Así se ha referido Méndez, en una entrevista en Cadena Ser recogida por Europa Press, a las informaciones publicadas en prensa por presuntos delitos de fraude, malversación de fondos públicos y falsedad documental que afectan al sindicato. UGT-A, ha dicho, debe contemplar el escenario de depurar responsabilidades" en el caso de que "se confirmen desde el punto de vista administrativo" las informaciones "de carácter periodístico".

   Méndez ha querido recalcar que la organización sindical "está muy descentralizada, de manera que "cada organización tiene sus presupuestos, su autonomía de gestión y tiene también acotadas sus responsabilidades tanto materiales como políticas.  

  Por eso, cree que "la UGT Andalucía, que tiene un Comité regional y que ha celebrado un Congreso, "debe analizar en profundidad si hay responsabilidades a depurar y de qué manera hay que depurar esas responsabilidades". Para el dirigente sindical, asumir responsabilidades no es dar "un paso atrás", sino un "paso adelante".

   Así, ha avisado de que cuando dijo que se había planteado dimitir si era una carga para el sindicato -"una manifestación de sinceridad", ha dicho- esas palabras sirven para él "y para todos los dirigentes de UGT, porque cada uno tiene su responsabilidad, directa y política, y si llega el caso hay que ejercerla".  

  Y además, ha pedido que se aclaren las presuntas irregularidades "hasta el final", de manera que si esa asunción de responsabilidad se traduce en "un relevo", el siguiente equipo tenga "el horizonte absolutamente claro". Eso, ha puntualizado, sería "asumir responsabilidades".

   "ME PREOCUPA LO QUE PIENSEN LOS AFILIADOS"  

  Con todo, Méndez ha aseverado que se siente "muy mal a nivel personal" pero "más allá de sus sentimientos personales", ha subrayado que le preocupa más lo que piensen los afiliados, y es en este contexto en el que ha aludido a sus palabras sobre la posibilidad de dimitir.  

  Dicho esto, ha dejado claro que "no se debe confundir dimitir con desertar" y ha remarcado que en este "momento difícil" para UGT está dispuesto a "defender la honorabilidad de la organización contra viento y marea"-  

  Además, Méndez cree que "hay una intencionalidad clarísima de intentar tapar el caso Bárcenas con un supuesto caso UGT". "Eso es meridianamente claro y no estoy dispuesto a consentir esa situación", ha avisado.  

  En esta línea, ha hecho hincapié en que caso de UGT "no es equiparable" al "caso Bárcenas" ya que este último cuenta con un "procedimiento judicial abierto" y con imputaciones, mientras que en UGT "no hay ningún tipo de imputación". "Y espero que no la haya", ha apuntado.  

  LOS CURSOS DE FORMACIÓN ESTÁN SUJETOS A CONTROLES  

  Por otro lado, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha negado que los cursos de formación de los sindicatos sean utilizados para "disfrazar" la financiación irregular de dichas organizaciones. "Los cursos de formación no pasan del 8 por ciento y son la partida de dinero público que está más sujeto a controles públicos".

   Preguntado por si renunciaría a ofrecer ese tipo de cursos, Toxo ha asegurado que sí ya que considera que "el coste de beneficio en términos de reputación (no de rentabilidad económica) en relación a la campaña que se ha desatado", tiene "un saldo negativo" para el sindicato. Toxo ha explicado también que no tiene "ninguna" importancia para el presupuesto de la organización.   

 A este respecto, Méndez ha criticado que se esté intentando "poner el foco" en "el comportamiento de las organizaciones sindicales" respecto a la formación "cuando es un porcentaje muy minoritario de los recursos y está fuertemente controlado".

    Debido a eso, el líder de UGT también ha manifestado que "se debe abordar un cambio" en la gestión, aclarando que es a la Fundación Tripartita a la que le "corresponde adjudicar las ayudas, supervisarlas, hacer los controles" y "establecer de manera pormenorizada el coste que se puede imputar a cada uno de los cursos".  

  Para Toxo, también es necesario el cambio "radical" en el modelo de formación para el empleo para así "evitar confusión" entre los recursos destinados a "parados" o a "la recualificación de trabajadores en activo".

Esta tarea, ha dicho, "le corresponde al Gobierno" aunque a su juicio, implica a su vez una "participación activa" de las escuelas de formación.