Lunes, 23 de octubre de 2017

españa

No habrá primavera árabe en Cataluña

Los que advierten sobre el peligro de que las CUP "conviertan la plaza de Cataluña en una plaza Tahrir" olvidan que, cuando se trata de jugarse el tipo, no es lo mismo salir de los bidonvilles de uralita de El Cairo que de un dúplex del paseo de Gracia; y no es lo mismo padecer una cleptocracia que mantiene al país en la miseria y en la que cuando suena el timbre no siempre es el lechero, que vivir en una sociedad próspera que garantiza los derechos de todos (salvo los de los hispanohablantes de Cataluña). Si uno va a asumir riesgos físicos, más vale que su indignación tenga cierta consistencia. Si la rabia es producto de la ebriedad ideológica y la autosugestión histriónica, es probable que se desvanezca a la primera carga policial, igual que a uno se le pasa ipso facto la cogorza si le sacan una navaja al salir del garito.

La demografía es el destino: las revoluciones las hacen los mozos (que no Mossos) de menos de treinta años. Egipto, además de pobre y despótico, rebosaba testosterona adolescente. Cataluña, además de rica y mimada, está tan envejecida como el resto de España. Hay muchas cabezas plateadas en las concentraciones patrióticas. Las "tietas" de la edad de la Forcadell "explica Cristián Campos" son la viga maestra del separatismo, pero las barricadas están contraindicadas para la artritis.

Así que no, no nos exponemos a una escabechina a lo bosnio. El Gobierno no debería tener tanto miedo de la firmeza. El choque de trenes era esto: unos miles de niñatos gritones y una movida de profes de instituto que se quedaron vital e intelectualmente en "L``Estaca". Los aguerridos escamots reculan cuando les tocan el bolsillo: véase el baile de destituciones para ahorrarse las multas, o la desconvocatoria de manifestaciones por los fieros ANC y Omnium Cultural. Las turbas de piojosos que escupen a la policía se desbandarían si se le permitiera defenderse con medios antidisturbios.

Se nos pronosticó otro apocalipsis cuando se ilegalizó a Batasuna, pero lo único que pasó fue que dejaron de arder autobuses y cajeros. Si el Gobierno aplicase el artículo 155 y destituyese por fin a Puigdemont, Junqueras y Forcadell, la respuesta no sería más virulenta que lo que ya estamos viendo. Cuando se tienen ochenta y tantos años de expectativa de vida y una renta per cápita superior a 40.000 dólares, nadie está dispuesto a morir por la patria. Además, parte de los separatistas lo son con la boca pequeña, y su verdadera apuesta es tensar la cuerda hasta el máximo para después pasar el cepillo: "algo nos caerá".

Y el Gobierno está ansioso por complacerles. Las declaraciones de De Guindos y Catalá apuntan a lo peor. Rajoy está esperando que amainen los "dimes y diretes" para, como ha dicho el gran García-Máiquez, "darles un cupo fiscal (un cupo a las cup, ups), una reforma constitucional, una comisión multinacional, un diálogo bilateral, otro acomodo (aún más cómodo), alguna transferencia competencial que pueda quedar en el fondo de los bolsillos, los aeropuertos, dos huevos duros y un aquí no ha pasado nada".

Por supuesto, mejorar la financiación de Cataluña (a costa de exprimir hasta reventar al sufrido Madrid, o de dejar de financiar a las regiones más pobres) o blindar en la Constitución la inmersión lingüística sólo servirá para "además de desamparar aún más a los catalanes no nacionalistas- aplazar unos años el final: la independencia ya imparable en el próximo asalto, cuando el rodillo escolar-mediático-propagandístico haya lavado el cerebro de una generación más.

Si España quiere sobrevivir, es preciso un viraje histórico de la centrifugación a la reunificación. O se desmonta el mecanismo de adoctrinamiento antinacional (educación, medios de comunicación autonómicos y red de asociaciones separatistas regadas por el dinero público), o caeremos en la desintegración, y no limitada a Cataluña y País Vasco, pues en Baleares, Valencia o Navarra también progresa el virus particularista. Se podría hacer todo ordenadamente, de la ley a la ley. El Aula Política del CEU, por ejemplo, tiene propuestos desde hace años dos itinerarios de reforma constitucional que permitirían la recuperación de competencias por el Estado. E incluso sin necesidad de tocar la carta magna se podría recuperar control sobre asuntos importantes, pues las costuras del orden constitucional han sido forzadas hasta el máximo para permitir una interpretación cada vez más favorable a las autonomías y debilitadora del poder central.

Nuestra tragedia es que la posibilidad de un reforzamiento del Estado y la nación sea anatema para todos los partidos con representación parlamentaria, que dan por supuesto que la reforma constitucional operará, una vez más, en un sentido centrífugo.

La solución no vendrá de una clase política interesada en el mantenimiento del chiringuito autonómico (su pesebre de cargos) y acomplejada por el estúpido prejuicio que asocia el fortalecimiento de España con el franquismo. Sólo puede venir de la gente. Jiménez Losantos evocaba hace unos días el precedente del 2 de mayo de 1808, cuando el pueblo salvó a la nación saltando por encima de unas élites traidoras. Pese a la demonización desde la Transición de cualquier idea recentralizadora, un 27% de españoles desearían la reducción del poder de las autonomías o su completo desmantelamiento, según el CIS.

La humillación de los policías enviados a la boca del lobo con las manos atadas a la espalda está levantando mucha indignación. Y la escenificación constante del odio a España está despertando un resorte patriótico que parecía dormido en muchos. Brotan banderas nacionales en los balcones y se agolpan multitudes para jalear a los guardias civiles que parten hacia Cataluña. En muchos ayuntamientos pequeños se promueven mociones por la unidad de España "miserablemente frenadas por el Gobierno" y Podemos prueba por primera vez (en Zaragoza) una versión edulcorada de su propia medicina.

Hay una efervescencia. Es una oportunidad. Necesita una canalización política. En el desierto vivaquea Vox. (Por cierto, es el partido gracias a cuya denuncia -junto a la de Miguel Durán- se han producido las únicas detenciones de altos cargos sediciosos hasta la fecha).


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