El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite este jueves por unanimidad la impugnación por parte del Gobierno -que no contó con el aval del Consejo de Estado- de la resolución del pasado mes de enero por la que el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, propuso la investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat. Además advierte que un nuevo intento de "reproducir" esta investidura, supondría contravenir esta suspensión y tener consecuencias penales.

Así lo han señalado a Europa Press fuentes del órgano de garantías, que señalan que un nuevo intento de investir a Puigdemont supondría, en principio, contravenir la suspensión acordada este jueves a no ser que se apruebe una nueva Ley por el Parlament que modificara las circunstancias actuales. En este caso, además, lo más probable sería que esta nueva norma se recurriera y fuera suspendida mientras se estudia su constitucionalidad.

La Abogacía del Estado presentó el 26 de enero el recurso que pedía la nulidad de la candidatura de Puigdemont, firmada por Torrent el 22 de enero. Sin embargo, el TC no tramitó el recurso del Gobierno central, lo que hubiera supuesto la suspensión del pleno de investidura, y se limitó a dictar unas medida cautelares por las que la sesión sólo se suspendería si se pretendía celebrar una investidura a distancia o Puigdemont acudía sin permiso del juez Pablo Llarena. Tras ello, el presidente del Parlament Roger Torrent aplazó la sesión.

El tribunal, tras oír a las partes personadas, ha considerado ahora que aunque Torrent dejara sin efecto la propuesta de Puigdemont como candidato a la investidura y designara uno nuevo, el recurso del Gobierno de Mariano Rajoy plantea cuestiones de interés general que justifican que no se declare la extinción de la causa. Por ello se pronunciarán sobre el fondo y, mientras tanto, una eventual investidura de Puigdemont sigue en suspenso.

Así, el TC aprecia que las dudas iniciales que pudieron existir acerca de su viabilidad procesal -dudas que se fundamentaban, esencialmente, en su posible carácter cautelar- quedaron objetivamente despejadas por la decisión del presidente de la Cámara de aplazar la sesión de investidura hasta que el Tribunal se pronunciara sobre la admisibilidad de la impugnación.

Según entiende el TC, esta decisión puso de relieve que la propuesta de candidato para la investidura impugnada podía no resultar compatible con las medidas cautelares adoptadas es dicha ocasión -que fuera presencial y con permiso del juez-.

Además de dar un nuevo plazo de 20 días a las partes, el Tribunal declara "nulo y sin valor ni efecto alguno" cualquier acto, resolución, acuerdo o vía de hecho que contravenga la suspensión acordada en la presente resolución "incluidos los que sean confirmación o reproducción de alguno de los actos suspendidos".

ADVERTENCIA A TORRENT

Asimismo, notifica personalmente la presente resolución tanto a Torrent como a los miembros de la Mesa Josep Costa i Rosselló, José María Espejo-Saavedra Conesa, Eusebi Campdepadrós i Pucurull, David Pérez lbáñez, yJoan García González y doña Alba Vergés i Bosch y les advierte de su deber de "impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada".

En particular, de que se abstengan de "iniciar, tramitar, informar o dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, acuerdo o actuación alguna que contravenga la expresada suspensión, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de no atender este requerimiento"

Por otro lado, el TC recaba el auxilio jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para realizar las notificaciones, requerimientos y apercibimientos acordados.

El Consejo de Europa plantea que Agramunt

y Xuclá dejen la institución por el caso de

Azerbaiyán

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha aprobado una resolución en la que plantea que el senador del PP Pedro Agramunt y el diputado del PDeCAT Jordi Xuclá abandonen su puesto en esta institución tras la investigación encargada por el Consejo que apunta a que infringieron el código de conducta para observadores internacionales en las elecciones parlamentarias de 2015 en Azerbaiyán. En el caso del senador, esa investigación señala además que hay "fuertes sospechas" de que fue partícipe de "actividad de naturaleza corrupta".

