El PSOE y Ciudadanos han sumado fuerzas para que el Congreso repruebe tanto al fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, por sus "maniobras" para "obstaculizar e impedir la actuación de los fiscales" frente a determinados casos de corrupción, como al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, por su "respaldo" a esas "inaceptables actuaciones", y para exigir al Gobierno que destituya a ambos.

En una proposición no de ley registrada conjuntamente en el Congreso para su debate en el Pleno, PSOE y Cs plantean que la Cámara Baja inste al Gobierno a apartar a Maza del cargo "por incumplimiento grave y reiterado de sus funciones". Asimismo, exigen la renuncia de Moix y piden al Ejecutivo que inicie los trámites necesarios para hacer efectiva su destitución.

Concretamente, el texto registrado este miércoles se refiere a la 'operación Lezo', en la que fue detenido el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por su actuación presuntamente delictiva en el Canal de Isabel II, a la investigación que afecta al expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez y al 'caso del tres por ciento' en Cataluña.

En opinión de socialistas y 'ciudadanos', el fiscal jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada "ha realizado actuaciones inequívocamente dirigidas a obstaculizar la tarea de los fiscales encargados de determinadas causas judiciales contra la corrupción".

En relación con la 'operación Lezo', indican que Moix ha dado "instrucciones contrarias a la realización de determinados registros", provocando que los fiscales del caso invocaran el mecanismo que prevé el artículo 27 de su Estatuto Orgánico ante órdenes o instrucciones que consideren contrarias a las leyes o improcedentes.

También destacan que el fiscal anticorrupción "intentó impedir que se prorrogaran las escuchas a los investigados" y que se han hecho públicas "determinadas maniobras" para trasladar a otro destino a uno de los fiscales encargados de la causa en la que se desarrolló la operación.

Mientras, el fiscal general del Estado, "en lugar de garantizar el sometimiento del Ministerio Público al principio de legalidad y preservar la posición de los fiscales encargados, ha venido respaldando esas actuaciones" de Moix, dice la proposición no de ley.

CASO DEL 3% E INVESTIGACIÓN AL EXPRESIDENTE

MURCIANO

Sobre la investigación a Pedro Antonio Sánchez en Murcia en relación con la construcción del auditorio de Puerto Lumbreras cuando era alcalde de este municipio, el PSOE y Ciudadanos recuerdan que Maza "impidió que el Ministerio Público le acusara" a pesar de que las fiscales del caso veían motivos para imputarlo.

Por último, censuran la reciente decisión de relevar a los fiscales encargados desde hace años del 'caso del tres por ciento', relativo al cobro de comisiones ilegales por parte de Convergència i Unió en la adjudicación de obras públicas en Cataluña.

PSOE y Ciudadanos consideran "absolutamente inadmisible" que quienes están constitucionalmente encargados de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad realicen este tipo de actuaciones, "poniendo bajo sospecha a la propia institución del Ministerio Público", especialmente en las causas judiciales que se siguen por delitos de corrupción y en las que están implicadas "personas que han ocupado relevantes cargos públicos".

BLANQUEAR LA CORRUPCIÓN DEL PP

En declaraciones en el Congreso, el diputado de Cs y vicepresidente primero de la Cámara, Ignacio Prendes, ha manifestado que, a juzgar por las informaciones conocidas en los últimos días, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado y, especialmente, la Fiscalía Anticorrupción están haciendo una "obstrucción de la labor de combate y de investigación de la corrupción".

En cuanto a Moix, ha dicho que en vez actuar frente a las prácticas corruptas, "parece más interesado en poner trabas y obstáculos al trabajo de sus propios fiscales", a quienes Prendes ha elogiado por su "labor de defensa y protección de las instituciones democráticas, absolutamente necesaria". Además, le ha acusado de intentar "descafeinar" las investigaciones y "blanquear la corrupción del PP".

El diputado de Ciudadanos ha subrayado que en un momento como el actual, no se puede permitir que la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción sufran una "pérdida de credibilidad" como consecuencia de estos hechos.

