El acuerdo alcanzado por el PSOE y Ciudadanos sobre un programa de gobierno para esta legislatura establece que, en el marco de la reforma de la Constitución, ambos partidos defenderán convertir el Senado en una verdadera cámara territorial con un máximo de cien miembros. Si finalmente no se transforma en este sentido, pedirán cerrarlo.

   El documento prevé la creación, en el plazo de un mes, de una subcomisión para modificar la Carta Magna en el seno de la Comisión Constitucional del Congreso, que a lo largo de seis meses acogerán diversas comparecencias para, posteriormente, presentar un acuerdo sobre el "perímetro" pactado de la reforma.

   Al finalizar los trabajos de la subcomisión, según recoge el acuerdo suscrito entre PSOE y Ciudadanos, se nombraría una ponencia constitucional para poder iniciar la redacción de un proyecto a principios del año 2017.

   Los cambios a realizar se dividen entre los que se efectuarían de forma "urgente" y aquellos en los que no se marca un plazo concreto, mencionándose tan solo la "voluntad" de promoverlos. Es en este segundo apartado donde figura la reforma del Senado.

   La idea de Ciudadanos y el PSOE es que la Cámara Alta se convierta en una "estricta cámara territorial con una composición máxima de 100 miembros" --actualmente son 266-- y "con funciones vinculadas con la articulación y cohesión de la estructura territorial del Estado".

   Entre esas funciones figurarían la determinación del sistema de financiación autonómica, los planes estatales de infraestructuras de transporte o la determinación de niveles comunes en los grandes servicios públicos.

   Si, una vez aprobada la reforma de la Carta Magna, no se ha conseguido realizar esa transformación en cámara territorial, los socialistas y C's se comprometen a "abogar por su supresión como cámara de segunda lectura".

PRINCIPIO DE LEALTAD INSTITUCIONAL

   Asimismo, ambos partidos defenderán que se revise el Título VIII de la Constitución para "suprimir los preceptos ya obsoletos; incorporar las denominaciones de las comunidades autónomas y ciudades autónomas; y garantizar la igualdad de trato de todos los españoles, sea cual sea su comunidad de origen o residencia".

   También quieren "determinar con precisión las competencias del Estado y las de las comunidades autónomas y la incidencia en las mismas de los hechos diferenciales reconocidos en la Constitución", así como "establecer los principios del sistema de financiación autonómica", que son "autonomía, coordinación, suficiencia y solidaridad, en los términos interpretados por el Tribunal Constitucional".

   Además, abogarán por "establecer los instrumentos de cooperación; definir el alcance del principio de lealtad constitucional; y determinar el papel y la responsabilidad del Estado y de las comunidades autónomas en relación con la pertenencia de España a la Unión Europea". Igualmente, pretenden incorporar "el 'hecho' Unión Europea al ordenamiento constitucional".

MODIFICACIÓN DE LA LEY ELECTORAL

   También proponen revisar las bases del sistema electoral, con remisión de su concreción a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), una norma que para ser modificada requerirá una mayoría de tres quintos. Para constituir la ponencia que reformaría la LOREG en aquellos aspectos que no precisen cambios en la Constitución fijan un plazo de seis meses.

   Entre esas bases, PSOE y Ciudadanos plantean medidas para "incrementar la proporcionalidad, desbloquear las listas, facilitar el voto a las personas con discapacidad y posibilitar formas de voto electrónico".

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y FUSIÓN "VOLUNTARIA" DE

MUNICIPIOS

   Respecto a la la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), el acuerdo dice que debe corregir "las insuficiencias del sistema" y garantizar los principios de autonomía, coordinación, solidaridad e igualdad.

   Con ese fin, plantean que en un mes se cree un grupo de trabajo plural para preparar la modificación de la LOFCA en el plazo de seis meses y así hacer frente a sus previsiones en los Presupuestos Generales del Estado de 2017.

   Además, el documento propone derogar las modificaciones introducidas en la legislación de régimen local por la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local aprobada durante el Gobierno de Mariano Rajoy, así como aprobar una nueva Ley de Financiación Local.

   El objetivo de PSOE y Ciudadanos es "asegurar la autonomía local, garantizar un sistema de financiación estable y proporcional a unas competencias bien definidas de los entes locales y aquellas que no siendo propias, previo convenio, puedan desarrollarse sin comprometer la estabilidad presupuestaria con garantías de control y transparencia de la gestión pública".

   Por último, quieren fomentar, en coordinación con las comunidades autónomas, la racionalización de las entidades locales, "promoviendo la fusión voluntaria de municipios", para ofrecer "de forma eficaz y eficiente" el mismo nivel de prestaciones de servicios a todos los ciudadanos con independencia de dónde vivan.

Sánchez dice que el acuerdo no tiene

"caducidad" y reta a Podemos a leerlo y a

mantener que no es "de izquierdas"

   El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha explicado este miércoles que el acuerdo alcanzado con Ciudadanos no tiene "caducidad", por lo que seguirá vigente aunque no logre ser investido la próxima semana. Además, ha recalcado que está abierto a otras formaciones y ha retado a Podemos a leerlo y a especificarle en qué parte "no es de izquierdas".

