La proposición de ley que tramita el Congreso prevé crear una Autoridad Independiente de Integridad Pública dotada de personalidad jurídica propia y que actúe con plena independencia orgánica y funcional respecto de las Administraciones Públicas.

En las enmiendas parciales registradas por los grupos, a las que ha tenido acceso Europa Press, el PSOE y Unidos Podemos mantienen el carácter independiente de este organismo , pero el PP quiere que esté vinculada al Gobierno. En concreto, en vez de crear una 'autoridad independiente' apuesta por una 'Oficina Independiente de Integridad Pública', con rango de dirección general, y adscrita al Ministerio de Hacienda y Función Pública.

En este sentido, en lugar de que su máximo responsable sea un presidente, como recoge la ley de Ciudadanos, quiere lo sea un director nombrado por el Consejo de Ministros a propuesta de Hacienda. La persona elegida deberá ser "aceptada" por la comisión competente del Congreso, que, tras su comparecencia, deberá avalarla bien por mayoría absoluta o, si no hay un acuerdo en quince días, bastará una mayoría simple.

MANDATO DE SEIS AÑOS NO RENOVABLE

El PP es partidario de que no pueda ocupar ese cargo de director quien en los diez años anteriores hubiera desempeñado un mandato representativo, un alto cargo o asimilado, uno de elección o designación política en las administraciones públicas o funciones directivas en partidos políticos u organizaciones sindicales. Sí coincide con PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos en que tenga un mandato de seis años y no lo pueda renovar.

Ciudadanos también ha enmendado su proposición para que el presidente de esta autoridad independiente, en lugar de por tres quintos del Congreso (210 votos) como preveía la redacción original, sea elegido por una mayoría reforzada de dos tercios (233 votos), mientras que el PSOE y Unidos Podemos mantienen la proporción prevista en la proposición.

El partido naranja defiende que los candidatos los propongan los grupos parlamentarios y comparezcan en comisión para evaluar su idoneidad. Sin embargo, el PSOE quiere que los aspirantes salgan de una convocatoria pública y que su idoneidad la evalúe un comité asesor, aunque también comparezcan en comisión antes de que sus nombres se eleven al Pleno para ser votados.

EL PSOE PARTIDARIO DE NOMBRAR POLÍTICOS

Ciudadanos es partidario de que los candidatos sean personas de reconocido prestigio y más de diez años de experiencia profesional en materias análogas a las que tratará en el cargo al que optan, pero que no puedan aspirar quienes en la década anterior hayan desempeñado un mandato representativo, un alto cargo de elección o designación política o haya estado en directivas de partidos o sindicatos.

Sin embargo, el PSOE juzga "excesiva" estas limitaciones destinadas a despolitizar este cargo de nueva creación y apuesta por suprimirlas, de forma que los requisitos para ser presidente sean los mismos que se exigen para ser nombrado alto cargo de la Administración General del Estado.

Por su parte, Unidos Podemos aboga por que no sólo los grupos parlamentarios sino también organizaciones sociales que trabajen en la lucha contra la corrupción y el fraude puedan proponer candidatos a presidente.

PODEMOS, MÁS INCOMPATIBILIDADES

Además, los morados sugieren restringir aún más las condiciones para este nombramiento porque, a las incompatibilidades que ya fija la proposición de ley, añade otras para que no puedan ser elegidos jueces o fiscales en activos, quien esté en un consejo de administración, sea directivo o asesor de asociaciones, fundaciones u otras entidades sin ánimo de lucro o se halle en el ejercicio de cualquier actividad profesional, mercantil o laboral.

Asimismo, el grupo confederal quiere que los denunciantes se denominen 'alertadores' y, en consecuencia, propone que la autoridad independiente lo sea de "Protección al Alertados de Corrupción y de Formalización de denuncias" y que se relacione con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia.

La proposición de ley contempla también que ese nuevo órgano independientes asuma las funciones de la actual Oficina de Conflicto de Intereses que controla las incompatibilidades de los altos cargos, que ha sido criticada por entidades de Transparencia por estar adscrita al Ministerio de Hacienda y cuya labor investigadora fue puesta en cuestión por el Tribunal de Cuentas en un reciente informe.

Sin embargo, el PP se opone a esta modificación y prefiere seguir manteniendo la actual oficina de Hacienda. El PSOE y Unidos Podemos, en cambio, aceptan su supresión.