los nombramientos en la cúpula fiscal o en el Tribunal Constitucional, por no ser algo de su competencia y respecto de los cuales ha expresado su máximo respeto.

Sobre el cuestionado nombramiento del presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona Antonio Recio Córdova frente a la magistrada Angels Vivas, ha indicado que se tuvo en cuenta el conocimiento por el primero del derecho civil catalán. Otras cuestiones como una posible discriminación de género fueron introducidas por la magistrada en el recurso que interpuso ante el Supremo y fueron resueltas, pero no son las que se tuvieron en cuenta a la hora de realizar este nombramiento.

A preguntas del portavoz socialista Juan Carlos Campo, Lesmes se ha referido al descenso en la litigiosidad experimentado en los juzgados españoles a lo largo de 2016, sobre el que ha puntualizado que ha sido de entre un 2 y un 4 por ciento quitando el impacto que en el descenso del número de causas en España han tenido reformas como la que supuso la supresión de las faltas.

En cuanto a la lentitud de la Justicia, Lesmes ha señalado que en los últimos años España se ha ido acercando a la media del tiempo de resolución de recursos del resto de países de Europa. Hace diez años nuestro país doblaba el tiempo de media de sus países vecinos.

Lesmes revela que en España hay 250.000

aforados en distintos grados, desde policías

a políticos o jueces

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha revelado hoy que en España hay actualmente casi 250.000 aforados, de los que algo más de 232.000 son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales o autonómicos, cinco de la Familia Real y el resto -17.603- pertenecen a instituciones del Estado y de las Comunidades Autónomas (políticos, miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, integrantes de órganos como el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Estado, Defensores del Pueblo estatal y autonómicos, etc.).

Durante su comparecencia en la Comisión del Justicia del Congreso de los Diputados, Lesmes ha abogado por un nuevo diseño de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que conjugue las garantías procesales con la celeridad. "Esto exigirá reflexionar sobre todos los elementos que configuran el proceso penal, incluido, por qué no, el asunto de los aforamientos", ha dicho.

"Es necesario analizar la situación desde el máximo rigor posible y tratar de trasladar a la sociedad que las decisiones que se adopten en esta cuestión son fruto de la reflexión y, sobre todo, de la defensa de los intereses generales", ha manifestado Lesmes, para quien "sería bueno que el asunto de la reforma de los aforamientos, que sin duda es necesaria, no se desvincule de una deseable reforma global de nuestro proceso penal que mantenga los necesarios equilibrios".

También ha recordado que, en el caso de los jueces, fiscales o policías, el aforamiento opera como garantía para el ejercicio de funciones públicas destinadas a la protección de los derechos fundamentales y que "esa garantía se podría alcanzar mediante otros mecanismos distintos al aforamiento, pero siempre teniendo en cuenta que tal garantía es necesaria".

En el caso de los políticos, el aforamiento se concibe como
garantía frente a los posibles excesos de la acusación popular que no existe en los ordenamientos jurídicos de otros países, según ha recordado.

NUEVO DISEÑO DE CARRERA JUDICIAL

Además, Lesmes ha instado a los diputados a abrir el debate sobre un nuevo diseño de la Carrera Judicial que incluya sistemas objetivos para la evaluación continua del desempeño del juez y permita reducir el margen de discrecionalidad en los nombramientos.

Ello pasa, según el presidente del Poder Judicial, por restablecer programas y pruebas de especialización en todas las jurisdicciones, convertir la formación en obligatoria e incidir en el desarrollo de habilidades necesarias para una mayor calidad en la prestación del servicio -idiomas, gestión de gobierno, nuevas tecnologías, etc.

La antigüedad en la carrera seguiría siendo objeto de consideración, según ha explicado el presidente del Poder Judicial, pero no como criterio determinante para la selección de cargos de nombramiento discrecional, según ha explicado.

"Somos conscientes de lo ambicioso de este planteamiento y del cambio, incluso de mentalidad, que el mismo exigiría. Pero no creo que debamos renunciar a reflexionar sobre ello", ha señalado Lesmes en la cámara baja.

Estas cuestiones, ha dicho Lesmes, se abrirán al
debate y reflexión de manera muy participativa, buscando "la máxima
aportación y participación de la Carrera Judicial, de las asociaciones de jueces y de los órganos de gobierno de los Juzgados y Tribunales.

En este punto, Lesmes ha recordado el último informe de evaluación del Grupo de Países contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), hecho público en 2016, recomienda expresamente a España incidir en una mejor regulación de los criterios de nombramiento de los altos cargos del Poder Judicial.

JUECES A EVALUACIÓN CONTINUA

El presidente del TS y del CGPJ ha señalad que la aplicación de un nuevo sistema exigiría la implantación de mecanismos eficaces y claros para la adecuada evaluación de la formación, "y también, yendo un poco más lejos, el establecimiento de sistemas objetivos para la evaluación del desempeño del juez".

"Este último aspecto es sin duda complicado. Y también delicado. La evaluación del desempeño de los miembros de la carrera judicial debe respetar, en todo caso, unos condicionantes que aseguren que esa
evaluación se produce en términos que garanticen que no producen
interferencias en la independencia e imparcialidad con la que los jueces han de desempeñar su labor jurisdiccional", ha concluido sobre este punto.

NUEVA PLANTA JUDICIAL

Finalmente, ha mencionado que "sigue estando pendiente la gran reforma organizativa de la Justicia" y que en ese sentido el órgano de gobierno de los jueces trabaja en un plan de redimensionamiento de la planta judicial.

A su juicio, el CGPJ debe contribuir a la elaboración de un programa de reformas que aseguren la calidad de la Justicia y refuercen la independencia del Poder Judicial. Así, ha abogado por el diseño de una nueva organización territorial de la Justicia que supere la actual atomización de las demarcaciones judiciales y apueste por un nuevo modelo organizativo basado en la concentración territorial y la colegiación de órganos judiciales.

Lesmes ha dicho, no obstante, que hasta tanto no se produzca esa reforma el CGPJ no renuncia, en uso de sus competencias propias, a estudiar la implantación de medidas que permitan aumentar la capacidad de respuesta de los órganos judiciales mediante la especialización de órganos judiciales, la modificación de normas de reparto o la aprobación de medidas de apoyo.