   Así lo ha asegurado el líder de los socialistas en una breve rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, después de firmar el 'Acuerdo para un gobierno reformista y de progreso' con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.

   "Es un acuerdo abierto, progresista, reformista, que no excluye a nadie, que no confronta con nadie", ha defendido Sánchez, que ha avisado que si alguien dice que este pacto no suma --porque los diputados de PSOE y Ciudadanos no son suficientes para que el socialista sea presidente del Gobierno-- es que "no ha entendido nada".

   El líder del PSOE ha remachado que este pacto "sí suma", porque "es un acuerdo histórico entre dos formaciones de ámbito nacional", una de "centro izquierda" y otra de "centro derecha", que no sólo pactan una investidura, sino que acuerdan la "senda reformista y progresista" que necesita España.

   Así, ha invitado al resto de formaciones "a izquierda y a derecha" a que se sumen pensando en "el interés general" y, en particular, se ha referido a los partidos con los que están negociando los socialistas.

   "Si hay quien considera que no es un acuerdo de izquierdas, que lo lean y me digan dónde no es de izquierdas", ha remachado, para después subrayar que quien se presenta a la investidura es "un candidato del PSOE".

   Dicho esto, Sánchez se ha mostrado convencido de que el pacto firmado este miércoles es "el primero de otros muchos" que se van a sellar "estos días hasta la investidura". "Esperamos que sea el primero de otros muchos acuerdos", ha dicho.

   El secretario general del PSOE ha reconocido que "no ha sido fácil" llegar a este acuerdo y, de hecho, ha comenzado su intervención dando las gracias a los equipos negociadores de ambos partidos por su trabajo estos días.

   También ha agradecido a Rivera que haya centrado las conversaciones en los acuerdos programáticos y no haya querido hablar de "sillones". Sánchez ha defendido que "hay voluntad de acuerdo cuando hay voluntad de cambio" y ha recalcado que cambiar no es "quitar una persona para poner a otra".

   Por eso, ha insistido, han querido hablar de soluciones antes que de "sillones", porque se trata de "cambiar el fondo". Dicho esto, no ha querido pronunciarse sobre la posibilidad de que Ciudadanos entre en su gobierno, si logra ser investido.

NO ES MOMENTO DE HABLAR DE SILLONES

   Después de que el propio Rivera dejara la puerta abierta en una rueda de prensa anterior, en la que también ha asegurado que no han hablado todavía de esto, Sánchez ha eludido por completo este asunto y ha dicho que habrá tiempo de abordar estas cuestiones.

   Eso sí, ha lanzado un mensaje a Podemos, al defender que le "gustaría" que "otras formaciones siguieran el ejemplo" de Ciudadanos, y optaran por hablar antes de "cómo resolver los problemas de los ciudadanos". Ha insistido en que esto es lo que exige el momento político que vive España, "abandonar el verbo vetar y abrazar el verbo acordar" y "cambiar el verbo imponer y poner en práctica el verbo entender".

   Sánchez ha explicado que será un "honor" compartir con Ciudadanos y, en concreto, con su presidente, el camino que le encargó el Rey el pasado 2 de febrero. Y ha explicado que lo harán con responsabilidad y con la "enorme generosidad" que han demostrado hasta ahora. "Aquí no ha cedido nadie, hemos cedido para que ganen los españoles", ha afirmado.

   De esta manera, ha hecho hincapié en que el acuerdo incorpora compromisos programáticos del PSOE y de Ciudadanos, no porque hayan "cedido", sino porque quiere que "ganen los españoles", que el pasado 20 de diciembre pidió a los partidos que se entendieran y pusieran en valor lo que les une.

   Eso sí, ha subrayado que el documento acordado incluye "valores" vinculados a la historia del socialismo, como justicia social, libertades, derechos y diálogo.

   Y, de entre las "más de 200 reformas" que plantea el acuerdo alcanzado, ha comenzado destacando la derogación de la reforma laboral y la aprobación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, un plan de choque contra el desempleo y una reforma fiscal para "mejorar la progresividad" de los impuestos.

   También ha hecho hincapié en las medidas para luchar contra la desigualdad y, en concreto, ha subrayado la inclusión del ingreso mínimo vital y un complemento salarial, propuesto por Ciudadanos, para recudir la pobreza laboral.

   Además, ha asegurado que van a derogar todos los "recortes" en derechos y libertades perpetrados por el PP en estos cuatro años y ha hablado de "paralizar" la LOMCE, anular el copago farmacéutico y derogar la denominada 'Ley Mordaza'.

   Ha destacado asimismo el pacto contra la violencia de género y la recuperación de la Memoria Histórica, la regulación por ley de las primarias en los partidos políticos y la desaparición del voto rogado, así como el pacto mutuo en materia de lucha contra la corrupción.