Por fin, después de 30 años, por primera vez empieza a cuestionarse la España autonómica. Por primera vez, desde todo el espectro político, empieza a dudarse del proceso autonómico. El argumento, básicamente se reduce al hecho de la inviabilidad económica del Estado Autonómico. Y es cierto, efectivamente el modelo territorial actual de España no es viable en términos meramente económicos o de eficiencia. Son múltiples las duplicidades y triplicidades (e incluso tetracidades) del sistema.  

 Pero precisamente ese es el problema, basar toda crítica en la ineficiencia económica del sistema, como si todo pudiera ser reducido a una mera cuestión pecuniaria, como si el problema de España, del Estado Autonómico, fuera tan sólo un problema de dinero.

   Y es cierto, la España autonómica no es viable económicamente hablando, no es viable en la actual situación de recesión. Eso está claro, pero al margen de eso ¿tiene algún sentido? ¿Qué es eso de la España Autonómica? ¿Tiene consistencia histórica? ¿Es compatible con una democracia liberal?

  No podemos quedarnos en lo económico, sino que debemos profundizar en la reflexión, pues si la crítica es sólo económica, entonces no es más que un problema coyuntural, no consustancial al propio sistema autonómico y sólo será problema mientras dure la crisis, por lo que nada impide que, una vez superada la actual recesión y regresen las vacas gordas, se pueda reconstruir el monstruo autonómico y volvamos –hasta la siguiente crisis económica- a las andadas del despilfarro cantonal.

  Es por ello que la crítica al modelo autonómico ha de hacerse desde planteamientos más profundos, desde enfoques más conceptuales que prácticos.  

 Por un lado cabe plantearse si el modelo autonómico tiene alguna base histórica, si las actuales Comunidades Autónomas, como estructuras políticas de poder con capacidad legislativa, tienen un sustento real y obedecen a un mandato popular y a la tradición española. A este respecto, no cabe duda que, salvo un par de excepciones (entre las que no se encuentra la Comunidad Autónoma Vasca, estructura artificial y reciente, anuladora de las históricas Diputaciones Forales), el actual mapa autonómico es un sudoku de reciente elaboración, con autonomías creadas exnovo, al margen de cualquier arraigo histórico, constituidas por provincias de contornos cambiantes. Sólo voy a poner un par de ejemplos que ayudarán a desmitificar las sacrosantas Comunidades Autónomas: los albaceteños, quienes se consideran castellano manchegos hasta la médula ¿saben que no hace tantos años eran murcianos? o ¿saben los habitantes de Utiel-Requena que hace poquito que son valencianos, pues hasta no hace tanto eran conquenses? Curioso es también el caso de los santanderinos -gobernados ahora por un partido regionalista- quienes un día se acostaron castellanos y despertaron cántabros a la mañana siguiente. Estos ejemplos sirven para mostrar la artificialidad del Estado Autonómico y podríamos hablar mucho de la su incongruencia histórica, de su naturaleza de laboratorio caprichoso, artificial, antihistórico, pero eso, por mucho que aporte luz sobre la cuestión y ayude a desmitificarlo, no soluciona el problema. No es esa la cuestión principal que quiero abordar en este artículo.  

La cuestión que quiero plantear en este artículo es si el actual modelo territorial español es compatible con el funcionamiento de una democracia liberal, una democracia de ciudadanos libres e iguales ante la ley o, si por el contrario, no es más que una actualización de estructuras pretéritas, más propias del Antiguo Régimen. Porque realmente esa es la cuestión. Una democracia moderna, liberal, ha de basarse en ciudadanos, donde el sujeto de derechos y obligaciones sea la persona, el individuo, no los territorios, en donde la participación sea de los ciudadanos, no de estructuras territoriales interpuestas. Una nación que se precie de serlo, es aquella en la que el sujeto pasivo, el contribuyente, el que paga los impuestos y crea la riqueza del país es el ciudadano, no las regiones. En una nación que se precie de serlo, no existen las balanzas fiscales interterritoriales, ni ciudadanos de primera, de segunda y de tercera. Una auténtica nación cuenta con un mercado único y una sola fuente de soberanía. Una nación que se precie de serlo no puede basarse en cuotas territoriales de reparto de poder, ni en reyezuelos intermedios con su cohorte de ministrines. Una nación que se precie de serlo, elige a los mejores con independencia de su procedencia. En definitiva, una nación, una nación verdadera (en el sentido anteriormente expuesto de ciudadanos libres e iguales ante la ley) ¿es compatible con el actual Estado Autonómico Español? Yo tengo serias dudas y ¿usted?  

 Esa es la cuestión de fondo. Es cierto que la crisis económica por fin a hecho despertar a infinitud de españoles de lo absurdo del Estado de las Autonomías y que debemos aprovechar la coyuntura para pegarle un meneo al tinglado autonómico, pero creo que la crítica al modelo ha de hacerse desde planteamientos de más calado que el meramente económico.