La resolución ha sido aprobado por 123 votos a favor, nueve en contra y 10 abstenciones, entre ellas la del 'popular' Xavier García Albiol. En ella se reclama también a los grupos parlamentarios a los que pertenecen estos políticos, así como a los parlamentos nacionales y a los propios gobiernos, que examinen este informe de investigación y que tomen las medidas necesarias porque son casos que "requieren plena atención". También pide que se le informe antes de que termine este año de las actuaciones que se lleven a cabo.

Tres días después de que se conociera la investigación sobre Azerbaiyán, la Asamblea ha analizado el documento y reaccionado a su contenido de manera urgente. Asegura que las conclusiones de ese informe son "ahora indiscutibles" y asegura que requieren una reacción. Sobre la posibilidad de que se deriven responsabilidades legales, en la resolución se explica que es competencia de las autoridades nacionales.

La Asamblea pide una actuación sobre las personas investigadas por el citado informe, pero no cita a ninguna de ellas. Plantea la dimisión de los parlamentarios miembros (Agramunt y Xuclá) y pide a grupos, parlamentos y gobiernos que tomen nota del informe, pero además la Asamblea ha encargado a la Comisión del Consejo encargada de velar por los procedimientos que estudie la aplicación del código de conducta a los políticos afectados.

En la votación de este texto se ha abstenido Xavier García Albiol. El PP salió el martes en defensa de Agramunt, quien también defendió su inocencia y calificó la investigación de "inquisitorial" y de "caza de brujas". El portavoz 'popular' en el Senado, José Manuel Barreiro, dio credibilidad a las explicaciones del senador y descartó tomar ninguna decisión hasta que se resuelva el caso.

SILENCIO Y COMPLICIDAD

La resolución subraya que la Asamblea mantiene una "tolerancia cero" con la corrupción y pide un cambio profundo y real de actitudes y prácticas parlamentarias, porque apunta a que el caso de Azerbaiyán puede no ser el único.

Al respecto, en el documento se señala que delegaciones y autoridades de otros países han realizado "claramente" prácticas similares y se plantea la esperanza en poder restablecer la confianza en los cerca de 600 miembros de la Asamblea, porque las sospechas de mal comportamiento se concentran en unos pocos miembros y exmiembros, prácticas que ha podido llevarse a cabo "gracias al silencio, la indiferencia o complicidad" de otros parlamentarios.

UNA COMISIÓN INDEPENDIENTE

La Comisión independiente que investiga supuestos casos de corrupción en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) señala en el informe que tiene "fuertes sospechas" de que el expresidente de la Asamblea, el senador del PP Pedro Agramunt, fue partícipe de "actividad de naturaleza corrupta".

Por otro lado, apunta a que el diputado de PDeCAT, Jordi Xuclà, y el exdiputado del PP y actual secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde, también infringieron el código de conducta para observadores internacionales en las elecciones parlamentarias de 2015 en Azerbaiyán.

El informe se retrotrae a la misma elección de Agramunt como presidente de la Asamblea, en la que apunta a que Azerbaiyán "desempeñó un papel", "incluso con financiación", y que su campaña fue dirigida por Muslum Mammadov, quien fue lobista para Bakú. Además, la Comisión independiente asegura que existen numerosos ejemplos que indican que el senador 'popular' defendió los intereses azeríes a la hora de tomar decisiones en la Asamblea.

Además, "existen pruebas", apunta el informe, de que Agramunt intervino borradores de informes del secretariado de la Asamblea para minimizar las críticas hacia las autoridades azeríes y está también probado que actuó contra el código de conducta al desvelar un borrador al representante de Azerbaiyán en la Asamblea, Samad Seyidov, del que recibió "instrucciones" con respecto al informe.

Este documento que desgrana en más 200 páginas distintos casos de malas prácticas en el seno del Consejo de Europa, pone de manifiesto que Agramunt estuvo en contacto con Mammadov y con el que fuera presidente del Grupo Popular en la APCE, Luca Volonté, para minar un informe sobre la situación política de los prisioneros políticos en Azerbaiyán.

Así, la investigación concluye que Agramunt "quebró el principio de neutralidad, imparcialidad y objetividad" que van aparejados al código de conducta para misiones de observación de la APCE y del código del comité de seguimiento.