En estos últimos meses la justicia está en la primera plana de todos los medios de comunicación, y no por su buen hacer, sino todo lo contrario. De hecho, en julio conocimos por la encuesta del CIS que los jueces son los profesionales públicos peor valorados por los españoles.

 Entre otras cosas, los españoles valoran negativamente el que dilaten el dictado de Sentencias mientras dedican su tiempo a otras actividades remuneradas: asistencia a programas de televisión, impartición de conferencias,  publicación de libros y un largo etcétera.

 Sin embargo, lo más grave es la mezcla de politización, corporativismo insano e incompetencia. Hoy sin ir más lejos hemos asistido a la difusión de un manifiesto que han suscrito  un total de 180 jueces de toda España contra el doble indulto concedido por el Gobierno de Mariano Rajoy a cuatro agentes de los Mossos de Esquadra condenados como autores de un delito de torturas a un ciudadano rumano. El indulto nos parece, desde luego, indignante, pero los funcionarios del poder judicial no pueden entrar a valorar políticamente las acciones del gobierno: los jueces son funcionarios a los que pagamos para ejercer el poder judicial, no para ejercer de oposición al gobierno.

Con la introducción de la Ley de Tasas la justicia se ha hecho un bien de lujo para gran parte de la ciudadanía y, al menos, debemos exigir, ya que pagamos servicios tan caros, que se dediquen a hacer su trabajo y a hacerlo bien.

Resulta escandaloso que estos jueces hablen ahora y sin embargo guardaran silencio cuando el gobierno de Zapatero indultó a Alfredo Saiz (Consejero Delegado del Santander). Y más escandaloso es que estos jueces, por corporativismo insano, no digan nada de las negligencias de sus compañeros como la del Juez de la Audiencia Nacional de Fernando Andreu, que ha motivado que queden en libertad los 12 presuntos dirigentes de la red china de blanqueo de capitales desarticulada en octubre pasado con la operación Emperador; o cuando se fugó “el Negro” por otro error judicial.

Precisamente, desde esta candidatura hemos difundido el Manifiesto Social de la Abogacía para poder construir una sociedad fuerte que pueda oponerse a los excesos de los tres poderes del Estado (el ejecutivo, el legislativo y el judicial). Entendemos que los Colegios profesionales, y muy principalmente los Colegios de Abogados, deben ponerse al servicio de la sociedad articulando medios concretos para luchar contra la arbitrariedad judicial, la corrupción política y la intromisión legislativa en la vida de los ciudadanos. El objetivo final es que la sociedad vuelva a ser dueña de su destino, sin que el Estado y sus poderes suplan nuestro deber y derecho a ser responsables de nuestro quehacer personalísimo e indelegable.

Si la candidatura de Montserrat Suárez resulta electa el próximo 18 de diciembre, una de sus funciones principales será servir de altavoz a la sociedad para poder denunciar estos excesos y ayudar así a conseguir una acción judicial eficaz y apolítica.

Manifiesto Social: http://www.eleccionesicam.com/Manifiesto.html

Web de la candidatura es: www.eleccionesicam.com