Estos son los primeros movimientos que se producen en las cadenas públicas después de que saliera a la luz la trama de 'La Rueda', integrada por varios socios de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), que habría defraudado entre los años 2006 y 2011 un total de 100 millones de euros mediante una operativa consistente en el registro fraudulento de supuestas modificaciones de obras originales (y por tanto libres de derecho de autor) sin variación alguna de las auténticas para ser emitidas en programas nocturnos de televisión.

En el caso de Telemadrid, se han suspendido los espacios 'Sonámbulos', 'Al son de la noche', 'Con duende', 'Noche en claro de Luna' y 'laOtra sinfónica'. La decisión se adopta como medida de prudencia tras la investigación judicial abierta por la UDEV y la Audiencia Nacional en torno a la llamada "rueda de las televisiones" y tras las informaciones publicadas por diferentes medios en torno a la existencia de posibles irregularidades en la contratación de las músicas de estos programas.

Desde el pasado martes, Radio Televisión Madrid está colaborando activamente con el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, remitiendo a este órgano judicial toda la documentación y los contratos que han sido requeridos a Telemadrid en el contexto de esta investigación, que sigue bajo secreto de sumario.

Por su parte, el Comité de Dirección de Canal Sur Radio y Televisión ha decidido, tras el asunto de un posible fraude en la SGAE, abrir un expediente laboral informativo para conocer la gestión realizada por el trabajador responsable de la editora musical, Carlos Salazar, y, mientras concluye la investigación, apartarlo de sus funciones, respetando su presunción de inocencia.

Fuentes de la RTVA han informado a Europa Press de que esta decisión se toma ante las actuaciones que está llevando a cabo el juzgado central número 2 de Madrid en relación a un posible fraude en la SGAE. El trabajador de Canal Sur realizará mientras tanto otras funciones en la empresa acordes con su categoría laboral.

Asimismo, han querido dejar claro que Canal Sur está colaborando directamente con la investigación que desarrolla la Policía Nacional y quiere subrayar que se trata de un proceso sobre el uso de derechos de autor en la SGAE.

"En el marco de esta investigación se nos ha requerido aportar documentación que estamos poniendo a disposición de las autoridades competentes con la máxima transparencia y celeridad", han señalado fuentes de la RTVA.

FAMILIARES Y TESTAFERROS

Según el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, encargado del caso, las obras de dominio público plagiadas se titulizaron a nombre de familiares y testaferros bajo diferentes editoriales pertenecientes a los investigados, según expone en un auto en el que acordó libertad sujeta al pago de fianza de 100.000 euros para tres de los 18 detenidos.

Estas sociedades formalizaban acuerdos con los responsables de contratación de música de las diferentes cadenas de televisión, que, a cambio, cobraban un porcentaje variable de los derechos de autor de dichas obras. "Esta cesión es la verdadera motivación de las cadenas para emitir los repertorios musicales de los investigados ya que, en virtud de la misma, se convierten en titulares de derechos y por ende en receptores de una cantidad económica por parte de la SGAE", reza el auto.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional detalla que este sistema "preconcebido y perdurable en el tiempo" se pudo llevar a cabo "en connivencia" con trabajadores de productoras de televisión mediante el pago de comisiones para que el repertorio musical se difundiera en horarios nocturnos, dando preferencia a estas obras, realizadas por personas con "dudosos conocimientos musicales".

BENEFICIO ECONÓMICO Y POLÍTICO

Además del beneficio económico, existe un beneficio político puesto que la SGAE reparte el número de votos entre sus socios de acuerdo a las cantidades que perciben por la generación de derechos de autor, lo que les permite tener poder de decisión en la Junta y "perpetuar el fraude". Según lo expuesto en el auto, de estas actuaciones habrían resultado perjudicados la totalidad de los socios, es decir, 120.000 personas.

Los tres detenidos que pasaron ayer a disposición judicial son el pianista gaditano Manuel Carrasco, el compositor Fernando Bermúdez y el productor Rafael Tena --hermano del fallecido cantante Manolo Tena--. A todos les imputa delitos de pertenencia a organización criminal y delito de corrupción en los negocios y les da un plazo de 72 horas para pagar la fianza de 100.000 euros.

El juez acordó esta medida basándose en el peligro de fuga --"elemento determinante"-- y la posible desaparición de fuentes de prueba. Tanto Bermúdez como Carrasco (cofundadores de EurodeltaMusic), son, a juicio del magistrado, dos personas "fundamentales" en el marco de la trama de la música inaudible ya que ambos pusieron en marcha un entramado de empresas tendente a obtener "cuantiosos" beneficios cuyo principal emisor es la SGAE los cuáles no serían posibles basándose únicamente en la calidad de dichos temas musicales.