Es cierto que ha habido grupos políticos que no se han sumado a estos actos conmemorativos como coherente ratificación  de sus ideas y actuaciones, puesto que nunca han ocultando su intención de acabar con nuestra Carta Magna. Magnicidio, con el que quedarían eliminados los obstáculos que pudieran impedirles dar rienda suelta a sus fantasías soberanistas y, de paso, entronizar e imponer "desde la calle" un sistema carente de libertades. Grupos políticos ausentes que, sin embargo, han utilizado torticeramente todas las garantías constitucionales para entrar en ese Parlamento constituido por una casta a la que aún no pertenecían y depositario de las competencias que le atribuye, la  -para ellos- caduca antigualla  franquista denominada Constitución del 78

Pero lo verdaderamente grave de estos actos, que podríamos calificar de réquiem por una Constitución burlada, no son estos grupos que, con el puñal del odio, del rencor y de sus ensoñaciones al descubierto, se enorgullecen de su condición destructiva. Lo realmente inadmisible, por lo que tiene de engaño y de traición,  son las actuaciones del resto de los grupos políticos llamados constitucionalistas, que con la daga oculta tras la concordia, sensibilidades forales, tendido de puentes de entendimiento, eliminación de líneas rojas, no harán otra cosa que dar la puntilla  a una Constitución ya apuñalada (tu quoque?!).

El conjunto huele a farsa. Si bien es cierto, que estos grupos políticos, de forma aparentemente espontánea, repentina y unísona, y a la vista del patinazo plebiscitario habido en Italia, han optado por enfriar la reforma de la Constitución, no es menos cierto que puede ser una estrategia astutamente dirigida, ya que toda intervención es menos sangrante y dolorosa realizándola en frío y con anestésicos. Además, un periodo de silencio sobre el tema, permitirá al Gobierno  de Rajoy, apoyado por los otros partidos, llevar a cabo de forma mas encubierta las negocio-cesiones con los nacionalistas y, aunque de forma mas lenta que la exigida por los radicales (ya conocemos su magistral control de los tiempos), desembocar en un final ya escrito en alguna parte.

 La mayoría de las voces que reclaman la reforma de la Constitución vienen de la izquierda, con la reaparición de alguna vieja carcoma que, de manera silenciosa, ha ido socavando su estructura para ser sustituida por vericuetos confederales, históricamente paso previo a la fragmentación. Conviene recordar el reciente acuerdo PNV-PSOE que, en sus setenta folios, no solo blanquea el terrorismo de ETA, sino que se asume el autogobierno del País Vasco y su reconocimiento como nación, así como la trasferencia de cuarenta competencias exclusivas del Estado y el derecho a decidir del pueblo vasco. Con la falacia de - abro comillas -, dentro del ordenamiento jurídico vigente en cada momento - cierro comillas -.

No hay que olvidar tampoco que el partido en el Gobierno - en otro tiempo partido de legítima y homologada derecha conservadora -  no es que no haya hecho nada por oponerse a esta demolición constitucional, sino que en la última legislatura, con mayoría absoluta, por inacción dolosa y cooperación culposa, ha preparado el camino para que se evidenciara la necesidad de esas reformas demoledoras.

¿Cómo se explica, si no, la impunidad de los sucesivos actos de rebeldía constitucional llevados a cabo por parte del gobierno catalán, no impugnados por parte del Gobierno Central según marca la Constitución (Art. 155), o el incumplimiento  sistemático y chulesco de  leyes y sentencias judiciales? Por no hablar de los innumerables cheques extendidos a favor de esa clase política plañidera, no se sabe bien si para, ingenuamente, tratar de que dejen sus lloros por un momento, dilatando así el chantaje, y aplacar a la fiera, o para ayudarlos en sus excesos y despilfarros inconstitucionales y ofrecerlos la confianza de que sus pretensiones terminarán por hacerse realidad. Pero si esto no fuera suficiente, para mayores avances está la Vicepresidenta,  derribando todos los obstáculos que impidan un entendimiento y un consenso, humillante para España como única nación, tergiversando una vez más los conceptos y enmascarando la cruda realidad: Cuarenta y seis propuestas de diálogo-claudicación sin conocerse las cesiones que se llevarán a cabo o a cambio de qué. Por supuesto, la actuación  del gobierno de Rajoy con los independentistas vascos no es muy diferente, y tras un sinfín de cesiones permitió que los derrotados terroristas etarras entraran en los gobiernos de la esa comunidad ¿Estrategias y cálculos electorales o consignas y directrices de muy alto nivel para una sintonía política que se nos está escamoteando al resto de los españoles?

