Más de 300 testigos declararán a lo largo del juicio del caso Nóos, entre quienes se encuentran el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberà, el vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, y el asesor externo de la Casa Real y Conde de Fontao, José Manuel Romero, según han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press.

   Y es que, tal y como han precisado las mismas fuentes, los nombres de estos testigos serán incluidos en los próximos días por varias de las acusaciones personadas en el caso en sus escritos de calificación, con los que determinarán definitivamente quiénes de los veinte imputados de la causa -entre quienes se encuentra la Infanta Cristina- deberán sentarse en el banquillo de los acusados y qué penas solicitan para ellos.

   Exaltos cargos del último Govern de Jaume Matas (2003-2007) como la exvicepresidenta y actual eurodiputada Rosa Estaràs, el exconseller de Turismo Joan Flaquer, la exconsellera de Presidencia Rosa Puig y la exjefa de gabinete de Matas Dulce Linares, también deberán testificar en una vista oral que prevé alargarse durante semanas ante la complejidad de las pesquisas, el número de acusados que prevén sentarse en el banquillo, las pruebas a practicar y la elevada cantidad de testigos.

   En el caso de Camps y Barberà, ambos serán interrogados, al igual que ya lo hicieron durante la instrucción de la causa, en torno a su papel en las negociaciones dirigidas a contratar al Instituto Nóos para la organización del evento Valencia Summit, por cuyas tres ediciones (2004, 2005 y 2006) el la entidad entonces presidida por Iñaki Urdangarin cobró 3,6 millones de euros públicos, a pesar de que el coste real de las mismas fue de 911.000 euros.

   Del mismo modo, González Pons deberá comparecer en relación a la preparación de unos Juegos Europeos por la que Nóos percibió unos 382.203 euros de las arcas de la Comunidad Valenciana -a través de su Presidencia-, a pesar de que el evento deportivo nunca llegó a celebrarse.

   González Pons, exconseller de Territorio y Vivienda (época en la que anunció una "política sandía: verde por fuera y roja corazón por dentro"), ya fue interrogado en calidad de testigo sobre estos hechos y en su comparecencia negó que su firma fuera determinante para que la entidad presidida por el Duque de Palma cobrara de la Generalitat. "Con mi firma no se comprometió ni un euro público ni se pagó un euro público al Instituto Nóos", recalcó en su día.

   Por su parte, los numerosos exaltos cargos baleares que desfilarán ante el tribunal deberán esclarecer los pormenores que rodearon a la organización de los denominados Illes Balears Forum, celebrados en 2005 y 2006 por 2,3 millones de euros, a pesar de que su coste real fue de alrededor de un millón de euros.

   Ya a principios de 2006 el diputado socialista Antoni Diéguez preguntaba en el Parlament balear sobre el destino que dio Nóos a los 1,2 millones de euros que cobró del Govern de Matas por el foro sobre turismo y deporte celebrado pocos meses antes en Palma. Nada hacía presagiar que de la supuesta defraudación investigada en el marco de estas jornadas afloraría un rosario de presuntas irregularidades en torno a la gestión del Instituto y que culminarían con el presunto apoderamiento de hasta 5,9 millones de euros públicos.

LA TRAMA URDIDA EN TORNO A NÓOS

   En esta línea, varios los numerosos interrogatorios estarán centrados en cómo operaban las empresas que conformaban el entramado -Instituto Nóos, Nóos Consultoría Estratégica, Intuit, Shiriaimasu y Aizoon- por el que Urdangarin y su exsocio Diego Torres se habrían apoderado de los fondos públicos, principalmente mediante el cruce de facturas falsas. Unas facturas que, según las pesquisas, no respondían a servicios realmente prestados.

   Respecto a una de esas mercantiles que integraban la trama, Aizoon -de la que son copropietarios la Infanta y su marido-, el tribunal ahondará en cómo se llevó a cabo su constitución y cuál fue el papel que ejerció la hermana del Rey Felipe VI al frente de la empresa, presunta tapadera de la que se sirvió Urdangarin para defraudar hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF correspondientes a los años 2007 y 2008.

   Finalmente, otro de los asuntos que ha centrado la instrucción del caso y será abordado durante el juicio es la estructura fiduciaria que habría servido para desviar fondos al extranjero, de cara a evadir el dinero obtenido de las Administraciones públicas y ocultar a sus verdaderos beneficiarios así como lograr tributar menos que en España. Una estructura en la que jugaron un papel fundamental las mercantiles Blossom Hills (en Belice) y De Goes For Stakeholder Management (Reino Unido).