La vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Margarita Robles se ha mostrado crítica con la Ley de Tasas Judiciales del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y se ha preguntado qué ciudadano puede pagar hoy en día en España 1.200 euros por interponer un recurso de casación.  

  En declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press, Margarita Robles ha denunciado que con esta norma los ciudadanos, entre otras cosas, "no van a poder llegar a la apelación porque van a tener que pagar 800 euros o a la casación porque van a tener que pagar 1.200 euros". "¿Qué ciudadano hoy en este país, razonablemente, puede pagar 800 o 1.200 euros?", se ha preguntado.

    Según Margarita Robles, "lo que se está haciendo desde el Ministerio de Justicia en este momento es, de alguna manera, limitar los derechos de los ciudadanos para acceder a la Administración de Justicia, mediante esa Ley de Tasas". Sin embargo, Robles reconoce que algunos colectivos de jueces sí habían pedido revisar el tema de las tasas, sobre todo, en la jurisdicción civil, pero "como una medida disuasoria absolutamente simbólica".  

  "El problema no es tanto las tasas, que puede admitirse que se establezcan, como la cuantía" que, desde el punto de vista de Robles, es "absolutamente desproporcionada". Así, ha denunciado que las tasas se han impuesto en "todas las jurisdicciones".

   Dicho esto, ha afirmado que "es verdad que en ocasiones puede haber personas que litiguen en exceso", pero ha precisado que se trata de una "minoría" y que "a la gente, en general, no le gusta ir a los órganos jurisdiccionales". "En caso de que hubiera una temeridad manifiesta, que evidentemente puede haberla, para eso está la condena en costas que hace esa valoración de si alguien ha recurrido temerariamente. Las tasas son previas y lo que hacen es limitar el acceso de los ciudadanos a la justicia", ha argumentado.  

 "SUSTITUCIONES FORZOSAS" DE JUECES  

  Para Robles, "por si fuera poco" la Ley de Tasas Judiciales, el día 28 de diciembre fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Ley Orgánica de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia "que lo que ha hecho es obligar a los jueces a hacer sustituciones forzosas".

"Imagínese un cirujano que se le dijera: Ahora has acabado de tus operaciones y tienes que hacer las de tu compañero. Realmente no es aceptable", ha aseverado.  

  La vocal del CGPJ también ha criticado que cuando al "Ministerio de Justicia no le gustan esas resoluciones que dictan los jueces y tribunales, después de todas esas pegas que pone, pues al final acaba indultando como en los casos que hemos visto, tanto el tema de los Mossos d Esquadra como algún asunto de relevancia política".

 CÓDIGO PENAL   

Sobre el informe que ella misma ha elaborado y que duda de la constitucionalidad de las medidas más novedosas que introduce la reforma del nuevo Código Penal, como es la prisión permanente revisable y la custodia de seguridad, Robles ha explicado que se trata de "medidas que suponen un retroceso muy importante" y que "limitan derechos fundamentales de los ciudadanos".  

  "El informe es exclusivamente jurídico, como no podía ser de otra manera. Se ha hecho un informe muy serio, desde el punto de vista del Derecho Comparado y desde el punto de vista de nuestra Constitución y, desde esa perspectiva, tenemos serias dudas de constitucionalidad en relación con la prisión permanente revisable y en relación con la custodia de seguridad", ha insistido.

   En este sentido, Robles ha recordado que "el artículo 25 de la Constitución exige que todo lo relativo a las penas y a las medidas de seguridad se rija por un principio de legalidad, es decir, que una persona sepa cuando le condenan cuál va a ser el tiempo de duración de la pena".   

 En cuanto a la custodia de seguridad, ha advertido de que con esta norma "alguien se puede encontrar en una situación en la que, después de haber cumplido una pena, tiene que continuar a modo de pena también con el pretexto de que es imprescindible por razón de peligrosidad la imposición de una medida de seguridad".  

  "Creo que son medidas absolutamente contrarias al espíritu de la Constitución y que, desgraciadamente, van un poco en la línea de lo que se está haciendo desde el Ministerio de Justicia en estos momentos", ha concluido.