Sabado, 18 de mayo de 2024

Por "disfrazar" un coche

Multa de 9.000 euros para Matas por la contratación ficticia de su mujer

 Una cantidad que, subraya, "era realmente una donación al señor Matas" en atención a su cargo "y no la retribución de un trabajo realizado por su esposa".

   Se trata, por tanto, de la segunda condena a la que se enfrenta el que fuera ministro de Medio Ambiente bajo la presidencia de José María Aznar, sobre quien ya pesan nueve meses de cárcel por el primer juicio en el que se sentó en el banquillo dentro del caso Palma Arena. Precisamente, la Audiencia debe decidir en breve si suspende su ingreso en prisión mientras se tramita el indulto que ha solicitado ante el Gobierno para evitar su encarcelamiento.  

  En su sentencia, el magistrado acoge las conclusiones alcanzadas por el tribunal del jurado que juzgó a Matas por estos hechos e impone la pena exacta que solicitaba la Fiscalía Anticorrupción, al considerar acreditado que los pagos de 3.000 euros mensuales que durante todo 2007 se le abonaron a Maite Areal "no era más que una prebenda o donación" por su condición de presidente del Ejecutivo autonómico. De hecho, asevera que de no haber ostentado este cargo no habría resultado agasajado con dádiva alguna.

   La resolución apunta a la comisión de idéntico delito -cohecho pasivo impropio- por el que en su día se sentó en el banquillo el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, acusado, en su caso, de recibir en virtud de su cargo regalos en forma de trajes procedentes de la trama Gürtel. Cohecho pasivo por solicitar y obtener el regalo para sí en consideración a su condición, e impropio por recibir la dádiva sin que, aparentemente, el empresario exigiese por ello contraprestación alguna por parte de la Administración.  

  A lo largo de sus 24 páginas, la sentencia, dictada por el mismo magistrado que el pasado mes de mayo emitió el único voto particular favorable a la imputación de la Infanta Cristina en el marco del caso Nóos, subraya cómo Matas solicitó y obtuvo los 42.111 euros con la "instrumentalización de un contrato de trabajo del donante" -el administrador del hotel Valparaíso, Miquel Ramis- "con su esposa". "Ello fue una mera apariencia destinada a dar cobertura legal al hecho punible", recalca.   

 Tal y como abunda la resolución, si bien la simulación del contrato obligó a ingresar el dinero en la cuenta bancaria de Areal "por motivos obvios", no se puede obviar que el solicitante de la prebenda fue Matas, que el hotelero a quien pidió las cantidades "se sintió comprometido y presionado por ser Matas presidente del Govern y otorgarle dicho cargo ascendencia y capacidad de influencia, y que el dinero entregado no era más que una dádiva" realizada en favor del entonces máximo mandatario balear, "no a su mujer".  

  "La señora Areal no interviene en nada. Ni pacta, ni contrata, ni trabaja ni devenga salario alguno. Sólo recibió en su cuenta el pago acordado entre los dos señores", precisa Jiménez en alusión al exlíder del PP balear y al hotelero Miquel Ramis. "Nadie regaló un año de salario a la señora Areal. Ninguna empresa asume el coste de un año de un trabajador improductivo por amistad", añade el magistrado pulverizando los argumentos esgrimidos por la defensa de Matas, quien alegaba que pidió a Ramis trabajo para su mujer porque eran "amigos" y no por ser presidente de la Comunidad.  

  De hecho, el presidente del jurado popular afirma que "sólo se puede entender" que alguien acceda a esta petición "si el solicitante y beneficiario de los pagos es el presidente del Govern balear". Tanto es así que, incide, "la acción consistió en solicitar y obtener un regalo de un empresario de la isla que accedió a ello por sentirse comprometido y presionado" por la máxima autoridad del gabinete autonómico.  

  INTENTO DE OCULTAR LA DONACIÓN DEL HOTELERO   

 De ahí que, señala, "la redacción y firma de un contrato de trabajo, el alta en la seguridad social y la entrega de hojas de salarios mensuales no son otra cosa que el intento de ocultar la donación dándole una cobertura legal. No obstante no existió relación laboral alguna, y así lo percibió y expresó el jurado" cuando declaró culpable a Matas, en su veredicto, de haber exigido la contratación ficticia para encubrir el cohecho en atención a su cargo.  

  En esta línea, remarca que "no se trata sólo de que [Areal] no apareciera por el centro de trabajo, sino que no recibió orden ni directriz alguna que pusiera de manifiesto el poder de dirección de la empresa, que la vinculase a ella directa o indirectamente, que la situase dentro del ámbito de dirección y organización del empleador". "Existió una pura y simple donación del empresario hotelero al señor Matas disfrazada de salario por el trabajo de su esposa", subraya tajante la sentencia.

    En contra de todo ello, Matas manifestó que, "sinceramente, nunca se me había pasado por la cabeza que, después de tanto tiempo, tendría que acudir a un juicio por esto". Sobre todo, apuntó en el turno a la última palabra al término del juicio, "por pedir a un buen amigo de más de quince años un puesto de trabajo para mi mujer, un amigo que nunca me ha pedido nada y que es evidente que no necesita nada de la Administración".

    Según alegó durante la vista oral, pidió al hotelero que contratase a su mujer "como haría cualquier padre de familia: ir a un amigo y pedirle trabajo". El acusado llegó a asegurar, para justificar este modo de proceder, que tenía "una gran confianza" con el hotelero ya que "cada año celebrábamos matanzas juntos, mi mujer iba con él en barco y hemos pasado Nocheviejas juntos".  

  EL CASO PALMA ARENA, DIVIDIDO EN 27 PIEZAS SEPARADAS  

  Se da la circunstancia de que Matas está siendo investigado en numerosos flecos del caso Palma Arena que, dividido en un total de 27 piezas, indaga a nivel global un presunto desvío de más de cincuenta millones de euros durante la construcción del velódromo palmesano (2005-2007) y su posible conexión con el tren de vida llevado por Matas como presidente de la Comunidad balear.  

  Asimismo, la causa centra sus pesquisas en la financiación supuestamente ilegal del PP balear; la presunta malversación de fondos de Baleares y Comunidad Valenciana a través de las actividades del Instituto Nóos, y la contratación del arquitecto Santiago Calatrava por parte del Govern para la elaboración del anteproyecto de la Ópera de Palma, cuya construcción finalmente no se llevó a cabo.


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