Lunes, 20 de noviembre de 2017

SALVAR LA ENSEÑANZA PÚBLICA

 Nuestros gobernantes deberían ser conscientes de esto y hacer todo lo posible para que la educación pública fuese aséptica y no al revés, es decir,  que se aproveche de los niños, para inculcarles una ideología que los convierta en fieles seguidores y futuros votantes, asegurándoles su continuidad en el poder. No es de recibo que haya profesores que utilicen las aulas para sembrar su pensamiento político, ni tampoco que los parlamentarios o los dirigentes educativos incorporen en los planes de estudios asignaturas o contenidos adoctrinadores. No es el caso de la enseñanza privada, donde los propietarios de los centros educativos son libres de establecer el ideario que mejor les parezca. Pero esto no tiene cabida en la enseñanza pública, porque es propiedad de todos los españoles.  La enseñanza pública ha de ser respetuosa con todas las ideologías y los ciudadanos deberíamos reclamar y movilizarnos para que esto fuera así.


Hay quien asegura que la enseñanza pública funciona mal y que es de izquierdas; pero en lugar de tratar de luchar contra esto se encoge de hombros y se va a la privada. Es verdad que es muy cómodo matricular a los niños en un centro privado y desentenderse de este asunto; y si es concertado mejor, que me sale muy barato. Muy cómodo pero profundamente insolidario, porque no todo el mundo dispone de centros privados en su entorno próximo. En la zona rural y en los pueblos pequeños no hay donde elegir; hay un único colegio y es público.


Muchos de los que viven en localidades grandes reivindican insistentemente la libertad de elección de centro educativo para sus hijos, sin pararse a pensar que en las localidades pequeñas esto no es posible. Es verdad que el artículo 27 de la Constitución reconoce el derecho de los padres a que sus hijos reciban la educación religiosa y moral, que esté de acuerdo con sus convicciones; pero esto no garantiza que haya donde elegir ni que cada cual pueda matricular gratuitamente a sus hijos donde quiera; significa que el Estado no puede decidir donde se van a escolarizar los niños. Los que padres son los que eligen entre la enseñanza pública o el centro privado que mejor les parezca. Claro que esto se puede interpretar también diciendo que los ricos tienen más posibilidades que los pobres, lo que es innegable; los ricos y poderosos siempre han tenido, tienen y tendrán, más recursos para todo; para sus hijos también.


Con frecuencia se argumenta que la enseñanza privada es más barata que la pública, pero esto nadie lo sabe porque no son comparables. Para calcular el coste de una y otra lo que se hace es dividir el gasto total por el número de alumnos que las reciben, sin tener en cuenta que la enseñanza privada solamente se imparte en lugares muy poblados, donde suele ser económicamente rentable. Por poner un ejemplo, en Asturias los jesuitas tienen dos colegios, uno en Oviedo y otro en Gijón; si abrieran colegios por toda la geografía asturiana y se hicieran cargo del transporte escolar en las zonas rurales, el coste por alumno se dispararía y tendrían que cerrar.


Hay que reivindicar una enseñanza pública de calidad e igual para todos los españoles. Años atrás, existía un solo modelo educativo para toda España y los profesores titulares de la enseñanza pública tenían que superar unas duras oposiciones, únicas para todo el territorio español, que en muchas casos les obligaban a trasladarse con su familia a la localidad en la que habían obtenido su plaza. Es verdad que las oposiciones todavía existen, pero carecen de la dureza de aquellas y no sirven para elegir a los mejores. Si los que obtienen las calificaciones más altas tienen pocos años de docencia, quedan fuera.


Si la sanidad pública funciona mal, podemos desentendernos de ella y pagar por una sanidad privada. Después podemos decir que la sanidad la estamos pagando dos veces y acabar reclamando subvenciones para la sanidad privada o un cheque sanitario. La solución para una mala sanidad pública no está en reivindicar una sanidad privada "concertada", sino en exigir que se tomen las medidas necesarias para que la sanidad pública funcione bien. Lo mismo ocurre con la educación. Conviene añadir, además, que el modelo educativo español no es el que impera en los países de nuestro entorno. En Finlandia, por ejemplo, donde la enseñanza pública es excelente, los padres no salen a la calle reclamando subvenciones para la enseñanza privada que, dicho sea de paso, tiene escasa implantación. 


En cuanto a los planes de estudio, cada Comunidad Autónoma establece contenidos y asignaturas propias, lo que genera una enorme desigualdad y marea a los niños con lenguas regionales o con una exaltación de la geografía y la historia de la región, a veces incluso deformada o falseada. La enseñanza es algo que nunca se debería haber dejado en mano de las administraciones autonómicas. Lo mismo ocurre con otros servicios básicos que tampoco funcionan bien o que hacen diferentes a los españoles, según donde residan. Es hora de devolver al Estado las competencias en educación, sanidad, hacienda y justicia, para poder ejercer un mejor control sobre ellas y que sean iguales para todos.




Paco Mexia


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