La Sala Primera de Apelaciones ha ratificado este lunes la decisión adoptada el pasado 20 de mayo por la CC, según la cual las irregularidades que han salpicado el proceso judicial obligan a retrotraer todas las actuaciones judiciales al 19 de abril, lo que supone la anulación de la sentencia.

   Así, la Sala Primera de Apelaciones ha ordenado al Tribunal de Mayor Riesgo que asuma el caso en las próximas 24 horas y dé trámite a la recusación presentada por la defensa de los ex militares contra Jazmín Barrios y Pablo Xitumul -dos de sus tres magistrados- por supuesta parcialidad.

   La Sala Primera de Apelaciones quedó constituida el pasado viernes con Frank Martínez como presidente, Ramón Francisco González Pineda como magistrado segundo y Juan José Rodad Martínez como magistrado tercero. La Corte Suprema de Justicia tuvo que consultar a hasta 59 suplentes, después de que los titulares se inhibieran.

   A pesar del fallo de la Sala Primera de Apelaciones, los tres magistrados del Tribunal de Mayor Riesgo -Barrios, Xitumul y Patricia Bustamante- han rehusado asumir de nuevo el proceso judicial, argumentando que ya dictaron sentencia al respecto.

   En consecuencia, los tres magistrados han decidido reenviar el expediente a la Sala Primera de Apelaciones para que designe a un nuevo tribunal con el fin de que asuma de una vez por todas el caso contra el ex dictador guatemalteco.

ANULACIÓN DE LA SENTENCIA

   Los cinco magistrados de la CC se reunieron el pasado 20 de mayo, con varios días de retraso, para analizar el recurso de queja, el petitorio y las dos solicitudes presentadas por la defensa para destituir al Tribunal de Mayor Riesgo por el caso Ríos Montt.

   Tras diez horas de deliberación, decidieron por tres votos a favor y dos en contra admitir los recursos por las irregularidades que han salpicado el proceso judicial, dejando sin efecto todas las actuaciones judiciales desde el pasado 19 de abril, lo que supone la anulación de la sentencia dictada por el Tribunal de Mayor Riesgo.

   Los dos votos en contra de la decisión corresponden al magistrado Mauro Rodrigo Chacón, que representa a la Universidad San Carlos, y a la magistrada Gloria Porras, que representa al Gobierno, aunque fue nombrada por el Ejecutivo de Álvaro Colom (2008-2012).

   Los dos magistrados han considerado que la CC se ha extralimitado porque no le corresponde anular las actuaciones judiciales por irregularidades, ya que para ello ya hay un recurso en vía ordinaria, y han advertido de que el fallo es "ambiguo", por lo que "deja desprotegidas a las víctimas".

LA CONDENA

   El pasado 10 de mayo, el Tribunal de Mayor Riesgo condenó a Ríos Montt a 80 años de prisión inconmutables por la muerte de 1.771 ixiles a manos del Ejército entre 1982 y 1983, el periodo más sangriento de la guerra civil guatemalteca (1960-1996).

   La presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo, Jazmín Barrios, declaró a Ríos Montt culpable de los cargos de genocidio, por el que le impuso 50 años de cárcel, y de crímenes contra la Humanidad, con una condena de 30 años de prisión.

   Barrios argumentó que resulta "inexplicable" que Ríos Montt permitiera la masacre indígena, concluyendo que su objetivo era "la desaparición física del área ixil" a través de "planes elaborados", no de "acciones espontáneas", como alegaba la defensa.  

   No obstante, el Tribunal de Mayor Riesgo decidió absolver de ambos cargos al ex jefe de Inteligencia Militar José Maurcio Rodríguez Sánchez al considerar que "no tuvo injerencia en el campo de operaciones".

PROCESO JUDICIAL

   El juicio contra Ríos Montt arrancó el pasado 19 de marzo, pero un mes después fue anulado como consecuencia de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de revocar la recusación contra la jueza instructora Carol Flores, lo que obligó a retrotraer hasta ese momento todas las actuaciones procesales.

   Flores fue apartada del caso el 23 de noviembre de 2011 después de que la Sala Primera de Apelaciones admitiera la recusación presentada por la defensa del ex militar Héctor Mario López Fuentes, alegando que era parcial, pero el Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh) presentó un amparo.

   El titular del Juzgado Primero B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, quedó a cargo de la instrucción del caso y, tras concluir con la misma, ordenó la apertura del juicio oral en el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, presidido por Barrios.

   Finalmente, el juicio se reanudó el pasado 30 de abril, después de que la CC se pronunciara en contra de la anulación y ordenara enviar de nuevo el expediente a Barrios para que siguiera con el proceso judicial.

DOS ERRES

   Ríos Montt también responde por la matanza de Dos Erres, perpetrada el 7 de diciembre de 1982, en la que 201 personas, la mayoría mujeres y niños, murieron a manos de un grupo de 17 kaibiles -miembros de las fuerzas de élite- y 40 soldados.

   Hasta ahora, cinco de los uniformados que participaron en la matanza de Dos Erres han sido condenados a 6.060 años de prisión cada uno, aunque se trata de una pena simbólica porque la legislación guatemalteca no permite pasar más de 50 años en la cárcel.

   Una Comisión de la Verdad, respaldada por Naciones Unidas, ha concluido que Ríos Montt cometió una media de 800 asesinatos mensuales en los 17 meses que gobernó Guatemala entre 1982 y 1983, el periodo más sangriento de la guerra civil (1960-1996).