El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha solicitado a la Audiencia Nacional declarar como testigo por videoconferencia en el juicio por la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005) atendiendo a razones de seguridad y por ser el medio "menos perturbador" en el ejercicio de sus funciones como jefe del Ejecutivo.

Así se manifiesta en el escrito remitido por la secretaria general de la Presidencia del Gobierno, María Rosario Pablos López, al presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, al que ha tenido acceso Europa Press. "Teniendo en cuenta la agenda del presidente del Gobierno prevista para los próximos meses, las fechas más adecuadas son el 26 o 27 del mes de julio", afirma dicho documento con fecha del pasado 12 de mayo.

Rajoy, que ha sido llamado a testificar en este juicio en el que se encuentra el PP acusado como partícipe a título lucrativo, destaca en este escrito su interés por declarar por videoconferencia por "razones de seguridad" y por ser el medio "menos gravoso".

"Un eventual desplazamiento del presidente del Gobierno ante la sede física del tribunal --en este caso en San Fernando de Henares (Madrid), donde se está teniendo lugar la vista oral-- o bien una posible constitución de éste en el despacho oficial del presidente, supondría todo un conjunto de medidas de seguridad ciertamente desproporcionadas si tenemos en cuenta que la prueba podría practicarse a través un medio menos gravoso como es la videoconferencia", argumenta este escrito.

"INTENSA ACTIVIDAD" DE RAJOY

Añade que debido a la "intensa actividad" del jefe del Ejecutivo, "con numerosos actos y reuniones previstas tanto dentro como fuera de España" hace que este medio sea el "más idóneo y menos perturbador" para las funciones y responsabilidades que desempeña. Además, indica que la comparecencia física del presidente del Gobierno ante el tribunal implicaría un "despliegue importante de recursos públicos".

Esta elección del presidente del Gobierno debe aún ser aprobada por el tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional encargado de juzgar a los 37 acusados por la primera época de las actividades realizadas por la red corrupta liderada por Francisco Correa.

Precisamente, Rajoy declara como testigo después de que la mayoría de los magistrados que forman este tribunal --Julio de Diego y José Ricardo de Prada--, aceptase la petición de la acusación popular Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE). Según explica este auto, ahora es conveniente escuchar al presidente del Gobierno --aunque esta prueba había sido rechazada en anteriores ocasiones-- porque el PP se negó a declarar en la vista oral remitiéndose a lo ya expuesto en su escrito de defensa y a las cuestiones previas, tal y como dijo el representante legal de la formación política, Jesús Santos.

Sin embargo, el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, emitió un voto particular discrepante con esta decisión y sugirió que la comparecencia se hiciese por la vía que ahora solicita el líder de los 'populares'.

RECUERDA QUE LA LEY PREVÉ ESTA FORMA DE

COMPARECENCIA

El documento hecho llegar a la Audiencia Nacional recuerda que la petición de no declarar presencialmente cumple con las prevenciones incluidas en el artículo 703 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), dirigidas a que la práctica de la prueba no afecte al "adecuado ejercicio de su cargo". También señala que el artículo 731 bis de la misma ley dice concretamente que "el tribunal de oficio o a instancia de parte (...) podrá acordar que su actuación se realice a través de videoconferencia u otro sistema similar que permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido".

Por otro lado, Santos argumentó en un escrito con fecha del pasado 10 de mayo que en el auto por el que el tribunal aceptaron esta prueba testifical "no quedaron definidas las condiciones específicas" para su realización, por lo que la videoconferencia no debería descartarse.

"Ante una potencial solicitud de declarar por videoconferencia solicitada por el testigo, no cabe sino que el tribunal la acuerde siempre que se den los requisitos legales para ello", adelantaba el PP en su escrito. Añadía que en consecuencia una vez citado éste "está legitimado para solicitar que su declaración se practique por el sistema de videoconferencia".

Ignacio González cerró la Fundación Dos de

Mayo en 2014 tras tratar de sacar un

proyecto 20 veces más caro de lo normal

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González decidió cerrar en julio de 2014 la Fundación Dos de Mayo, Nación y Libertad por falta de fondos y después de un intento fallido de sacar adelante un proyecto de un texto sobre regeneración democrática que tenía un coste veinte veces superior al que venía teniendo otros libros publicados por la fundación de similares características.

