El Protocolo 24, más conocido en Europa como el 'Protocolo Aznar' porque fue el ex presidente español quien lo impulsó en la Unión Europea, es un anexo al Tratado de Ámsterdam que restringe, aunque no elimina, la posibilidad de que un Estado miembro proporcione asilo político a un nacional de otro Estado miembro, como sería el caso del ex presidente de la Generalitat de Cataluña en Bélgica, si pidiese allí protección.

El texto, aprobado en 1999, parte de la base de que todos los Estados miembros de la UE lo son porque cumplen unos estándares muy altos de democracia y respeto a los derechos fundamentales, que harían incompatible que uno de sus ciudadanos se convirtiera en refugiado: Para serlo hace falta padecer el temor fundado de ser perseguido por razones como la etnia, la raza, la religión o las ideas políticas sin que el Estado ni el sistema judicial puedan o quieran hacer algo al respecto.

En concreto, el 'Protocolo Aznar' tiene un sólo artículo en el que establece que "dado el grado de protección de los derechos y libertades fundamentales por parte de los Estados miembros de la Unión Europea, se considerará que los Estados miembros constituyen recíprocamente países de origen seguros a todos los efectos jurídicos y prácticos en relación con asuntos de asilo".

No obstante y a pesar del ex presidente español, que aspiraba a que la Unión Europea prohibiese a sus miembros asilar a nacionales de otros miembros para que en ningún caso, hubiese terroristas de ETA o afines con protección en suelo comunitario, el Protocolo 24 acabó recogiendo cuatro excepciones bajo las que ahora Bélgica podría dar trámite a una hipotética solicitud de Carles Puigdemont informando previamente al Consejo Europeo.

Se trata de la cuarta de las cláusulas, según la cual, una solicitud de asilo de este tipo "sólo podrá tomarse en consideración o ser declarada admisible" para su examen "si un Estado miembro así lo decidiera unilateralmente respecto de la solicitud de un nacional de otro Estado miembro".

"En este caso, se informará inmediatamente al Consejo. La solicitud se atenderá basándose en la presunción de que es manifiestamente infundada sin que afecte en modo alguno, cualesquiera puedan ser los casos, a la facultad de toma de decisiones del Estado miembro", dice el mencionado Protocolo anexo al Tratado de Ámsterdam.

EXCEPCIONES: QUE SE SUSPENDAN LOS DERECHOS EN

EL PAÍS DE ORIGEN

Las otras tres excepciones tienen que ver con un cambio de condiciones en el país de origen: Que ese Estado, por causas como la guerra u otro peligro público, haya suspendido en su territorio el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales; que se haya iniciado un procedimiento contra ese Estado sobre la violación de los valores fundacionales de la UE o que en virtud de ese procedimiento el Consejo haya decidido suspender a ese Estado.

Pese a esta normativa general, la trasposición y su aplicación puede variar entre distintos Estados miembros. Mientras en unos el hecho de haber nacido en otro país de la UE es causa de inadmisibilidad --no se admite la petición para su estudio--, en otros, como es el caso de Bélgica, la solicitud puede ser admitida a trámite: este país se reservó el derecho de estudiar cualquier petición que le llegue, sea de quien sea.

En concreto, allí el Tratado de Ámsterdam incluye una declaración según la cual, "se llevará a cabo un examen individual de cualquier solicitud de asilo por un nacional de otro Estado miembro". Tal y como explican un funcionario de la Embajada de Bélgica en Ottawa (Canadá) y otro de la Oficina de Asilo Europea (EASO) en un documento al que ha tenido acceso Europa Press, aunque rige en general el 'Protocolo Aznar', la petición puede admitirse a trámite.

BÉLGICA HA DADO ASILO A OTROS EUROPEOS

En concreto, cuando se trata de un ciudadano europeo que les pide asilo, los belgas aplican el procedimiento abreviado. En estos casos, el Comisionado General para Refugiados y Apátridas, la autoridad en la materia, puede decidir "no tomar en consideración" tales solicitudes dentro de los cinco o quince días hábiles siguientes.

Además, "si bien el ciudadano de la UE no tiene derecho a una apelación jurisdiccional plena, puede recurrir para que se anule la decisión del comisionado de no tomar en consideración su solicitud", tal y como concreta la explicación aportada desde la Embajada de Bélgica.

