Tienen la fuerza, pero no la autoridad. Hoy, cientos de miles de españoles en Madrid y millones en toda España exigen Justicia.  Ha sido un clamor desde el corazón y la razón de los ciudadanos, de forma pacifica, ordenada y educada, sin una papelera rota, un contador incendiado o un verdugo tapando la cara de los manifestantes,  todo lo contrario, hoy, bajo el cielo azul madrileño resonó en las voces de los concentrados, la dignidad del pueblo español, ese pueblo al que los poderes del Estado han humillado en las personas a las que ha asesinado por su amor a nuestra nación, por su amor a España.

       No ha sido una concentración para desatar las pasiones de un pueblo que sufre, como sufre el pueblo español, ni se trataba de una rebeldía de los impacientes en busca de los apetitos del mando, no, era la última protesta de un pueblo, que ha aguantado estoicamente el latrocinio de las arcas públicas, el paro y en muchos casos la pobreza, pero que no está dispuesto a consentir que le arrebaten el honor y la justicia.

       Los manifestantes de hoy en Madrid, como los millones de españoles que desde todos los rincones de la patria de una manera u otra se han sumado, acatan el poder constituido pero no aceptan una legislación que va contra el mínimo criterio de justicia, y por supuesto contra los que apartándose del poder legitimo recibido de los españoles, aplican y ejecutan la legislación de la forma más grave para el débil, convirtiendo el entramado de los poderes del Estado en una opereta siniestra.

       El mensaje de hoy es claro, la mayoría parlamentaria y la oposición deben de tomar nota, y entre otras cosas deben de recordar que los españoles no admitimos un nuevo tribunal de orden público, al que sustituyó una Audiencia Nacional, que niega el derecho constitucional al “juez ordinario”, ni admitiremos la infracción de los principios de legalidad y de dignidad de la persona, en los que descansa la autoridad recibida por los poderes del Estado.

       La ley y su aplicación no pueden ir contra la justicia  y en un estado constitucional de derecho, no puede fundamentarse en la arbitrariedad de los poderes del Estado como prohíbe el artículo 9.3 de la CE. No han sido los ciudadanos los que se han saltado las reglas, penando con su dolor años y años por las escaleras de los tribunales, han sido los poderes del estado los que las han roto, y al romperlas, niegan la justicia misma.

       No pueden convertir la justicia, a la que cada día se le ponen más trabas para que acudan a la misma los españoles, en un expediente burocrático tedioso, de larguísima tramitación, incierto y aleatorio en su resultado, dependiendo el mismo del contexto y de la realidad social previamente amañada por los medios sociales al servicio de la liquidación de España.

       No, la ley y su aplicación tienen que estar al servicio de toda la nación, de los derechos de la dignidad del hombre, sobre todo de los más débiles, de los no nacidos, de las niñas asesinadas y de las víctimas del terrorismo.

       Nuestros políticos, nuestra administración, nuestro parlamento y nuestros tribunales en su actuación como poderes públicos  pueden actuar de manera anómala, la llamada desviación de poder, pues el principio de legalidad se infringe cuando la actuación pública se desvía del servicio al bien común, y se descubre la antimonia  que existe entre la legalidad y el Derecho, y nuestro Derecho y nuestra justicia tienen que actuar en un orden superior al de la simple legalidad, es decir en la esfera de la ética, por lo que la moral y el Derecho aparecen en íntima conexión. En este orden el principio de legalidad se quiebra cuando se vulnera la buena fe incluso la procesal, siendo la buena fe  la “conducta ética significada por los valores de la honradez, lealtad, justo reparto de la propia responsabilidad y atenimiento a las consecuencias que todo acto consciente y libre puede provocar en el ámbito de la confianza ajena“, y tenemos que recordar que todos los actos de los procedimientos políticos y judiciales pertenecen a la esfera de la ética, por lo que la moral y el derecho relucen en íntima conexión, por que en definitiva ese es el derecho de la persona, siempre portadora de valores eternos y transcendentes y en su proyección jurídica eso es el Estado de Derecho, cuya quiebra es cada día más evidente a los ojos de los ciudadanos españoles.

       Hoy, la autoridad en un Estado de Derecho se fundamenta en un origen diferente de las formas caducas y trasnochadas de una “democracia” partitocrática, tan fría y vacía como el corazón  del tribunal para el que la constitucionalidad o no del aborto, no es un tema urgente. Nuestro estado constitucional de derecho exige una democracia participativa y real,  fundamentada en la derechos inalienables de la dignidad del hombre, y esos derechos son fruto en el ámbito civil de la razón, de la recta ordenación de la misma, hoy la autoridad no puede sentenciar con fundamento en su legitimación de origen sino con la lógica de la razón, no es suficiente mandar, hay que gobernar desde el poder político y la administración de justicia con la razón, con la ley aplicada en armonía con la moral y la ética.

       Esa es la legitimidad de gobiernos, parlamentos y tribunales, y esa autoridad la tienen que ganar como el pan, día a día con sus actos. Hoy, el problema no es una reforma constitucional, ni tan siquiera legislativa, sencillamente necesitamos otros políticos y otra justicia.