Benigno Pendás, director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales que ha dirigido el seminario de expertos que ha analizado la viabilidad jurídica de la iniciativa del Gobierno para que "los exiliados" por ETA voten en Euskadi, ha asegurado que ha quedado "demostrada" la viabilidad del proyecto porque es "constitucionalmente impecable". Además, ha señalado que el Gobierno pretende "reparar una injusticia histórica" y no modificar el resultado electoral.

   En una entrevista concedida al diario El Mundo, recogida por Europa Press, Pendás ha asegurado que el centro no ha actuado "al dictado" del Ejecutivo al avalar el proyecto y no ha habido "ninguna presión para influir en la voluntad de los expertos". "La comisión ha sido ajena al Gobierno hasta el punto de que el ministro vio el informe cinco minutos antes de la rueda de prensa", ha afirmado.  

  A su juicio, el Ejecutivo "quería tener la certeza de la constitucionalidad de la medida y eso ha quedado demostrado". En este sentido, ha señalado que el centro ha considerado que la iniciativa "es constitucionalmente impecable", por lo que cree que "será más fácil el consenso entre los grandes partidos".

   En este sentido, ha precisado que lamentaría que el PSOE no respaldara la iniciativa porque un apoyo de los dos grandes partidos le daría "una mayor fuerza ética". No obstante, ha destacado que el PP "tiene legitimidad total porque tiene mayoría absoluta".  

  Según ha precisado, si el Gobierno presentase el proyecto de Ley en septiembre, se podría aprobar para diciembre, pero ha apuntado que "es casi imposible" que la norma sea efectiva para las próximas elecciones autonómicas vascas porque "hacer un reglamento llevará un par de meses más". Asimismo, ha recordado que a ello "habría que añadirle los seis meses del plazo para inscribirse en el censo".

POSIBLE RECURSO

   Además, ha asegurado que la comisión de expertos "ha armado de una forma impecable jurídicamente" el informe, de manera que no le parece que pueda ser "fácil" que prospere un posible recurso ante el Tribunal Constitucional.  

  En esta línea, ha aseverado que han estudiado "a fondo la jurisprudencia del Constitucional, la del Tribunal Europeo que le da a los Estados un amplio margen de discrecionalidad para sus elecciones" y se han "respetado las competencias de Euskadi y Navarra".

   Benigno Pendás ha subrayado que han descartado la elaboración de "un censo de exiliados" para evitar que "nadie se sintiese marcado por pertenecer a él".  

  Además, ha rechazado cualquier pretensión de "pucherazo electoral" por parte del Ejecutivo porque "su intención no es modificar el resultado electoral ni cambiar ningún censo", sino de "reparar una injusticia histórica en la medida que ETA no sólo actuaba como un proyecto terrorista, sino como un proyecto totalitario de exclusión a quienes no compartían sus fines".   

 "No soy experto en sociología electoral, aunque si los resultados cambian como consecuencia de la medida, será justo y democrático", ha manifestado.

   En cuanto a que la comisión apostara mayoritariamente por facilitar el voto de "los exiliados", ha indicado que "a estas personas también les afectó el acoso terrorista". "Los hijos de los exiliados no han podido estrechar sus sentimientos de pertenencia a una comunidad a la que, probablemente, se sientan muy vinculados", ha concluido.