El eurodiputado del PP Estéban Gonzalez Pons ha enviado una carta al resto de diputados de la Eurocámara en la que les adelanta que la próxima semana les aportará "pruebas", que ahora tiene el Ejecutivo español, que demuestran el apoyo de redes rusas al movimiento secesionista catalán.

En la misiva les advierte de que el "campo de batalla geopolítico" en el que se está poniendo en peligro la estabilidad política y el futuro de la Unión Europea está actualmente en Cataluña, al mismo tiempo que les ha pedido que no den crédito a la "propaganda nacional-populista" del independentismo.

"Déjenme ser claro, el campo de batalla geopolítico donde se está poniendo en riesgo la estabilidad y el futuro de la Unión Europea está ahora en España y más específicamente en Cataluña", ha escrito el eurodiputado del PP en la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press.

En esta línea, González Pons ha señalado que la próxima semana presentará a los eurodiputados "pruebas", ahora en manos del Ejecutivo español, que demuestran el apoyo de redes rusas al movimiento secesionista catalán.

El eurodiputado del PP explica también al resto de diputados de la Eurocámara que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, "ha rechazado responder de forma clara" al requerimiento de Mariano Rajoy, que le pedía "una respuesta simple a una pregunta simple", al mismo tiempo que señala que se trata de "una compilación de hechos alternativos diseñados intencionadamente para el consumo de los medios de prensa internacionales".

PUIGDEMONT, DECIDIDO A PROVOCAR UNA ESCALADA

DE TENSIONES

"Esta carta es el mejor ejemplo de que el señor Puigdemont está decidido a provocar una escalada de tensiones y a mantener un estado de incertidumbre legal que pueda conducir a la independencia de Cataluña a cualquier precio, incluso si eso supone la ruptura de la integridad territorial de España y el comienzo de una crisis para la eurozona", alerta Pons en su carta.

Así, el eurodiputado del PP apunta en el texto que Rajoy ha mandado una nueva carta a Puigdemont en la que "aclara la posición del Gobierno de España y de las instituciones europeas" y "hace una última oferta para reducir la tensión política y empezar a curar la fractura social en Cataluña".

Posteriormente, González Pons resume algunos de los puntos de la misiva del jefe del Ejecutivo español y especifica que la aclaración de si el Gobierno catalán ha declarado o no la independencia de Cataluña es "absolutamente necesaria", así como que la fecha límite para hacerlo expira este jueves a las 10.00 horas.

Pons también indica que este requerimiento fue enviado a la Generalitat como "paso previo" a la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, que "no significa la suspensión del autogobierno sino la restauración del orden legal en Cataluña".

En este sentido, señala que la restauración del orden legal "es un paso previo antes de cualquier diálogo democrático" y enfatiza que Rajoy "no hablará sobre los supuestos resultados de un referéndum que nunca ha sido ni válido ni legal".

También subraya que Puigdemont "carece de credibilidad" cuando pide diálogo en nombre de la sociedad catalana "pero al mismo tiempo rechaza escuchar a la mitad de esa sociedad y a sus representantes elegidos democráticamente".

Por último, González Pons enfatiza el mensaje mediante el cual el presidente del Gobierno responsabiliza a Puigdemont de la aplicación de la Constitución si "rechaza la última oportunidad par restaurar la normalidad legal".

El embajador español en EEUU subraya que

"la inestabilidad en España puede afectar a

todo el mundo"

El embajador de España en Estados Unidos, Pedro Morenés, ha advertido este lunes de que la incertidumbre que plantea el desafío secesionista en Cataluña no es buena para nadie, y ha avisado de que "la inestabilidad en España puede afectar a todo el mundo".

Para apoyar su argumento, Morenés se ha remitido a la situación de España durante la crisis financiera, afirmando que si el entonces presidente de EEUU, Barack Obama, tuvo "una larga conversación" con José Luis Rodríguez Zapatero --en mayo de 2010-- sobre la situación española fue porque "los problemas financieros de España podían afectar a todo el sistema financiero del mundo occidental.

Morenés se ha expresado así durante una entrevista en el Instituto Hudson de Washington. De acuerdo con esta tesis, ha destacado que el Gobierno español no necesitó "presionar" al presidente de EEUU, Donald Trump, ni a su Administración, para que apoyase la unidad de España.

Y, del mismo modo, ha defendido que la canciller alemana, Angela Merkel, o el presidente francés, Emmanuel Macron, no apoyan la unidad de España solo "por simpatía", sino porque entienden lo que significaría que movimientos antidemocráticos y contrarios a la ley consiguiesen sus objetivos.

"Los únicos dos países que han apoyado claramente la situación en Cataluña han sido la Venezuela de Nicolás Maduro y (la Corea del Norte de) Kim Jong Un", ha aseverado el que fuera ministro de Defensa en el primer Gobierno de Mariano Rajoy.

Morenés también ha rebatido la tesis de que hubiera "violencia" la jornada del 1 de octubre, porque "violencia es el uso ilegítimo e injustificado de la fuerza", mientras que "el uso legítimo de la fuerza para que se cumpla la ley es una prerrogativa de todos los Gobiernos". Ningún gobierno quiere usar la fuerza, ha dicho, pero es el último recurso para hacer cumplir la ley y por eso todos los Estados democráticos tienen cuerpos policiales.

Así, aunque ha admitido que el mundo actual es "un mundo de imágenes", ha avisado de que "las imágenes no siempre reflejan la realidad y pueden usarse no para reflejar la realidad sino posiciones políticas".

Además, ha pedido que no se acepte la "pantomima" de referéndum del 1 de octubre como un instrumento para medir la voluntad de los catalanes, porque no fue una votación hecha con garantías democráticas.

EL 155 SERÁ UNA ACCIÓN GRADUAL

Preguntado por la aplicación del artículo 155 de la Constitución si el Gobierno catalán no dice claramente que no ha declarado la independencia, Morenés ha puntualizado que este artículo no supone "suspender la autonomía", sino que Cataluña seguirá teniendo "su Parlamento y su sistema autonómico".

De lo que se trata, ha dicho, es de que la comunidad autónoma actúe conforme a la ley. De hecho, ha afirmado que "será una acción gradual", aunque después ha añadido que él espera, "junto con mucha otra gente de buena voluntad, que no llegue ese momento". Así, ha reiterado al Gobierno catalán que dentro de la ley es posible hablar de todo, incluso de lo que consideren como "agravios".