El viejo Sistema agoniza. Ha durado muchos años, demasiados. Su nacimiento, como señalaba el profesor Galán y Gutiérrez, no fue legítimo. Las Cortes, nacidas de las elecciones de junio de 1.977, no habían sido elegidas como constituyentes y, por tanto, el Parlamento elegido no tenía ese carácter, careciendo de legitimidad, pues ésta se funda en la “voluntad del Pueblo o de la Nación” expresada en  unas elecciones a cortes constituyentes, siendo la comunidad la única legitimada para trasmitir el  poder político, como ya había puesto de manifiesto la escuela española de derecho natural.  

          Esta crítica, realizada por uno de los mayores estudiosos del poder constituyente, le supuso la muerte civil y su olvido por una Universidad, más atenta a lo políticamente correcto y a elevar a los “altares”, laicos por supuesto, a los “gurús” del pensamiento débil, con las consecuencias que en este momento constan en autos, el total desmantelamiento de España y de sus Instituciones. Como el citado profesor había señalado en los años cincuenta, advirtiendo que el problema al que se enfrentaba la teoría del Estado no era ya cuestión del modelo de Estado, sino el de la desaparición del Estado, como día a día, entre dos fuerzas opuestas y antagónicas, y en la actualidad, agoniza el Estado español.  

        Desde los centros de “pensamiento” que diseñaron la Constitución de 1978, se alentó la idea del nihilismo, que en aquellos años el profesor Galán definía “como la negación violenta de la civilización occidental”, negación que estaba dentro de la Constitución española y años después, en la mal llamada “Constitución europea”, en la que primero España y luego Europa, se negaban así mismas.

          Todo se ha quedado en una forma vacía de contenido y tras ella, subyace una concentración de poder que convierte los verdaderos derechos en papel mojado. En uno y otro supuesto, los ciudadanos no hemos tenido ni arte ni parte, habiendo sido fruto de los poderes que emanan y se crean en las citadas normas, convirtiendo el Derecho al final, en el instrumento de la arbitrariedad de un tribunal político, como es en nuestro caso, el Tribunal Constitucional, que de forma reiterada falla, cuando se digna a admitir a trámite los recursos que se presentan,  en contra de las normas “eternas” que fundamentan nuestra civilización y que causalmente, coinciden con los intereses y la “filosofía” de lejanos centros de poder. Vergonzoso pero real como la vida misma.

          El orden político nacional se ha alejado del bien común, si es que alguna vez lo estuvo, mientras millones de españoles se encuentran sin trabajo, en la pobreza y sin esperanzas de solución a corto plazo, con el agravante añadido de que una falsa política de “libertades” ha destruido millones de familias, produciendo el desarraigo total de grandes sectores de la población española, que se encuentran indefensos y solos a merced de poderes inconfesables.

         Soplan vientos electorales, los españoles asistimos atónitos al comportamiento de una clase política sólo preocupada de conseguir o conservar sus puestos, todos son “progresistas” para “conservar” su escaño, cargo o coche oficial y soldada pública, nadie se preocupa del bien común de los ciudadanos, de crear puestos de trabajo dignos y de realizar los cambios profundos y necesarios para el bien de las personas y de la nación, sólo pretenden mantener su “status quo” aún a consta del bien de la colectividad, sin que en realidad sepamos qué diferencia a unos candidatos de otros. Persiguen una nación, fragmentada o no, poblada de esclavos que surtan sus arcas sin rechistar.  

       El Sistema agoniza, no sólo por la falta de legitimidad de origen, causante de que nuestra norma constitucional sea en sí misma contradictoria, sino también por la renuncia expresa de una clase política que ha abdicado de su deber para con España y los españoles, sólo dispuestos a servir a intereses inconfesables. España desarbolada, a merced de los vientos que anuncian la tormenta,  las soluciones pasan necesariamente por un nuevo marco jurídico adecuado a las cosas nuevas de nuestro tiempo y porque los españoles, se involucren totalmente para que su voz sea escuchada. La responsabilidad de nuestro futuro, es de todos.    

      Los días finales del Régimen han llegado y tiene su reflejo en materia económico financiera. Los mercados tienen una vez más,  duda sobre la deuda pública española, y el Reino de España se encuentra caminando con paso firme hacia el default mientras a nuestros políticos, sólo se les ocurre emitir “belarminos” para seguir alimentando el fuego con gasolina. No importa, al Sistema le falta liquidez y le sobran políticos incompetentes, como es el caso de la Autonomía Catalana, que para abonar la nómina de sus políticos, funcionarios y personal diverso colocado a dedo, emite bonos “patrióticos” con una rentabilidad para el inversor del 4,5%  y para calmar al establishment “patriótico”, siguen con los negocios anómalos, ofrecen a las instituciones financieras un 3% de comisión para que coloquen las deuda entre sus clientes, no sabemos si en una “fiducia cum amico” o “cum creditore”, pero que elevan el interés a pagar por los contribuyentes catalanes al 7,5%, en un verdadero ejemplo práctico de la “economía” especulativa que ha arruinado a nuestra nación. Recordemos que a la fecha de la citada emisión, el bono español se vendía al 1,3%. Y he aquí por tanto, las consecuencias de tener de hecho,  un Estado confederal no reconocido de iure, pero si en la bizantina prosa del Tribunal Constitucional. Un Estado, que cuando el orden internacional avanza inexorablemente a una nueva regulación planetaria, algún autor ha llegado a afirmar que el derecho internacional será sustituido por un derecho constitucional mundial redactado a partir de las declaraciones de la ONU,  se debilita en las funciones en las que tenía que fortalecerse, invadiendo de forma totalmente agresiva la vida intima de las personas y sus creencias, esfera que no es de competencia estatal. Un Estado que necesita un nuevo andamiaje jurídico, elaborado por personas honradas y con competencia moral e intelectual, que proteja y defienda los verdaderos derechos de los españoles en la nueva realidad internacional, que las múltiples aldeas confederadas del territorio hispánico, son incapaces de solucionar aunque eleven el interés al 1000%, previa confiscación de todos nuestros bienes y derechos.