¿Por que el gobierno de Rajoy, por mucho que con voz engolada y displicencte suficiencia defienda que la Constitución no se reformará  en nada que afecte a la unidad de España como Nación, no puede ya ser creíble? Ahí está el incumplimiento de casi todas sus promesas electorales, siendo la más reciente la subida de impuestos, la posterior negación a su compromiso de que no iba a hacerlo  y, finalmente, calificarlo torticeramente por boca de su Ministra de Empleo como una petición de un esfuerzo  adicional de ingresos. Argucia engañabobos extensible a la próxima exigencia de un esfuerzo adicional en nuestras tragaderas para ingerir las reformas constitucionales utilizando atajos y  vías falsas.

Por supuesto que la Constitución tiene imprecisiones y lagunas que deberían ser subsanadas. Que existen términos que jamás debieron ser empleados, como las denominaciones  de nacionalidades - entidades nacionales históricas - a ciertas Comunidades Autónomas, frente a otras a las que no se las otorga este privilegio (sabido es que Castilla-León y Asturias carecen de Historia), sembrando y alimentando desigualdades, que han dado pie al federalismo asimétrico reclamado por los  socialistas.  El estado de las autonomías ha tenido ventajas, pero no es menos cierto que hay competencias, como Sanidad, Educación, Justicia y Prisiones que jamás deberían de haber sido transferido a las mismas. Por no hablar de la hipertrofia administrativa y el consiguiente despilfarro económico que acarrea.

 En estos puntos - no en la falacia de su modernización- sí sería necesaria una modificación de la Constitución, pero siempre en el sentido opuesto al que reclaman nacionalistas, separatistas y populistas. Reforma para reforzar la indisoluble unidad de la Nación española, independencia verdadera de los tres poderes, democracia real interna de los partidos políticos, sistema electoral auténticamente representativo, un menor gasto público superfluo con administraciones eficientes y no redundantes o fragmentadas y la igualdad real entre todos los españoles.

Porque mientras no se solucione la crisis institucional, territorial y nacional, existirá una parálisis de cualquier proyecto común, ignorándose el interés general. Con la destrucción del sistema social y jurídico común, sustituyendo el actual Estado democrático por una serie de estados desiguales o tribus, se favorecerá enfrentamientos entre ellos, multiplicándose la crisis social. Llegado a este punto, y habida cuenta del más que posible divorcio entre lo que los ciudadanos pensamos y lo que la clase política imposta como demandas de la calle,  cabría preguntarse quién o quienes están detrás de este proyecto, dentro y/o fuera de nuestra nación.

Sería deseable que los que reclaman una modificación a fondo de la Constitución, como los  constitucionalistas que así lo expresan ( LNE, 6/12) nos hicieran saber de forma clara y concisa a los ciudadanos inexpertos en el tema, las modificaciones que proponen, artículo por artículo. De esta forma sabríamos que es lo que se pretende realmente con esa reforma profunda de una Constitución en la que su vergonzoso  incumplimiento ha sido la nota dominante.

Mientras tanto, y ante este panorama, hemos de ser los ciudadanos los que, en un acto de responsabilidad, asumamos la defensa de la unidad nacional y la igualdad de todos los españoles.  Es hora de que no nos dobleguemos ni nos dejemos manipular por los partidos políticos y sus apaños pseudoconstitucionales; es un momento crítico para que no nos engañen con sus falaces soluciones a falsos problemas. Porque el riesgo que llevan consigo los proyectos independentistas y las reformas que nos cuelen de rondón afectarán, no solo a nuestro presente, sino a las nuevas generaciones.

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