Miercoles, 21 de febrero de 2018

El Gobierno avisa de que si no se atiende la petición, acudirá al Senado en aplicación del 155, para adoptar las medidas necesarias

Puigdemont tiene hasta el lunes para contestar y hasta el jueves para volver a la legalidad, tras el requerimiento

El texto, al que ha tenido acceso Europa Press, ha sido enviado por burofax con membrete del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales. Ha entrado en el registro de la Generalitat a las 16:05 y va encabezado por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

El requerimiento da un plazo de cinco días a Carles Puigdemont para responder, hasta el lunes 16 a las 10.00 horas, y decir si declaró la independencia, y hasta el jueves 19 a la misma hora para cumplir íntegramente el requerimiento, es decir, para restaurar la legalidad y revocar la declaración si ésta se ha producido.

El Gobierno central está a la espera de la respuesta del presidente catalán para decidir si aplica el artículo 155 para suspender la autonomía, y el propio texto invoca este artículo.

Fuentes del Gobierno catalán han explicado a Europa Press que el presidente y el vicepresidente, Oriol Junqueras, se han reunido este mismo miércoles en el Palau de la Generalitat para abordar el requerimiento.

TEXTO DE SANTAMARÍA

La vicepresidenta y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, pide en el requirimiento que Puigdemont explique si su declaración "del 10 de octubre de 2017 ante el pleno del Parlamento implica la declaración de independencia al margen de que esta se encuentre o no en vigor".

Le reclama comunicarlo "de forma fehaciente" el día 16, y le advierte de las consecuencias si la respuesta fuera afirmativa, además de constatar que también se considerará "confirmación" que no conteste al requerimiento o que no lo haga con una "simple respuesta afirmativa o negativa".

En el caso de que la respuesta sea afirmativa, se le requiere al presidente de la Generalitat "de acuerdo con el artículo 155 de la Constitución" para que "revoque u ordene la revocación de dicha declaración de independencia a fin de restaurar el orden constitucional y estatutario, ordenando el cese de cualquier actuación dirigida a la promoción, avance o culminación del denominado proceso constituyente", y cumplir íntegramente las resoluciones del TC.

Además, Puigdemont debería comunicar el requerimiento a la presidenta del Parlamento regional y al resto de la Mesa, "requiriéndoles igualmente la restauración del orden constitucional y estatutario".

Y se insta al presidente a comunicar el día 19 al Gobierno central "de forma fehaciente" que tanto él como el Parlamento catalán han cumplido el requerimiento.

El último punto del texto constata que Puigdemont es el más alto representante de la Generalitat y del Estado en Cataluña, por lo que, si no cumple el requerimiento, el Gobierno central instará al Senado a tomar las medidas necesarias para que Cataluña cumpla "sus obligaciones constitucionales y para la protección del interés general, al amparo de lo dispuesto en el artículo 155".

"GRAVES ACTUACIONES" DEL PROCESO

Estas son las peticiones con las que concluye el requirimiento, cuyo texto empieza constatando textualmente graves actuaciones, "perjudicando además el interés general".

Por eso, defiende que cumplir las sentencias es imprescindible para mantener los derechos y libertades de la ciudadanía; que se ataca a la convivencia prevista en la Constitución si se impone una independencia unilateral; y que el artículo 155 impide que una autonomía obstruya el Estado de Derecho, por lo que el Gobierno puede pedir su aplicación al Senado, cuya mayoría absoluta puede decidirlo.

Defiende la posibilidad de aplicar el 155 alegando que el Gobierno catalán y "una mayoría no cualificada" del Parlamento regional se ha apartado de sus obligaciones constitucionales, y que ahora no cumplir este requerimiento sería un grave riesgo para el orden constitucional.

El texto concreta que la Generalitat no ha hecho caso del TC, en especial con la suspensión de la Ley de transitoriedad jurídica, la Ley del referéndum y la convocatoria del 1-O, "carente de cualquier garantía"; y que el Gobierno regional actúa al margen del Derecho Internacional y de la Comisión de Venecia.

DECLARACIÓN "PREMEDITADAMENTE CONFUSA"

Según el Gobierno, Puigdemont culminó el martes sus incumplimientos de la ley con una declaración ante el Parlamento catalán que tacha de "pretendidamente confusa", además de firmar después un "supuesto manifiesto de constitución de la república" junto a su Govern, JxSí y la CUP.

El Gobierno le advierte de que, si confirma que declaró la independencia, el artículo 155 es una legítima medida de "último recurso".


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