Curioso concepto de la ética tiene el señor Gallardón,  algo así como el que tiene de la justicia y parecido al que tiene del derecho  que se concreta en un solo principio, la vuelta al Antiguo Régimen, o en versión popular aquello del señor Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como.

       Hoy, afirma que el señor Rajoy es un “referente ético”, eso sí matiza que dentro del partido popular, y  a continuación señala que los ciudadanos debemos de tener una confianza "plena y absoluta" en el Poder Judicial, para justificar el atronador  silencio de D. Mariano respecto a los llamados papeles del señor Bárcenas, antiguo tesorero de los populares.

       Cuando nuestro Poder Judicial era independiente, en los tiempos que nuestro Tribunal Supremo estaba presidido por un gran jurista, Sr. Castán Tobeñas, ahora su presidencia depende de los “referentes éticos” de los políticos, incluidos golpes palaciegos, afirmaba (sala tercera), referido a la actuación de los poderes públicos (y el poder judicial lo es)  que aparte de la finalidad inmediata de admitir la desviación de poder como causa de violación de la ley en su aspecto fiscalizador, existe otra finalidad mucho más profunda, puesto que por este medio  se tiende a moralizar la acción administrativa vinculándose estrechamente con el bien común y por ella viene a descubrirse la antinomia que existe entre la legalidad y el Derecho, correspondiendo a un orden superior al de la simple legalidad, es decir a la esfera de la ética, por lo que la moral y el Derecho aparecen en íntima conexión.

       Indudablemente, en una nación quebrada por el latrocinio de los dineros públicos, caso de los ERES andaluces, quiebra fraudulenta de muchas Cajas de Ahorros, que además tiene   seis millones de parados, un veinticinco  de la población infantil en riesgo de pobreza y una política fiscal más cercana a la requisa que a un sistema tributario moderno, no es ético el sobre sueldo de los políticos, de los que supuestamente lo recibían del señor Bárcenas o los que lo percibían del “conseguidor” de turno de los ERES andaluces; no se puede poner a ningún miembro de la peor clase política de la historia de España   como “referente ético” y más cuando despues de año y medio de gobierno sigue en vigor una ley tiránica como la del aborto.

       D. Alberto que al parecer es fiscal de profesión pero no de ejercicio, tenía que saber aquel aforismo de que “el silencio hace las veces de ratificación” o aquel otro recogido en las Partidas: “el que calla es cierto que no confiesa, pero también es verdad que no niega”

       Y, ese es el problema de la casta política, confunden la legalidad con el derecho, y claro prescinden de la moral, por lo que el orden superior a la simple legalidad, el que corresponde a la esfera de la Ética no se cumple y en el fondo están actuando en desviación de poder, pues confunden el bien común con su propio interés y beneficio, y el patrimonio público con el antiguo tesoro real, y eso era en esencia el Antiguo Régimen.

       Por cierto, don Alberto, el confundir la ley con el derecho y la ética con las decisiones de un tribunal político como es el constitucional, lleva camino de convertir la colección de jurisprudencia en un sucedáneo  de la “Antología del disparate”, en aplicación del artículo 44.2 de nuestro Código Civil, sin entrar en temas más profundos como el de libertad religiosa, la aplicación del derecho penal de autor en los  mal llamados asuntos de “violencia de género”   o en materia fiscal y tributaria en la que al mismo negocio jurídico lo pueden calificar como economía de opción o como defraudación,  dependiendo si lo realiza uno de la casta o un pobre, honrado y sufrido español.

José María Álvarez Cuartas