Los licenciados en Derecho están organizando concentraciones y actos de protesta para pedir al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que estén exentos de cursar un posgrado, un periodo de prácticas y un examen final para poder ejercer como abogados y procuradores.   

 Este colectivo protesta contra la Ley de Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador que está vigente desde el pasado octubre y obliga a todos los estudiantes a superar estos requisitos. El ministro ha propuesto una reforma legal para excluir a quienes se matricularon antes de que la norma fuera publicada, el 31 de octubre de 2006.  

  Sin embargo, la comunidad estudiantil considera que la reforma favorece a una minoría y reclama que beneficie a todos los licenciados en Derecho. La Asociación de afectados por la Ley de Acceso a la Abogacía y Procura (ANALAP) baraja convocar un acto de protesta para el próximo jueves ante la sede de la Abogacía.  

  El titular de Justicia tiene previsto acudir ese día a una reunión con Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). Esta institución valora "positivamente" la norma que "permitirá a los futuros abogados disponer de la formación específica que exige el adecuado ejercicio del derecho de defensa y la necesaria equiparación a la normativa europea".

 "ESCASA" INFORMACIÓN   

 Según ha manifestado a Europa Press el presidente de ANALAP, José Beceiro, la asociación piensa también convocar movilizaciones en distintas ciudades españolas y organizar "un acto central" en Madrid si el Gobierno desoye sus peticiones.  

  Beceiro advierte del "coste económico" que conlleva la realización del máster para los licenciados y que puede oscilar "entre los 6.000 y 9.000 euros" en una Universidad pública. "Tal y como está España, es un lastre para acceder a la profesión", ha agregado.  

  Por ello, no le sorprende que la Abogacía y los centros universitarios hayan acogido con satisfacción la propuesta del ministro ya que son ellos los encargados de impartir los cursos de formación. "Es un gran negocio", ha resaltado.  

  Beceiro ha puesto de relieve que algunas Universidades ofrecieron a los estudiantes una información "nula" o "muy escasa" sobre la entrada en vigor de esta ley y, por tanto, muchos estudiantes desconocían sus efectos cuando se matricularon después de 2006.  

  Por otra parte, ha puesto de manifiesto el "desconcierto" del colectivo después de que el Gobierno emprenda esta iniciativa, unos días después de que el Grupo Parlamentario Popular presentara una proposición no de ley solicitando la exclusión de todos los licenciados en Derecho.    "Estamos desconcertados. Sólo pedimos que se cumpla la proposición no de ley que presentó el partido que sustenta al Gobierno", ha indicado, para criticar que el Ministerio "ha actuado unilateralmente".   

 Justicia lanzó esta propuesta sin esperar al debate de la proposición no de ley que presentaron los populares en el Congreso, por la que se instaba al Ejecutivo a "realizar las modificaciones normativas precisas para excluir a todos los licenciados en Derecho de la obligación de cumplir con los requisitos de capacitación exigidos por la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales".

 "OTRAS VÍCTIMAS" DE LA LEY DE ACCESO   

 La Ley 34/2006 también afecta a otro colectivo que considera que su situación no ha sido "debidamente" atendida. Son los llamados licencigrados, estudiantes que iniciaron su carrera bajo la licenciatura y que fueron adaptados a grado debido a la convergencia en el Espacio Europeo de Educación Superior (EES), más conocido como el plan Bolonia.   

"Consideramos necesario advertir, en torno a una circunstancia de la que nos consideramos víctimas, y que se está produciendo en el seno de las universidades españolas", afirman desde el Colectivo de Otros afectados por la Ley 34/2006, para explicar que muchas universidades se empeñaron en promover el traspaso a grado de "forma indiscriminada".   

"En algunos casos, fueron promociones enteras las que, habiendo iniciado sus estudios bajo la Licenciatura, fueron exhortadas encarecida e interesadamente sobre la necesidad de pasar a Grado, con la advertencia de que, de no ser así, verían mermados sus derechos como estudiantes a consecuencia de la incipiente implantación del Plan Bolonia", añaden.  

  La "lucha" de estos afectados se centra en que acaben formalmente como licenciados y recuerdan que han cursado un número de créditos "muy superior" al exigido para la obtención de grado. "Sin embargo, debido a la extinción de alguna de sus asignaturas, son abocados a aquél, y en consecuencia, finalmente obtendrán su título formalmente como graduados", lamentan.  

  La asociación calcula que actualmente cerca de 15.000 alumnos cursan estudios de licenciatura e insta a los poderes públicos a tomar en consideración su circunstancia y solucione esta "problemática" mediante la implantación de una "moratoria general".