Los ministros del Interior de la UE han llegado a un acuerdo político este jueves en Luxemburgo que permite reintroducir los controles fronterizos nacionales para hacer frente a presiones migratorias masivas en el espacio sin fronteras Schengen cuando se constata que un Estado miembro afectado no está en condiciones de hacer frente por sí solo al problema.

   La Comisión podrá proponer a los Estados miembros que éstos recomienden que se restablezcan los controles fronterizos nacionales en el caso de flujos migratorios "masivos" cuando se constate que el Estado miembro afectado "no está en condiciones de hacer frente por solo" al problema, según han explicado fuentes diplomáticas. Bruselas defendía desde el principio que los Estados miembros pidan permiso a la UE antes de reintroducir los controles.  

  Cuando se concluya que un Estado miembro no está incumpliendo de manera "seria" sus obligaciones en el marco del espacio sin fronteras Schengen, poniendo en "riesgo" el funcionamiento del sistema, y la Comisión constate, tras un periodo de tres meses, que la situación problemática persiste, los Veintisiete podrán recomendar, en base a una propuesta de la Comisión, que uno o más Estados miembros concretos reintroduzcan los controles fronterizos en determinados puntos o en el conjunto de su frontera interna.

Los controles se permitirán durante un máximo de seis meses, pero podrán prorrogarse en periodos consecutivos de seis meses, hasta un máximo de dos años.

   "Al final serán los Estados miembros los que decidan sobre la reintroducción de los controles fronterizos", ha dejado claro sin embargo el ministro de Justicia danés, Morten Bodskov, en rueda de prensa al término de la reunión de los Veintisiete.   

 Los Estados miembros ya pueden reintroducir los controles fronterizos dentro de su territorio durante un tiempo limitado en circunstancias excepcionales que pueden dar lugar a "una amenaza seria" para el orden público o la seguridad nacional como el caso de los acontecimientos masivos previstos o en casos urgentes como ataques terroristas, aspectos que no se cambiarán, aunque ahora también se podrán reintroducir en caso de afluencias masivas de inmigrantes si se constatan "deficiencias serias y persistentes".  

  Los Estados miembros han llegado a un acuerdo político también sobre el nuevo mecanismo de evaluación y supervisión del funcionamiento de Schengen que, según ha criticado la comisaria europea del Interior, Cecilia Malsmtröm, "reproduce" el mismo mecanismo actual de "revisión entre iguales" para detectar problemas y no permitirá "tener un mecanismo europeo para identificar los problemas" en el espacio sin fronteras ni "tener recomendaciones vinculantes" para los Estados miembros que deban corregir deficiencias detectadas, tal y como proponía la Comisión. "Y esto no va a ser el caso", ha lamentado.   

 La reforma de la gobernaza de Schegen propuesta por Bruselas introducía "recomendaciones vinculantes" aprobadas por una mayoría cualificada de Estados miembros para forzar a un país a adoptar medidas concretas para subsanar "problemas serios" detectados, según han explicado fuentes comunitarias.

   La propuesta respaldada por los Veintisiete este jueves deja el mecanismo "prácticamente como ahora" es decir un sistema de vigilancia "puramente intergubernamental". "No se les podrá obligar a hacer nada para remediar problemas", lamentan fuentes del Ejecutivo comunitario.

   "Desde la Comisión estamos decepcionados. No es tan ambicioso como nos hubiera gustado", ha reconocido la propia Malmström, sobre el nuevo mecanismo de evaluación acordado por los Veintisiete.

 BRUSELAS DESCARTA ACCIONES LEGALES

   La comisaria ha descartado emprender sin embargo "ningún paso legal por el momento" contra los Estados miembros y ha confiado en que el Parlamento Europeo pueda "encontrar una solución" para garantizar un mecanismo realmente europeo.

   El presidente de la Eurocámara, Martin Schulz, ha dejado claro que "el Parlamento Europeo no aceptará ningún motivo para reintroducir los controles fronterizos sin un mecanismo comunitario para evaluar y supervisar si esto es necesario o no" y ha dejado claro que todos los líderes de los diferentes grupos políticos han tenido reacciones "muy negativas" al cambio de la base legal para el nuevo mecanismo de evaluación de Schengen -de reglamento comunitario a decisión del Consejo, que reconoce al Parlamento Europeo como colegislador-. Los Veintisiete se han comprometido sin embargo a consultarle la propuesta.   

 "Esta decisión supone una falta de respeto a los poderes del Parlamento y es un paso en la mala dirección para Schengen. Este juego de poder innecesario no alcanzará el resultado que nuestros ciudadanos esperan de la Unión", ha denunciado Schulz en un comunicado en el que insta a la Presidencia danesa a comparecer ante la Eurocámara en el pleno de la semana que viene en Estrasburgo para dar explicaciones.  

  "Es perturbador ver que los Gobiernos nacionales buscan excluir a los representantes de sus ciudadanos en cuestiones relacionadas con derechos individuales. El libre movimiento dentro del área sin fronteras internas es un pilar de la Unión Europea, uno de los beneficios más tangibles y el Parlamento Europeo luchará para reforzarlo", ha zanjado Schulz, que ha dejado claro que la Eurocámara seguirá tramitando la propuesta legislativa y "examinará todas las opciones posibles".  

  El ministro de Justicia danés ha dejado claro que los Veintisiete no están "dejando al margen al Parlamento" y ha defendido que el cambio de base legal de la propuesta es una cuestión "puramente legal para garantizar que tenemos la base legal adecuada sobre el contenido acordado". "Los Estados miembros quieren seguir dialogando con el Parlamento Europeo", ha insistido.

EL MECANISMO DE EVALUACIÓN  

  La Comisión propuso el pasado mes de septiembre introducir un enfoque comunitario que le permitiera encabezar las evaluaciones con visitas e inspecciones in situ en los Estados miembros, aunque la propuesta de compromiso respaldada por los Veintisiete defiende que la Comisión y los Estados miembros realicen la evaluación y supervisión de forma conjunta. Los equipos conjuntos estarían compuestos por un miembro de un Estado miembro y otro de la Comisión.   

 Las evaluaciones cubrirán todas las disposiciones del acervo comunitario, pero también y por primera vez se controlaría la ausencia de controles en las fronteras internas. El Ejecutivo comunitario se encargará eso sí de presentar los programas de evaluación multianuales y anuales, que incluirían visitas e inspecciones anunciadas y sin previo aviso a los Estados.

   Los Veintisiete deberán dar su visto bueno a los informes de evaluación que les remita el Ejecutivo comunitario en base a los informes de los equipos conjuntos y los Estados miembros donde se detecten deficiencias deberán presentar un plan de acción para detallar cómo piensan solventarlas. Bruselas informará a los Veintisiete de manera regular del grado de cumplimiento del mismo y si se detectan deficiencias "serias" con impacto para el orden público o la seguridad nacional la Comisión, motu propio o a petición de un país concreto, informará al resto de las mismas "lo antes posible".