Manuela Carmena ha alegado en defensa de su portavoz que "se trató de un acto de protesta" y que vivimos una inquietante "involución de la libertad de expresión".

Pero la "expresión" de la banda de Rita Maestre consistió en asaltar una capilla, zarandear al sacristán que intentaba cortarles el paso, expulsar a los estudiantes que rezaban, escenificar provocaciones obscenas en lugar sagrado, proferir amenazas como "¡arderéis como en el 36!".

¿Saldrían Carmena y Maestre en defensa de unos ultras que asaltaran un local LGTB y berrearan que los gays "colgarán como en Teherán"? Si algo así ocurriera -¡ojalá no!- toda la izquierda exigiría penas de cárcel contra los provocadores, como de hecho se han pedido para los asaltantes de la librería Blanquerna.

Es muy divertido ver a Podemos inquietarse por la erosión de la libertad de expresión, cuando son precisamente la ultraizquierda, el ultrafeminismo y el lobby LGTB los que están consiguiendo una restricción cada vez más asfixiante del repertorio de opiniones públicamente defendibles.

Hace sólo una semana, la asociación Contrapoder intentó obstruir un seminario sobre derecho a la vida en la Complutense, ese templo de la libre discusión y pensamiento. Reventar conferencias en la universidad  -en el mejor estilo años 30- se ha convertido ya en una venerable tradición podemita: el mismísimo Pablo Iglesias orquestó hace unos años a los alborotadores que alteraron la intervención de Rosa Díez.

Las quemas de libros de 1933 adoptan hoy la forma de linchamiento mediático y en redes sociales: piénsese en las campañas contra Entender y sanar la homosexualidad (consiguieron que El Corte Inglés lo retirase de la venta) o Cásate y sé sumisa, reprobaciones parlamentarias incluidas.

Los obispos Reig Plà, Sebastián y Pujol han sido llevados a los tribunales por decir cosas como que las relaciones entre personas del mismo sexo son "una manera deficiente de manifestar la sexualidad" (lo que pensó todo Occidente "Freud incluido- durante varios milenios, hasta hace dos o tres décadas) o que "muchos casos de homosexualidad se pueden recuperar con un tratamiento voluntario adecuado". El portavoz de la Junta de Andalucía Miguel Angel Vázquez pidió públicamente "un bozal" para el obispo de Córdoba después de unas declaraciones de éste contra la ideología de género.

El ultrafeminismo y el homosexualismo se han convertido en doctrina oficial de Estado, consagrada simbólicamente por gestos como el izado de la bandera arcoiris en edificios públicos o la participación de autoridades en el desfile del Orgullo Gay. Mecanismos inquisitoriales cada vez más evidentes (multa de 100.000 euros a Intereconomía hace unos años) hacen ya casi impensable defender públicamente tesis como que la homosexualidad no es moral ni socialmente equiparable a la relación hombre-mujer, que un niño necesita educarse con su padre y su madre, que no existe ya discriminación machista en la sociedad, o que quedarse en casa para cuidar mejor a sus hijos pueda ser una opción vital respetable para la mujer.

Una censura tácita impide también airear los riesgos sanitarios asociados a la promiscuidad homosexual (y la comunidad gay es mucho más promiscua que la hetero). Esta misma semana, el juez británico Richard Page era expulsado de la magistratura por declarar que considera preferible entregar los niños en adopción a parejas de hombre y mujer, mejor que a las gays: el caso es muy similar al del español Ferrín Calamita. Hay muchos otros ejemplos que alargarían demasiado este artículo: agencias de adopción cerradas en Gran Bretaña y EE UU por resistirse a entregar niños a parejas homosexuales; políticos como Rocco Buttiglione excluidos de la Comisión Europea por sus convicciones sobre moral sexual familiar, etc. Autores de diversos países denunciamos hace dos años este pensamiento único opresivo en el libro ¿Democracia sin religión?.

