Con estas medidas, el Gobierno pretende suplir los 1.300 millones que dejarán de ingresar las arcas públicas después de que el Tribunal Constitucional portugués (TC) invalidara la semana pasada la supresión de las pagas extra a los pensionistas y los funcionarios, así como el recorte de las ayudas a los parados y las personas dependientes.  

  En una rueda de prensa, Passos Coelho ha anticipado que aumentará los impuestos "por el lado del gasto" y que los "esfuerzos adicionales" los llevarán a cabo los ministerios después de que el TC le tumbara los Presupuestos Generales al Gobierno conservador.  

  No obstante, Passos Coelho ha asegurado que el Gobierno tendrá que recortar en Sanidad, Educación, Seguridad Social y en las partidas destinadas a las empresas públicas el próximo año. "En estas áreas, vamos a procurar aplicar medidas que den sostenibilidad al gasto del Estado", ha anunciado el primer ministro luso.  

  Este nuevo paquete de recortes deberá ser refrendado por el Consejo de Ministros la próxima semana, en vistas a la visita de la "troika" -la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional-, que ya está al tanto de algunas de estas medidas. Passos Coelho ha desvelado también que los ministerios tendrán prohibido nuevos gastos, más allá de los que sean "cuantificados" en el Consejo de Ministros, según ha recogido el diario luso "Público".

 "REDISEÑO" DE LOS RECORTES

   En este sentido, el ministro de Finanzas portugués, Vítor Gaspar, ha declarado desde Dublín, donde asiste a la cumbre del Eurogrupo, que el Gobierno abordará un "rediseño" de los recortes aplicados a subsidios por desempleo y a las personas dependientes a fin de "minimizar" el impacto del fallo del TC en los Presupuestos Generales.

    "La composición de las medidas sustitutivas irán encaminadas en un rediseño de unas medidas que el TC consideró que no respetaban los requisitos constitucionales e implicarán el pago de contribuciones sociales por parte de los beneficiarios del subsidio de desempleo y del de enfermedad", ha aclarado Gaspar.

   La máxima instancia judicial en Portugal invalidó el "impuesto extraordinario de solidaridad" impuesto por el Gobierno del cinco por ciento sobre el subsidio por enfermedad y del seis por ciento al destinado a los desempleados.

Asimismo, aludió a los mismos argumentos con los que declaró ilegal la supresión de las pagas extraordinarias de jubilados y funcionarios a los que recurrió en 2012.

   Sin estas medidas, según constató la semana pasada el Ministerio de Finanzas, el déficit público de Portugal escalará hasta el 6,3 por ciento, frente al 5 por ciento acordado para este año. Precisamente, el Eurogrupo ha concedido este viernes a Portugal una prórroga de siete años para el pago del rescate, a condición de que el Gobierno luso acuerde con la "troika" los recortes alternativos para cubrir la brecha de 1.300 millones provocada por el fallo del TC.