Fiscalía General apunta que la renovación

del Iañez se aprobó 13 días antes de estallar

'Lezo'

El fiscal General del Estado, José Manuel Maza, renovó hace 20 días -el pasado 6 de abril- la comisión de servicio --plaza de carácter interino-- de Carlos Iañez, uno de los fiscales adscritos a la 'Operación Lezo' por la que se desarticuló la trama presuntamente corrupta liderada por el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

Según una nota emitida hoy por la Fiscalía Anticorrupción, la renovación del fiscal Carlos Iañez se ha producido "a petición del Fiscal Jefe" Anticorrupción, Manuel Moix, y "ha sido aprobada por la Fiscalía General del Estado". Horas más tarde, Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción han puntualizado que Maza aprobó esta renovación de Iañez en dicho departamento el 6 de abril.

La postura oficial de la Fiscalía Anticorrupción se ha conocido después de la aparición de informaciones en varios medios de comunicación que apuntan al posible cese de este fiscal en el caso que instruye el juez Eloy Velasco, ante lo que la Fiscalía Anticorrupción aclara que "no ha cesado a Carlos Iañez, fiscal encargado de la llamada operación Lezo, ni tampoco le ha apartado de esta investigación".

"De hecho, el propio Fiscal Jefe ha solicitado recientemente la renovación de su plaza en comisión de servicios en esta Fiscalía, renovación que ha sido aprobada por la Fiscalía General del Estado", explica el comunicado de Anticorrupción.

La renovación se habría producido hace unas semanas ante el inminente vencimiento de esta situación administrativa provisional y, de no haberse aprobado, este fiscal debería haber abandonado su puesto en Anticorrupción y volver a aquel del que es titular en la Fiscalía de Granada, según han asegurado a Europa Press fuentes fiscales, quienes precisan que Iañez seguirá en Anticorrupción y encargándose además de la operación contra la trama que desvió presuntamente fondos públicos de la Comunidad de Madrid.

La polémica sobre la renovación de Iañez en su puesto viene precedida de la tensa junta de fiscales Anticorrupción que tuvo lugar el martes de la semana pasada, después de que este fiscal y su compañera en la 'operación Lezo', Carmen García Cerdá, formalizaran discrepancias con su superior sobre determinadas decisiones relativas al operativo que al día siguiente iba concluir en la detenciones y registros por el que esta investigación se hizo pública.

La rebelión obedeció al intento de veto de Moix respecto de determinados registros vinculados a operaciones de la empresa Interamericana de Aguas y Servicios (Inassa) --filial del Canal de Isabel II-- por operaciones sospechosas que se remontan a la etapa en la que Alberto Ruiz-Gallardón era el presidente de la Comunidad de Madrid. La decisión fue contestada por los fiscales del caso, que fueron apoyados mayoritariamente en junta por sus compañeros.
Iañez ha estado presente en todas las diligencias que se han practicado hasta el momento en el caso que se investiga en el Juzgado Central de Instrucción número 6 junto a su compañera García Cerdá.

Ambos se opusieron a determinadas directrices de su superior invocando el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, algo que está previsto en la propia norma pero que es muy poco habitual que ocurra.
En dicho artículo se dice que aquel fiscal que reciba una orden "que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente" se lo hará saber a su fiscal jefe "mediante informe razonado" y que, si éste "no considera satisfactorias las razones alegadas, planteará la cuestión a la Junta de Fiscalía".

Eso es lo que ocurrió el pasado martes en la sede de la Fiscalía Anticorrupción, según las fuentes consultadas, y tras oír a sus compañeros, la práctica totalidad de la veintena de fiscales que integran este departamento --todos menos uno-- apoyaron a los compañeros de la Operación Lezo y se manifestaron contrarios a la orden de retrasar el registro antes mencionado.

Moix podría haber insistido en la orden de sacar esta diligencia de la lista de las que iban a solicitar que ordenara el juez de la Audiencia Nacional encargado del caso, Eloy Velasco.
Sin embargo, tras escuchar el criterio de varios de los fiscales que participaron en la reunión, el fiscal jefe se avino a la petición de los dos fiscales del caso por entender que, una vez iniciada la operación al día siguiente, las personas afectadas por estos registros podrían hacer desaparecer documentos y afectar negativamente a la investigación.