"Esto pone de manifiesto la extraordinaria capacidad de la seguridad social para gestionar prestaciones", ha celebrado este jueves el ministro durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el Senado.

Para el ministro, la nueva renta es una herramienta "fundamental" para "romper un círculo vicioso que hay en España entre la desigualdad, la incertidumbre y la falta de oportunidades".

En sus palabras, el riesgo sobre los más vulnerables "aumenta" en una situación de crisis, por lo que el Ejecutivo ha modificado sus prioridades y volcado "todas las energías y esfuerzos" en la puesta en marcha del ingreso mínimo vital. "La crisis nos ha abierto a todos los ojos", ha precisado.

Asimismo, Escrivá ha insistido en que el modelo de esta nueva renta está "extraordinariamente focalizado" desde el punto de vista de los hogares. "Tenemos un modelo de gobernanza moderno, propio de lo que tenemos que aspirar a ser, un estado cuasi federal", ha dicho.

En este sentido, ha destacado que en el modelo del ingreso mínimo vital tienen que participar los distintos niveles de gobierno "porque las competencias son compartidas", por lo que ha apostado por impulsar "distintas políticas que arropen a la prestación". Así, ha añadido que la nueva prestación se trata de "un conjunto de políticas públicas en torno a una prestación".

UNA PRESTACIÓN QUE LLEGUE A LOS QUE DEBEN

RECIBIRLA

El ministro ha subrayado que el ingreso mínimo vital tendrá éxito si se erradica la pobreza extrema "mediante una prestación que llegue a las personas que deben recibirla y que no se desvíen recursos". "Tendremos éxito si esas personas dejan de recibirla en algún momento", ha comentado.

El Ministerio estima que esta nueva medida beneficiará a 850.000 hogares españoles y a 2,3 millones de personas. De este modo, la renta garantizada media anual será de 10.070 euros; el ingreso mínimo vital medio anual de 4.400; y el gasto público estimado para esta iniciativa se sitúa en torno a los 3.000 millones de euros, según ha indicado Escrivá, quien ha recordado que en los quince días precios a abrir las solicitudes se realizaron más de 4 millones de simulaciones.

Todas las peticiones que se realicen durante los primeros tres meses tendrán reconocimiento de sus derechos económicos desde el 1 de julio. "Hemos hecho un reconocimiento de oficio de unos 76.000 hogares, a los que se pagará una nómina en julio por un total de 32 millones de euros", ha afirmado el ministro.

En este punto, Escrivá ha apostado por trabajar con las comunidades autónomas "en el engarce" entre este ingreso y el suyo. "En el diálogo que tuvimos con las comunidades autónomas, llegamos a la conclusión de que lo deseable era que se pudiera desplegar un mínimo nacional, independientemente de donde viva cualquier potencial beneficiario", ha dicho.

En la misma línea, ha resaltado que están trabajando con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), así como con los ayuntamientos, para que, en una segunda etapa, las peticiones del ingreso mínimo vital "puedan ser tramitadas en los ayuntamientos".

Paralelamente, Escrivá ha apostado por trabajar con el sector privado, para lo que han creado el Sello Social para aquellas empresas que ofrezcan formación y empleo a beneficiarios del ingreso mínimo vital.

Igualmente, ha resaltado la creación de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión para un "seguimiento exhaustivo" del funcionamiento y despliegue del ingreso mínimo vital, ya que, en sus palabras, "España ha sido criticada por los organismos internacionales por ser un país que evalúa poco sus políticas públicas".

Respecto a la gestión de la renta por parte de las comunidades autónomas, ha explicado que en el caso del País Vasco y Navarra la singularidad foral "hace más eficaz que los contrastes de renta y patrimonio se hagan allí".

"Las demás comunidades no tienen esa singularidad y por tanto esos contrastes de renta y patrimonio los haremos nosotros y después veremos cuáles son los ámbitos de colaboración que podemos tener", ha manifestado Escrivá.

Precisamente, ha hecho hincapié a que hay que "poner el énfasis" entre todos en las estrategias de integración laboral. "He podido constatar que ahí hay un ámbito de colaboración muy grande", ha dicho.

LA "DISPARIDAD" EN LA GESTIÓN DE LAS CCAA

AUMENTA LA DESIGUALDAD

A su juicio, las comunidades autónomas han estado desplegando sus competencias con las rentas mínimas "de una forma extraordinariamente dispar", lo que ha supuesto "que algo que debe estar orientado a reducir la desigualdad la haya aumentado".

"Se ha generado disparidad amplia, porque algo que está orientado a reducir desigualdades las amplifica", ha criticado el responsable de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

No obstante, ha reconocido que, de cara a complementar la gestión del ingreso mínimo vital, haber llegado antes a un acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) "podría haber facilitado el proceso"; y ha afirmado que los ayuntamientos "tienen toda la soberanía de decidir qué hacer con sus prioridades de gasto".

Sobre el ingreso mínimo vital, el socialista Alfonso Muñoz ha insistido en que es una medida "totalmente necesario" porque los datos sobre la inclusión en España "son verdaderamente esclarecedores y muy alarmantes". "Nos han alarmado esos datos y las colas de Aluche y no las caceroladas del Barrio de Salamanca", ha sentenciado.

En representación del Grupo Parlamentario Popular, María Mercedes Fernández ha defendido que la renta mínima vital "es una buena idea pero que tiene un mal armazón jurídico y una estructura mejorable", ya que, en su opinión, "se debería haber elaborado con más calma, más pausa y más sosiego".

EL DERECHO DE TODAS LAS CCAA A GESTIONAR LA

NUEVA RENTA

"Usted no es quién para otorgar a nadie el título de si gestiona bien o gestiona mal. Otras comunidades tienen derecho legítimo a gestionar el ingreso mínimo vital", ha recriminado la popular en referencia a la gestión de la nueva renta por parte de las comunidades autónomas.

Por su parte, Esquerra Republicana- EH Bildu y el Grupo Parlamentario Vasco han celebrado la aprobación del ingreso mínimo vital. "Estamos satisfechos con los acuerdos para la gestión en Navarra y el País Vasco", ha señalado la diputada vasca Nerea Ahedo.

Durante su intervención, la diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos Carlota Santiago Camacho ha destacado que, a pesar de que nace con "una cobertura amplia", "no es suficiente". "Es un buen comienzo pero no suficiente porque deja fuera a personas en situación de vulnerabilidad", ha lamentado.

El diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Josep María Cervera ha pedido que se dote a los ayuntamientos de los recursos necesarios para que puedan participar en el ingreso mínimo vital y ha solicitado que la gestión de la prestación sea transferida a la Generalitat catalana.

Por último, el diputado de Vox Jacobo González-Robatto Perote ha subrayado que su formación busca que sea una medida temporal que "ayude a encontrar trabajo" y ha criticado que se trata de "una medida de propaganda propia de regímenes comunistas". "Las ayudas deben ser temporales y condicionadas a una búsqueda de empleo", ha concluido.