La llamada telefónica, a petición de Rajoy, se ha producido poco después de las 13:00 horas y "se ha concentrado en la cuestión de los astilleros", según ha explicado a Europa Press la portavoz del Ejecutivo comunitario, Pia Ahrenkilde, que no ha desvelado más detalles del contenido de la conversación.

   Posteriormente, en su comparecencia ante la prensa tras la cumbre entre España y Polonia, Rajoy ha confirmado la conversación telefónica con Barroso y ha recordado que "defender un sector estratégico como el naval es una obligación de las instituciones" comunitarias.  

  El Gobierno ha pedido al Ejecutivo comunitario que dispense a España de la obligación de recuperar las ayudas a los astilleros entre 2005 y 2011, que superan los 2.000 millones de euros, según los datos del ministro de Industria, José Manuel Soria. Soria alega la "inacción" de Bruselas sobre el régimen fiscal español, vigente desde 2002, e incluso el apoyo de la ex comisaria de Competencia, Neelie Kroes, en una carta de 2009 dirigida a las autoridades noruegas.

   Por ello, tanto Soria como los presidentes autonómicos de Galicia, País Vasco y Asturias pidieron la semana pasada en una reunión con el vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, que sólo deban devolverse las ayudas concedidas desde 2011, fecha en que Bruselas inició el expediente contra el "tax lease".  

  Sin embargo, Almunia rechazó los argumentos presentados por España y anunció que seguirá adelante con su propuesta de pedir a España que recupere las ayudas fiscales a los astilleros.  

  El vicepresidente ha decidido no obstante eximir de la obligación de devolver las ayudas tanto a los propios astilleros como a los armadores que compraron los barcos. Sólo deberán reembolsar las subvenciones los inversores que financiaron la construcción.  

  Tanto el Gobierno español como el sector consideran que estas excepciones son insuficientes porque, de condenarse a los inversores, los astilleros españoles no volverán a encontrar financiación y se pondrán en riesgo 87.000 puestos de trabajo.

   Por ello, tanto el lehendakari, Íñigo Urkullu, como el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, habían reclamado a Rajoy que intercediera ante Barroso.  

  La decisión sobre la devolución de las ayudas sigue en la agenda del colegio de comisarios del 17 de julio, según fuentes comunitarias, aunque los jefes de gabinete de los respectivos comisarios todavía deben ultimar los preparativos de la reunión hasta el martes.