Que el feminismo-homosexualismo es la nueva religión oficial queda confirmado por la aprobación sin votos en contra (el PP se abstuvo, los demás grupos votaron a favor) en el debate de la Asamblea de Madrid sobre la ley de transexualidad. Se trata de una norma en la que abundan solemnes proclamaciones ideológicas como que "la libre determinación del género de cada persona ha de ser afirmada como un derecho humano fundamental", que define la identidad sexual como "la vivencia interna e individual del género tal y como cada persona la siente y autodetermina", que ordena la aplicación de tratamientos de inhibición hormonal a menores que digan "sentirse" del sexo opuesto, que impone abiertamente el adoctrinamiento transexualista en las escuelas ("los planes educativos deberán contemplar pedagogías adecuadas para el reconocimiento y respeto de la diversidad existente en cuanto a configuraciones genitales y su relación con las identidades, por lo que se incluirá en los temarios de forma transversal y específica, integrando la transexualidad e intersexualidad"), que ordena a los colegios permitir que los chicos que digan sentirse chicas puedan acceder al vestuario y WC femenino, y viceversa; que amenaza con multas de hasta 45.000 euros a los desobedientes?

Dicho esto? me incomoda que Maestre haya sido condenada por "ofensa a los sentimientos religiosos", y no por allanamiento de un lugar de culto. Creo en la libertad de expresión, que incluye inevitablemente el derecho a ofender. Soy contrario a la tipificación de "delitos de odio" y a la penalización de la "ofensa a los sentimientos", que fragmentan a la sociedad en una miríada de tribus querulantes, cada una de ellas intentando amordazar a la contraria, cada una exigiendo la tutela penal de su delicada sensibilidad. La juridificación de algo tan etéreo como los sentimientos abre siempre la puerta a la arbitrariedad: la última vez que las emociones se convirtieron en criterio jurídico, resultó el infausto gesundes Volksempfinden, la "sana sensibilidad popular" que permitía a los jueces nazis atropellar las libertades con la misma desenvoltura con que en los países comunistas se aplastaba a los "enemigos objetivos de la revolución". En realidad, muchos de nuestros problemas más graves vienen de la hipertrofia del sentimiento en detrimento de la razón. El auge de Podemos, los nacionalismos catalán y vasco, el matrimonio y adopción gay ("bueno, si se quieren?"), el populismo de Trump o Tsipras? todos consisten de un modo u otro en desbordamientos emocionales.

Una regulación razonable de la libertad de expresión penalizaría las llamadas explícitas a la violencia ("¡judíos a la cámara de gas!", "¡arderéis como en el 36!"), así como la calumnia. También puede ser juicioso prohibir la pornografía (tóxica y degradante, además de adictiva), la exhibición de violencia extrema y gratuita, la apología del terrorismo o la promoción de la drogadicción, de la promiscuidad y de otros vicios sobre cuya indeseabilidad sea factible alcanzar un consenso trans-ideológico (desgraciadamente difícil, dado el desvarío de ciertas ideologías). Y ya está.

Si se empieza a procesar a la gente por "ofensas a los sentimientos", los perdedores seremos los católicos. El imaginario progre dominante divide el mundo en buenos y malos, y los cristianos "como los varones heterosexuales, los ricos o los blancos- pertenecen al lado oscuro: los que siempre ofenden, los que nunca pueden estimarse ofendidos. La sensibilidad de un gay o de un musulmán cotiza mucho más alto en la cultura actual que la de un cristiano: si se juridifican los sentimientos, por cada condena por blasfemia, habrá veinte por "homofobia", "machismo" o "racismo".

¿Veremos el día en que se prohíba o censure el Nuevo Testamento por aquello de "mujeres, obedeced a vuestros maridos", Col. 3:18, y lo de "los fornicarios, adúlteros y sodomitas no poseerán el reino de los cielos", 1 Cor. 6:9?

Nos conviene la libertad, tanto por razones de principio como de oportunidad.