La Fundación Dos de Mayo se constituyó en 2007 por parte del Gobierno de Esperanza Aguirre con el objetivo de organizar los actos conmemorativos del bicentenario del 2 de mayo y la Guerra de la Independencia, así como para promocionar y difundir el conocimiento de estos hechos históricos entre la ciudadanía.

Tres años después de su desaparición, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, tras la petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, trata de averiguar si el PP de Madrid, en el marco de la Operación Púnica, utilizó de forma "subrepticia" la fundación para financiar sus campañas electorales.

En un auto, incluido en el sumario del caso y al que ha tenido acceso Europa Press, el juez explica que la unidad policial realizó la petición por la presunta financiación irregular del PP de Madrid, dado que, según la investigación, "hubo gastos electorales del PP que se derivaron a Fundescam y alguno de ellos terminó siendo financiado por Caja Madrid".

El auto continúa defendiendo la utilidad de esta información para esclarecer "si el PP utilizó también, para abonar gastos de campaña de forma subrepticia, a la Fundación Dos de Mayo, Nación y Libertad, a la vista de las importantes cantidades recibidas de dicha fundación de nuevo de Caja Madrid".

Se da la circunstancia de que la fundación, según se estableció en el Patronato, sólo recibía sus fondos económicos a través de la Fundación de Caja Madrid, pero como ha defendido el que fuera gerente de la misma, Enrique Ossorio, actual portavoz del PP de Madrid, el dinero de la Fundación sólo se empleó para los proyectos puntuales, como publicaciones, obras de teatro o exposiciones.

Precisamente la elaboración de un libro fue uno de los detonantes para que Ignacio González decidiera cerrar la Fundación "sin una justificación", según cree el que fuera director de esta organización, el historiador Fernando García de Cortazar, que, como ha explicado, no tenía "ninguna capacidad de gestión".

García de Cortazar, Premio Nacional de Historia en 2008, todavía recuerda como "dramático" el fin de esta Fundación que puso en marcha Esperanza Aguirre para defender valores como nación y libertad, y ha explicado, en declaraciones a Europa Press que uno de los desencuentros que tuvo con González, aunque no directamente con él, fue cuando éste propuso hacer un libro con el entonces rector de la Rey Juan Carlos, Fernando González Trevijano, sobre regeneración.

Según ha indicado, el coste estimado era de unos 170.000 euros, una "cantidad desmesurada para sacar adelante un proyecto cuando se trataba de fondos públicos". En este punto, lo ha comparado con uno de los últimos trabajos que habían editado sobre un tema similar y que había alcanzado los 8.000 euros, es decir, 20 veces menos de lo que se planteaba.

Aunque después de este episodio la Fundación aguantó cerca de un año más, García de Cortazar cree que algo tuvo que ver y recuerda cómo no ocultó su desacuerdo con la desaparición de la Fundación que hasta entonces había sacado alrededor de 25 publicaciones y contaba con dos personas en su seno, el secretario general, Xavier Reyes, y el propio director.

CARTA A LOS PATRONOS

En una carta dirigida a los patronos de la Fundación, destacó que resultaba "paradójico" que, cuando la nación española se ha convertido en un concepto "atacado", la Comunidad de Madrid, "cuyo gobierno ha sido auténtico referente para la afirmación de una personalidad nacional en la que confluyen los derechos y libertades de una ciudadanía plural y soberana, pierda precisamente el órgano del que se ha venido sirviendo en los últimos años para la defensa de esta idea".

"Sobre todo si se considera que, en su ofensiva separatista, los partidos que controlan el gobierno y los recursos en Cataluña y en el País Vasco no han tenido ningún escrúpulo para promover y financiar entidades creadas con el propósito deliberado de falsear la historia, de inflamar el espíritu antiespañol y de cuestionar la cultura y el pasado compartidos por todas las regiones de España", añadía.

En este sentido, defendió que la Fundación Dos de Mayo había procurado "desarrollar un trabajo de interés público en la medida en que se entiende ligado a la defensa de la paz social, de una legalidad justa y prudente, de la democracia representativa y de las libertades ciudadanas, políticas y económicas".

Finalmente la Fundación desapareció y a día de hoy, después de las últimas informaciones García de Cortazar no encuentra explicación a las sospechas de los agentes de la UCO. "El dinero iba destinado a cada proyecto concreto y todo pasaba por el patronato, formado por todo tipo de gente", ha destacado.