El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha reconocido este martes en el Congreso de los Diputados que la "doctrina Parot" aún puede tener una aplicación, aunque "casi ínfima" y "residual" en causas terroristas antiguas que hayan sido reabiertas o presos de la banda que aún cumplen condena en Francia.  

  Así lo ha señalado Torres-Dulce durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso, donde ha incidido en que su departamento acatará el acuerdo alcanzado por el Tribunal Supremo el pasado 12 de noviembre en el sentido de que únicamente cabe aplicar la "doctrina Parot" en sentencias dictadas después de febrero de 2006 -fecha en la que fue creada- puesto que el Tribunal de Estrasburgo proscribe su aplicación retroactiva, no la doctrina en sí.   

 Torres-Dulce acata así la posición del Supremo pese a que, en un principio, y según evidenció en sus escritos la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el Ministerio Públco había optado por una posición intermedia para que las redenciones se aplicaran únicamente hasta el 28 de febrero de 2006 de forma que a partir de ese momento los reclusos deberían cumplir el tiempo íntegro de las condenas que les restaran sin lugar a ningún tipo de rebaja.

   Las explicaciones de Torres-Dulce sobre este asunto se han producido a isntancias de UPyD, con el visto bueno del PP, pese a que la comparecencia estaba señalada únicamente para dar cuenta de la Memoria de la Fiscalía relativa a 2012.  

  Así, ha explicado sus actuaciones desde que se conoció la sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que a su juicio obligaba a excarcelar de forma inmediata a la recurrente, Inés del Río, si bien tiene "irradiación" en otras causas de presos en la misma situación.   

 Ha señalado que las sentencias del TEDH son declarativas, si bien esta resolución restringe de tal modo las medidas que España puede adoptar al respecto que puede convenirse que "tiene fuerza ejecutiva".

   Ha explicado que el 4 de noviembre se celebró una reunión de la cúpula fiscal en la Audiencia Nacional, el Supremo y el Tribunal Constitucional en la que se dio el visto bueno a la idea de que la sentencia del TEDJ únicamente proscribía la aplicación retroactiva de la Ley y se estableció su propuesta de aplicación en dos tramos. No obstante, en base al acuerdo del Supremo ha reconocido que "sólo cabe aplicar "Parot" a sentencias dictadas después de 2006".  

  PRESOS REINCIDENTES  

  Respecto de otros presos diferentes a los etarras, como son violadores con pronóstico desfavorable de reincidencia, Torres-Dulce ha indicado que él ha ordenado que se oficie a la Policía "para que dentro de la legalidad se adopten las medidas pertinentes", ya que debe velar por la protección de las víctimas.  

  Momentos antes de comenzar la comparecencia el fiscal general del Estadoha admitido que las excarcelaciones derivadas del fin de la "doctrina Parot" pueden provocar "alarma social", pero ha destacado que las resoluciones de los tribunales deben aplicarse aunque comporten "costes de carácter personal o social evidentes".   

 Al ser preguntado en los pasillos del Congreso si ve justificada la alarma social generada por la puesta en libertad de múltiples miembros de la banda terrorista ETA, Torres-Dulce ha afirmado que entiende "perfectamente" a todas las víctimas, especialmente a aquellas que "han soportado hechos que han sido calificados como muy graves por los tribunales" y que la excarcelación de sus responsables "puede provocar esa alarma social".  

  "Lo que sucede es que estamos en un Estado de Derecho y hay que someterse a las leyes y decisiones de los tribunales, aunque discrepemos jurídicamente de ellas y aunque esa decisión comporte costes de carácter personal o social, que son ciertamente evidentes", ha concluido.