Viernes, 17 de agosto de 2018

Comuneros acusan a la Xunta de introducir modificaciones de la Ley de Montes Vecinales para beneficiar a las empresas privadas

Un millar de personas recorren Santiago para protestar contra la "privatización" de los montes comunales

Convocados por la Organización Galega de Comunidades de Montes Veciñais con el apoyo de entidades como Sindicato Labrego Galego, Atrifoga, Fruga, Adega y la CIG; comuneros de 3.000 montes vecinales de toda Galicia participaron en una marcha que partió de la Estación de Tren de la capital gallega a las 12,00 horas para concluir en la Praza da Quintana.

La manifestación ha contado con la presencia de los líderes de En Marea, Luís Villares; y BNG, Ana Pontón, que han reclamado a la Xunta , en declaraciones a los medios, que paralice una reforma que "busca privatizar los montes vecinales", un figura que en Galicia cuenta "con más de 1.600 años de historia".

Los participantes en la protesta han proferido consignas como "Xunta atiende, Galicia no se vende", "Plan forestal al servicio del rural", "No al robo del monte vecinal" y "Partido Popular prende fuego al rural".

El presidente de la Organización Galega de Comunidades de Montes Veciñais, Xosé Alfredo Pereira, ha alertado, en declaraciones a los periodistas, que la introducción de modificaciones de la Ley gallega de Montes Vecinales a través de la Ley de acompañamiento de los presupuestos abre la puerta a la "privatización" de la gestión de los montes en mano común y su posterior cambio de "titularidad" a la empresa.

"PRIVATIZACIÓN" DEL MONTE

Así, apunta que, con esta nueva normativa, la Consellería do Medio Rural se convierte en "juez y parte" y podrá declarar el monte vecinal "en estado de abandono" por razones "burocráticas y administrativas", como que una comunidad "no elija en tiempo y forma" sus representantes o incumpla "alguno de los preceptos" de la ley de incendios. "Lo importante es sacar el monte de las manos de los vecinos", ha apostillado.

A continuación, ha señalado que la declaración de monte en estado de abandono "no se va a basar en cuestiones de fondo" y ha lamentado que Galicia se convierta "en el primer país del mundo civilizado" en el que el incumplimiento de una ley acarrea la imposición de una sanción y la "pérdida de la tierra" en un corto período de tiempo.

De este modo, ha continuado, una vez sea declarado en estado de abandono, el monte puede ser alquilado a una empresa privada "por 50 años", tiempo que, para Pereira, haría que "se pierda la memoria de que aquel lugar en algún momento fue vecinal".

Esta realidad tendría "el agravante" de que, si la comunidad fuese capaz de subsanar los "defectos" burocráticos que provocaron la citada declaración del monte, "no podrían gestionar" esas tierras hasta que concluyese la concesión de gestión a la empresa en cuestión, es decir, 50 años.

EN MAREA Y BNG

Por su parte, Luís Villares ha recordado que la figura de la "propiedad colectiva" del monte tiene en Galicia una historia "de 1.600 años" que han servido para "completar rentas" de los vecinos, "fomentar el asentamiento de la población" y, en definitiva, "aumentar el bienestar" de las comunidades.

"La reforma que pretende impulsar el PP busca expropiar los montes a los vecinos que lo llevan aprovechando durante 1.600 años para transferírselo a unas empresas privadas y que dejen de ser en beneficio de la comunidad", ha incidido Villares.

A renglón seguido, ha expresado el rechazo "rotundo" de En Marea a las políticas forestales de la Xunta, al tiempo que ha defendido "un monte vivo, multifuncional y que dé vida durante todo el año, no sólo con talas cada 30 años".

Para la líder nacionalista, Ana Pontón, el Gobierno gallego debe "dar un giro de 180 grados" a su política forestal, que califica de "pirómana" e "hipotecada" por los intereses de la empresa pastera Ence.

"El monte puede producir madera de calidad pero puede hacer mucho más que eso. Podemos tener un monte multifuncional que genere empleo, riqueza y calidad de vida en el rural", ha subrayado.

Así las cosas, Pontón ha expresado su respaldo a las comunidades de montes "que están recibiendo una política de acoso y derribo por parte de la Xunta, que lo quiere es privatizar esos bienes comunales que además son una singularidad de Galicia".


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