Ambas instituciones pretendían llegar a un pacto en primera lectura para votar el texto en el pleno de la Eurocámara que se celebrará entre el 20 y el 23 de septiembre en Estrasburgo y poder así cumplir el mandato de los jefes de Estado y de Gobierno, que exigieron que el nuevo sistema de supervisión esté en funcionamiento en 2011.  

  En opinión del comisario de Mercado Interior, Michel Barnier, se trata del marco "indispensable" para reforzar la estabilidad financiera y dotar a la UE de "mejores armas" para detectar riesgos futuros.  

  "A partir del 1 de enero de 2011 se pondrá en funcionamiento un sistema integrado de supervisión en la UE para prevenir riesgos sistémicos, fortalecer la solvencia y la seguridad de las instituciones financieras, proteger a las empresas y la ciudadanía y reaccionar ante las crisis", declaró por su parte el eurodiputado socialista y autor de uno de los informes del paquete de supervisión, Antolín Sánchez Presedo.  

  Durante las negociaciones, que arrancaron durante la presidencia española de la UE, el Parlamento ha logrado ya que los Gobiernos refuercen los poderes de las nuevas autoridades europeas de supervisión, cuya misión inicial se limitaba a elaborar normas comunes, supervisar a las agencias de calificación de riegos y mediar de forma vinculante cuando haya discrepancias entre los reguladores nacionales de los países en los que opera una entidad transfronteriza.  

  La novedad del acuerdo, según explicó uno de los ponentes parlamentarios, el eurodiputado popular José Manuel García-Margallo, es que se establece un "protocolo" para determinar cuándo se produce un riesgo sistémico.   

Así, cuando a través de pruebas de estrés armonizadas se detecte que una institución financiera tiene problemas, la autoridad europea es quien toma el mando y decide qué medidas cabe adoptar (venta de activos tóxicos, recapitalización, nacionalización o liquidación ordenada).

DOS FONDOS   

Para evitar que estas intervenciones las pague el contribuyente se establecerán dos fondos: uno de garantía de depósitos y otro de estabilidad, que deberán crearse en toda Europa y estar armonizados para impedir distorsiones en el mercado. Este esquema se revisará a los tres años de su puesta en marcha para comprobar si ha funcionado o si conviene realizar modificaciones.  

  "Si hay que recapitalizar un banco. Si hay que hacer un FROB otra vez esto ya no sale del bolsillo del contribuyente, sino de estos fondos", ilustró García-Margallo. "Esto es el salto hacia la integración europea más importante que hemos dado desde la creación del euro", agregó el eurodiputado.

   Gracias a las presiones de la Eurocámara, los Veintisiete han aceptado que las nuevas autoridades tengan además poderes para prohibir temporalmente operaciones que amenacen la estabilidad financiera, como las ventas a corto.  

  Asimismo, en situaciones de emergencia, podrán dirigir directamente a los bancos decisiones de obligado cumplimiento, aunque sólo cuando haya un incumplimiento de la legislación comunitaria.

RESTRICCIONES TEMPORALES   

También tendrán la facultad de investigar determinadas instituciones, productos o actividades financieras que supongan un riesgo para el mercado. En este sentido, podrán prohibir o restringir temporalmente estas actividades o productos y solicitar a la Comisión legislar para vetarlos definitivamente.  

  Además de las tres autoridades de supervisión, la reforma creará un Consejo Europeo de Riesgos Sistémicos, cuya función será observar y evaluar las posibles amenazas para la estabilidad financiera, emitir alertas de riesgo y recomendaciones de actuación y vigilar su aplicación.  

  Sin embargo, las medidas correctivas que aconseje para evitar una crisis no tendrán carácter vinculante y podrán ser ignoradas por los Estados miembros. El nuevo órgano estará formado por los gobernadores de los bancos centrales de los Veintisiete, así como por representantes de la Comisión y de las tres nuevas autoridades de supervisión.   

Entre los riesgos que examinará el nuevo órgano destacan la solidez de la situación de los bancos, la aparición de burbujas o el buen funcionamiento de las infraestructuras del mercado. Una vez identificado el riesgo, el Consejo dirigirá una recomendación al país o grupo de países afectados.  

  Para mejorar la visibilidad y la credibilidad del Consejo Europeo de Riesgos Sistémicos, el presidente del Banco Central Europeo (BCE) presidirá este órgano durante los primeros cinco años.

   El acuerdo alcanzado hoy tiene que ser ahora aprobado por el Consejo de Ministros del próximo 7 de septiembre y votado en la segunda sesión plenaria del Parlamento Europeo de este mismo mes. De pasar estos dos últimos trámites, comenzarán los trabajos para establecer el nuevo sistema de supervisión en enero de 2011.