Se cumplen los 110 años de la publicación por Joaquín Costa de “Oligarquía y caciquismo”. Es el referente básico del movimiento regeneracionista. El libro denunciaba, como sabrá cualquier ex estudiante de Preu/COU, bastante más exigente que el actual 2º de bachillerato, un sistema electoral artificial que no tenía en cuenta la opinión del pueblo: El autor denuncia que las clases conservadoras y gobernantes corrompieran el sistema falsificando el sufragio, abusando de su posición y de cualquier medio que tuvieran a su alcance para colocar en el poder a la persona asignada previamente. Parece que la última indicación de Alfonso XII era “Cristina, guarda el coño, y de Cánovas a Sagasta, y de Sagasta a Cánovas.  

Para lograr la corrupción del sufragio había varios factores que integraban la trama y que tenían una estrecha relación entre ellos. En primer lugar estaban los oligarcas que formaban una plana mayor y residían, por lo general, en la capital del país. Después estaban los caciques que, aunque con distintos grados de autoridad, se encontraban diseminados por todo el territorio nacional para contribuir a que se ejecutara la voluntad de los oligarcas. La prensa, o estaba controlada, o estaba comprada mediante el famoso “fondo de reptiles”, que era, en pago subrepticio, lo que hoy es la publicidad oficial.

El León de Graus también denunciaba el que oligarcas y caciques formaran una clase directora y gobernante distribuida en dos únicos partidos legales (conservadores y progresistas ya que los demás o eran ilegales, o, en cualquier caso, no tenían nada que hacer).

Cabe resaltar, a modo de anunciada conclusión, que a largo plazo el sistema De gobernación de Cánovas fracasa porque no se podía sostener indefinidamente un sistema de trampas. Al final se rompe en la tesitura que Donoso Cortés define como “o la navaja o el sable”. En el año 1923 Primo de Rivera dio un golpe de estado poniendo así fin a la Restauración.

 Pasemos a nuestro siglo. El Boletín Oficial del Estado (BOE) de 29 de enero publica la "Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General".

La normativa ya estaba destinada a entregar todo el poder a unos partidos políticos previamente inexistentes, haciendo prácticamente imposible la concurrencia de candidaturas independientes, incluso en las elecciones municipales. El mandato imperativo quedó constitucionalmente vetado, a los electores, no a los partidos con respecto a sus autómatas de escaño. Después de haber desfigurado aún más la supuesta representación, añadiendo a las listas cerradas y bloqueadas la paridad obligatoria entre sexos. Después de todo ello, la nueva ley establece que

"Para presentar candidaturas, las agrupaciones de electores necesitarán, al menos, la firma del 1 % de los inscritos en el censo electoral de la circunscripción.

 Los partidos, federaciones o coaliciones que no hubieran obtenido representación en ninguna de las Cámaras en la anterior convocatoria de elecciones necesitarán la firma, al menos, del 0,1 % de los electores inscritos en el censo electoral de la circunscripción por la que pretendan su elección. Ningún elector podrá prestar su firma a más de una candidatura".

Una vez impuestos el PP y el PSOE como partidos mayoritarios, con unas parcelas a medida de los nacionalistas, se pretende que los electores no puedan en la práctica cambiar su voto, o ejercerlo por primera vez en beneficio de candidatos no sometidos al (de hecho) partido único oficial de doble denominación. Para ello, además, y en cumplimiento de sus pactos locales en ciertas comunidades autónomas, se procede a violar el artículo 16 de la Constitución, pues "la firma, al menos, del 0,1 % de los electores inscritos en el censo electoral de la circunscripción por la que pretendan su elección" significa que la preferencia de voto de los firmantes será conocida, con todos sus datos, por el Estado y por todas las candidaturas. Esto, de suyo grave, se convierte en riesgo extraordinario en las Provincias Vascongadas o en Navarra, donde los datos de los firmantes serán conocidos inmediatamente por ETA y su entorno; en Cataluña y, en general, en todas partes, donde una simple firma de apoyo supondrá entrar en la lista negra de quienes detentan el poder, con las consecuencias económicas, laborales, etcétera que puedan especularse.

