El Pleno del Congreso debatirá el próximo martes la toma en consideración de la proposición de ley de Unidos Podemos para legalizar la eutanasia y garantizar su práctica en todo el territorio nacional a aquellas personas que la soliciten. El texto también recoge una modificación en el Código Penal para que los profesionales que presten este servicio no sean penalizados.

La norma registrada por la formación de izquierdas y recogida por Europa Press determina que podrán solicitar este servicio los mayores de 18 años o menores emancipados que padezcan una enfermedad terminal "sin esperanza" o dolores físicos y psíquicos "intolerables" para el paciente, incluyendo los menores de edad emancipados legalmente.

La formación morada propone que sean los médicos o psicólogos los que realicen un informe del paciente para aprobar o denegar su solicitud. Una demanda que deberá hacerse por escrito, en un documento firmado por el paciente en presencia del médico responsable, repitiéndose de manera general en, al menos, dos ocasiones con una separación de 15 días.

Si el médico responsable considera que la muerte de la persona o la pérdida de su capacidad para prestar consentimiento informado son inminentes, se aceptará un periodo menor a las dos semanas. Además, la ley plantea que la persona demandante de eutanasia podrá revocar su solicitud en cualquier momento.

Tanto el documento de petición como de la posible revocación serán adjuntados a la historia clínica del paciente. Sin embargo, la causa de la muerte, a todos los efectos, será por 'causas naturales'. Podrán pedirlo no solo los mayores de edad, sino también los menores de 16 y 17 años emancipados legalmente, -bien porque sus padres les han cedido la patria potestad o por orden de un juez-, y a los que el Código Civil les habilita en todo momento a "regir su persona y bienes como si fuera mayor".

MÉDICOS PENALIZADOS

Desde el partido recuerdan que, con la actual normativa, se penaliza a los médicos que tengan cualquier relación en el proceso de una muerte asistida; por ello, en esta ley se exige que los profesionales tengan la obligación de garantizar el acceso universal a la eutanasia.

En este sentido, apuntan que, todo profesional tiene derecho de objetar, pero desde los servicios sanitarios públicos se debe garantizar el derecho del paciente a poder solicitar este servicio si la evaluación es positiva. Por ello, en el caso de que un enfermo esté a cargo de un médico objetor, éste deberá ofrecer los servicios de otro equipo médico que no lo sea.

Del mismo modo, desde Unidos Podemos consideran "fundamental" que se modifique el Código Penal para que la participación de los sanitarios en este servicio no sea punible y que estas medidas se trasladen a las comunidades autónomas, ya que son las que tienen competencias en materia sanitaria. De hecho, existen autonomías que ya han desarrollado leyes específicas sobre esta materia.

EN OTROS PAÍSES

Sin embargo, el grupo parlamentario cree que es necesario "dar un paso más" y por ello quiere llevar a nivel estatal la eutanasia, como se ha hecho en diferentes países de Europa como Bélgica o los Países Bajos, así como en varios estados de Estados Unidos o Canadá, entre otros.

Así, la ley emplaza a la creación de dos comisiones, una autonómica y otra estatal. La primera será un órgano consultivo y de asesoramiento para las consejerías y deberá realizar un informe anual para llevar un control sobre el cumplimiento de la norma en la autonomías. En la segunda, se recogerán los documentos anuales de todas las regiones y servirá para el estudio de lo que está ocurriendo en esta materia a nivel del país.