El Gobierno suizo ha presentado una nueva propuesta legislativa para hacer frente a los riesgos sistémicos de los grandes bancos del país, que exigirá a las entidades más importantes que cumplan con unos requisitos de liquidez más estrictos, mejoren su diversificación de riesgos y amplíen su capital, para lo cual propone un ratio mínimo de capital superior el exigido por Basilea III.

   "El paquete de medidas propuestas está diseñado para evitar que el Estado tenga que recurrir a los ingresos fiscales en el futuro para rescatar a los bancos más importantes del sistema", explica el Gobierno en un comunicado, que prevé que la nueva ley entre en vigor a principios de 2012 una vez que haya sido aprobada por el Parlamento.  

  En concreto, la comisión de expertos creada por el Gobierno propone que el ratio de capital Tier I exigido a las entidades suizas alcance el 10%, en comparación con el 7% que establece la nueva normativa de Basilea III.

   El Ejecutivo suizo defiende que las principales entidades del país tienen que estar organizadas de tal manera que se garanticen las importantes funciones que desempeñan en la economía nacional "incluso en el caso de amenaza de insolvencia". Para ello, deberán presentar un plan de emergencia, que tendrá que respetar los criterios que aprobará el Gobierno.   

 Asimismo, la nueva normativa recoge que el Gobierno obligará a los bancos que tengan que ser rescatados con fondos públicos, pese a todos los esfuerzos por fortalecer la estabilidad financiera del sector, a que modifiquen sus sistemas de remuneraciones.  

  Respecto a los implicaciones económicos que tendrá el plan, los estudios realizados reflejan que permitirán evitar los grandes costes que tendría una grave crisis financiera para la economía. "Si bien los costes para los bancos más importantes del sistema se incrementarán en el corto plazo, la confianza de los inversores aumentará en el largo plazo, lo que constituye una ventaja competitiva para el centro financiero de Suiza y las instituciones afectadas", remarca.  

  Asimismo, las repercusiones en el préstamo doméstico está previsto que "sean menores" en el corto y medio plazo y que desaparezcan en el largo plazo. "Los análisis demuestran que los beneficios a largo plazo para la economía nacional superan los costes de las medidas", afirma.   

 Por último, el Gobierno subraya que las propuestas remitidas por el Gobierno el pasado mes de diciembre han sido en principio "bastante bien acogidas" por las partes interesadas y tan sólo se propusieron cambios en aspectos concretos. De hecho, incide en que se han respetado la líneas generales del proyecto de ley inicial, pero con algunos pocos ajustes.