 En concreto. En una región o provincia en la que sumen los electores, pongamos, un millón, harán falta 1.000 firmas para que el “Partido Iluso” pueda aparecer en el palenque, por inofensivo y testimonial que sea. El mismo número de firmas que necesitaría una candidatura independiente en un ayuntamiento de 100.000 electores. Si lo primero es un listón problemático, por lo comprometido para los avalistas, lo segundo pasa a ser prohibitivo para un grupo de ciudadanos que podría tener más fácil obtener un voto, secreto, de cada 20, que una firma, pública, de cada 100 posibles.

 En un pasado artículo en este mismo medio, denunciaba un reciente ejemplo en el que la “ley de hierro de las oligarquías”, en formulación de Robert Michels, se impuso a la opinión mayoritaria de los seguidores de un partido. Se trata del veto por parte de los detentadores de la sartén en SU partido a una asamblea o congreso que seguro hubiese elegido a Francisco Álvarez-Cascos como candidato a presidente del Principado, designando, a dedo por parte de un “comité electoral”, a una candidata que por la razón que fuese preferían.

Sin entrar en los méritos o culpas que Cascos hubiese podido reunir, es obvio que tenía todo el derecho a dejar su partido y promover una nueva opción, de la que se espera haga bandera de una bocanada de aire fresco, que, sin desafiar las bases últimas del régimen, ni amenazar nada más que algunas poltronas y anquilosamientos, postule un regeneracionismo contra la patrimonialidad partitocrática del bipartidismo imperfecto. El “perfecto” era el sueño de Fraga, pero no lo hay ni en Gran Bretaña.

Esta interesante lucha tendría una versión externa; la labor pública del nuevo partido Foro Asturias Ciudadano a partir de sus resultados, y una interna; predicando con el ejemplo de un verdadero funcionamiento democrático. Que además no podrá amenazar de modo alguno su rumbo inicial, dado el indiscutible peso de su figura fundadora, que ha de determinar programa y equipo.

Pues bien, leo los estatutos del FAC, en el artículo 10,  se establece las infracciones muy graves, e incluye varias cosas que indican el espíritu reincidente en la vieja política de quien redactó esos artículos.

"f) Crear o inducir a la creación de corrientes de opinión organizadas en el seno del FORO, así como participar en ellas". Lo que, además de innecesario en un partido en el que es obvio que ha de salir adelante cuanto proponga su fortísimo liderazgo,  puede implicar que esté prohibida la discrepancia organizada del pensamiento “oficial”. Naturalmente que se podría discrepar de alguna resolución a título individual, pero en la práctica aunque lo haga puntualmente la mayoría de un colectivo, la fórmula asegura la hegemonía de quienes manejen de partida y desde los órganos toda situación.

Otro de los puntos, no es demasiado original, lo mismo vale para un partido, que para un ejército u otra institución jerárquica.

 "c) Desobedecer instrucciones o directrices emanantes de los órganos de gobierno y representación, así como de los grupos institucionales". Con esto lo que se logra es que quien consiga el poder inicial se hace con el poder cuasieterno, pues no se puede discrepar sin quedarse fuera. 

 En el artículo 25 establece que quien elabora las listas electorales son las comisiones directivas. Recuerden lo del“comité electoral”=soviet supremo. ¡Qué gesto hubiese supuesto algún modo de votación abierto entre los afiliados de cada sección y municipio!. Seguro que hubiesen salido más o menos los mismos, pues quienes se postulan, tienen experiencia, compromiso e interés, los que se conocen más por que tienen una misma procedencia se han de imponer naturalmente.

 Valga la anécdota de un naciente partido para señalar el peligro relacionado con los populares refranes de “en casa del herrero...”, y “dime de qué presumes…” El nonato partido está a tiempo para hacer gesto en uno u otro sentido en su congreso de constitución el 5 de marzo. Pero el problema general del sistema político español no parece tener visos de solución, toda vez que no interesa a los que tienen el poder, pero si otros accedieran, tampoco les interesaría. Y esa gran farsa puede acabar con la profecía de Donoso.