Con la declaración de estado de alarma por el gobierno de la Nación y la aplicación de la medida de confinamiento por un decreto-ley bastante discutible jurídicamente, nos encontramos un desarrollo normativo ciertamente confuso de los sectores y actividades que continúan prestando servicios, y así, a los asesores laborales y fiscales nos han declarado sector estratégico (y eso sin que nos provean de guantes y mascarillas. Claro que tampoco nuestros preclaros y eficaces dirigentes"nótese la ironía"las han dispensado a los profesionales que mantienen día a día la lucha contra el traído y llevado COVID-19, por lo que no me puedo quejar.

Lo que los gobernantes tienen claro, con independencia de su especialidad, la propaganda, es que paralelamente al primer problema a abordar, la cuestión sanitaria, que siguen afrontándola con improvisación y mentiras, la crisis derivada del estancamiento económico ha de ser soportada por todos menos por ellos; pero sobre todo por los "malos de las películas comunistas": las empresas privadas. Y detrás de ellas, dado que el tejido empresarial español está compuesto en un 95 por ciento por empresa de menos de 50 trabajadores, nosotros, sus asesores.

Cómo no vamos a ser sector estratégico en esta crisis si, en primer lugar existe una" pandemia legislativa" de normas nominales que, en primera instancia tenemos que interpretar sobre la marcha;  explicarlas y aplicarlas a las empresas, desgraciadamente sobre la base de la inseguridad jurídica y la incapacidad de la administración. Llámese la tramitación por vía de urgencia de ERTEŽs acogiéndose a causa de fuerza mayor, anticipándonos a la posterior prohibición ¿legal? de las extinciones contractuales por causas objetivas relacionadas con el COVID-19; la falta de respuesta expresa en el plazo de cinco días hábiles y su prórroga por otros cinco más; la obligación trasladada de formular solicitudes colectivas de los trabajadores de la empresa afectados por ERTE ante el SEPE (aunque no tengan cotización previa), además de emitir los correspondientes certificados individuales ( por cierto que en la página web de este Servicio se encomienda vivamente a los trabajadores a que no llamen a las oficinas, que permanecen cerradas); las peticiones de abono extraordinario de cese de actividades de los autónomos ante las Mutuas colaboradoras; las peticiones anunciadas y aun no habilitadas de suspensión de las cuotas del RETA de los próximo tres meses pero cobrando un 0,5 por ciento ( después de haber cobrado la cuota de marzo), en un plazo establecido el 1 de marzo en 10 días naturales cuando 4 de ellos son festivos), el aún no habilitado sistema de reducción de cuotas de las empresas con ERTE autorizado o, en el ámbito fiscal, las peticiones de aplazamiento de pagos a cuenta, IVA y retenciones (modelo 111) en una peculiar forma que recarga el 3 por ciento de interés a partir del tercer mes, pero la solicitud sólo contempla pedir el plazo de seis meses;  el asesoramiento sobre los teóricamente aprobados créditos ICO ( pero a cargo de los bancos que aún no saben en qué condiciones se deben aprobar); la interpretación de las medidas aplicables a las situaciones de vulnerabilidad económica a los efectos de moratoria hipotecaria crédito de financiación no hipotecaria y bonos sociales. Y aún hemos de ver la aplicación del abono extraordinario de subsidio de desempleo por fin de contrato temporal y para las empleadas de hogar que no hayan podido ir a trabajar .

Pero, sobre todo, no en segundo lugar, sino principalmente, dado que los gobernantes no han establecido las fórmulas adecuadas, empleadas en los países afectados por la crisis del COVID-19 de suspensión automática de los plazos de pagos de cotizaciones e impuestos, nos necesitan a los asesores, no estratégica sino tácticamente para que las empresas PAGUEN sus impuestos en tiempo y forma y ellos puedan aplicarlos adecuadamente ( léase no ver reducidos sus ingresos, cuando no ha habido ninguna propuesta de renuncia a dietas o bajada de sus salarios por no estar trabajando ).

Sí, soy, somos estratégicos para convertirnos en los cooperadores necesarios de los pagos de impuestos y cotizaciones a realizar porque los gobernantes no son capaces de aprobar las medidas que las empresas ( y sus trabajadores) verdaderamente necesitan para afrontar la crisis económica derivada de la sanitaria y proveer el futuro del día después del confinamiento. Y, al igual que los profesionales sanitarios prefieren tener los equipos de protección individual (EEPPII) a recibir aplausos genéricos a las 20 horas, yo prefiero una administración eficaz como ordena el artículo 103.1 de la Constitución y renuncio a los aplausos.