La única diferencia entre las conclusiones del Ministerio Público y la acusación del PP-A se encuentra en la petición de condena para el ex director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), antes Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), Jacinto Cañete y la ex secretaria general técnica de Empleo Lourdes Medina.

Mientras la Fiscalía ha rebajado para ambos de ocho a seis años de prisión y 30 años de inhabilitación como presuntos autores de un delito de malversación y prevaricación, el PP-A ha mantenido la petición en los ocho años de cárcel y los 30 de inhabilitación.

Con respecto a los otros acusados, el PP-A se ha adherido a conclusiones expuestas por los fiscales anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández. En concreto, solicita una pena de diez años de inhabilitación para el expresidente de la Junta Manuel Chaves, el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez, el exviceconsejero y exconsejero de Hacienda José Salgueiro, el ex director general de Presupuestos Antonio Lozano y el exjefe del Gabinete Jurídico de la Junta Francisco del Río.

Pide seis años de prisión y 30 de inhabilitación para el expresidente José Antonio Griñán, para la exviceconsejera y exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo y el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación.

La Fiscalía, además, acusa de delitos continuados de malversación y prevaricación, pidiendo para ellos ocho años de cárcel y 30 años de inhabilitación, a los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, los ex secretarios generales técnico de Empleo Juan Francisco Sánchez, Lourdes Medina y Javier Aguado, y a los ex directores generales de IFA/IDEA, Miguel Ángel Serrano Aguilar y Jacinto Cañete.

La acusación del PP-A, durante la lectura de las modificaciones incluidas en su escrito de conclusiones que eleva a definitivo, se ha centrado en los "hechos punibles" atribuibles a los responsables de la Consejería de Hacienda en la elaboración y aprobación de los Planes de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF) de IFA/IDEA durante el periodo investigado, pues "se recogían las transferencias de financiación, a sabiendas que eran para pagar las subvenciones --defienden que la finalidad de éstas es para cubrir pérdidas de las empresas públicas--, así como gastos ficticios" en los presupuestos de IFA/IDEA.

Igualmente, el abogado de la acusación ha señalado que "son imputables" a la Consejería de Hacienda y a sus responsables el control de la presupuestación de las empresas públicas y el control de la ejecución en las mismas, entre ellas IFA/IDEA, así como "imputables" los actos y la omisión de sus responsabilidades recogidas en la Ley General de Hacienda Pública.

De otro lado, la acusación del PP-A ha reiterado la "falsificación" existente en la presupuestación de esta empresa pública. Por todo ello, considera "reprochable penalmente" a los responsables de Hacienda la ausencia de control de los convenios particulares firmados por la Consejería de Empleo y el IFA/IDEA para la concesión de las ayudas investigadas en virtud del convenio marco de 2001 por el que la empresa pública pagaría las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo con cargo al programa presupuestario 31L, cuyos fondos allegaría la Dirección General a IFA/IDEA mediante transferencias de financiación, herramienta que, para las acusaciones, permitió eludir el control previo de las subvenciones dadas.

El PP-A, además, ha solicitado que los acusados sean condenados al pago de las costas y ha anunciado que se reserva la posibilidad de llevar a cabo acciones por si la actuación de la Junta de Andalucía, tras retirar la petición de responsabilidad civil contra los enjuiciados, no cuenta con la autorización de la Consejería de Hacienda.

"POR PRUDENCIA" RETIRA LA ACUSACIÓN DE MALVERSACIÓN Y POR ELLO LA PENA DE CÁRCEL

De otro lado, la acusación de Manos Limpias, que ejerce el abogado Rafael Prieto, ha señalado que se adhieren a la modificación de las conclusiones provisionales realizada por el Ministerio Público en la medida en que no conlleva un mayor gravamen para los acusados.

Además de excluir a Antonio Estepa, Manos Limpias, tras la prueba practicada en el plenario, retira la acusación frente al ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez en su integridad.

A este respecto, ha expuesto que "sus errores deben valorarse a la luz del derecho administrativo sobre responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas; que las testificales de sus homólogos han evidenciado que en idéntico escenario habrían actuado exactamente igual que él; y, sobre todo, porque la naturaleza penal de sus errores "queda aún más en entredicho cuando los interventores delegados en Empleo, con actuación análoga a la suya, así constatado por los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), no han sido siquiera investigados".

De otro lado, ha explicado que, a resultas de los autos desestimatorios de sus apelaciones contra los archivos de la causa de otros ex altos cargos de la Junta, dictados todos ellos por la Sección Séptima de esta Audiencia de Sevilla, a Manos Limpias "le queda meridianamente claro que no basta la mera afirmación de una intuición o sospecha", exigiéndose "indicios sólidos" y aunque "pueda tener la íntima convicción de que tanto Manuel Chaves como Francisco del Río, por su prestancia y por sus cargos, pudieron ser en no pocas veces consultados e informados de los hechos objeto de autos, lo cierto es que no pasa de ser una sospecha en la que, a la vista del anterior varapalo jurídico, no quisiéramos reincidir".

Por ello, la acusación retira la acusación frente a Chaves y Del Río en su integridad.

Finalmente y, "existiendo para esta acusación dudas jurisprudenciales y doctrinales sobre la concurrencia de los tipos de malversación en su modalidad de sustracción y en su modalidad de alteración de fines, y en proscripción de la lesión gratuita a los acusados tras las dudas que nos siembra la jurisprudencia posterior a la fecha de nuestro escrito de conclusiones provisionales", retira "por prudencia y por los argumentos detallados que se darán por vía de informe, la acusación por malversación frente a todos los acusados", entre ellos Griñán, Martínez Aguayo, Antonio Fernández, Francisco Vallejo o Francisco Guerrero. Esto supone eliminar la solicitud de pena de cárcel para los acusados de malversación.

"Todo lo cual no prejuzga cualesquiera otros argumentos o valoraciones que puedan legítimamente sostener el resto de acusaciones, que respetamos aunque no secundemos en el firme compromiso de no provocar un daño gratuito y, por ende, de no sostener una acusación que no veamos con claridad meridiana", ha concluido.