Según añade el oficial de la EASO en el mismo documento, de conformidad con el artículo 57/6 2 de la Ley de extranjería belga la Oficina del Comisionado General para los Refugiados y Apátridas es competente para resolver "no tomar en consideración la solicitud" de un ciudadano comunitario pero, a la hora de la verdad, "cada adulto solicitante de asilo de la UE es invitado a una entrevista y, en principio, se toma una decisión motivada".

"Sin embargo, el Comisionado General para Refugiados y Apátridas también puede decidir adoptar una decisión normal, e incluso otorgar un estado de protección, aunque esto sigue siendo excepcional", señala el texto, fechado en 2015.

En aquel momento, Bélgica había recibido 220 solicitudes de asilo de nacionales de la UE en los dos años anteriores, principalmente de ciudadanos de Rumanía, Eslovaquia, Bulgaria y Croacia. En 2013 no se resolvió positivamente ninguna de estas peticiones y fueron 10 en 2014.

Bélgica, de antiguo refugio para etarras a

potencial destino de Puigdemont

La posibilidad de que el cesado presidente catalán, Carles Puigdemont, pida asilo político en Bélgica puede causar daños en la coalición de Gobierno belga y tensar las relaciones diplomáticas con España, que ya han sufrido precisamente por la presencia en el Gobierno de los nacionalistas flamencos de la N-VA, amigos y aliados del soberanismo catalán, y con el trasfondo histórico de la imagen de Bélgica como refugio de etarras en los noventa.

La Justicia belga ha indignado al Gobierno español en numerosas ocasiones al negarse a entregar etarras por desconfiar los jueces belgas de que en España pudieran tener un juicio justo. Una situación que parecía propia de los lejanos noventa pero se volvió a repetir en 2016, con la etarra residente en Gante Natividad Jáuregui.

Ahora, si Puigdemont pide asilo por el mismo motivo echará sal en una herida que se ha abierto en las relaciones diplomáticas en las últimas semanas, con un ingrediente nuevo: la presencia en el Gobierno federal belga de la flamenca N-VA, que pese a haber aparcado formalmente sus aspiraciones independentistas sigue siendo un socio entusiasta del separatismo catalán. El presidente de Flandes, Geert Bourgeois, ha sido anfitrión de Puigdemont en varias ocasiones.

El viaje a Bélgica del ya 'expresident' se ha conocido solo un día después de que el secretario de Estado de Asilo y Migraciones belga, Theo Francken, abriese la puerta a una concesión de asilo político: "No es algo irreal, bien mirado", dijo a la cadena VTM. "Se está hablando ya de una pena de cárcel (para Puigdemont). Quedaría por ver hasta qué punto sería justo ese juicio", añadió.

La oferta de Francken, un personaje provocador y considerado un 'duro' con los demandantes de asilo, tuvo que ser desautorizada por el primer ministro, el liberal Charles Michel, que afirmó que "el asilo no está en la agenda" de su Gobierno y le pidió a Francken "que no arroje aceite al fuego".

A FRANCKEN LE RESPONDIÓ PONS

El Gobierno español optó por no hacer ninguna protesta formal y las palabras de Francken se trataron como las declaraciones de un representante de un partido político: El encargado de responderle fue el jefe de filas del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, que le acusó de vulnerar los Tratados Europeos y los principios de solidaridad entre Estados.

Aceptar la petición "de una persona culpable de poner en peligro la integridad nacional de uno de los Estados miembros", advirtió González Pons, sería una transgresión de los Tratados de la UE, de las normas internacionales de asilo y de los principios de Naciones Unidas.

Las palabras de Francken no sentaron mal solo en España, sino que el diario belga francófono 'Le Soir' las ha tachado de "estupidez" destinada a dañar a un primer ministro que solo le responde con "mansedumbre".

'LE SOIR': "FRAGILIZACIÓN DEL PRIMER MINISTRO"

"La fragilización del primer ministro y del Gobierno federal causada por sus salidas verbales ya no está confinada al espacio belga, sino expuesta en la escena europea", dice el texto, publicado antes de conocerse el viaje de Puigdemont.

Ahora, no solo las relaciones entre Bélgica y España pueden sufrir por los equilibrios en el seno de la coalición belga, sino que la presencia de Puigdemont en el país puede convertirse en un riesgo para el propio Gobierno federal de Bruselas, señalan observadores de la política local.

'Le Soir' recuerda que Michel ya venía manteniendo una posición "con matices" sobre el desafío soberanista catalán que mantenía contentos a sus socios del N-VA (el partido más votado en las últimas elecciones generales).

El primer ministro belga se apresuró a rechazar la "violencia" durante la jornada del referéndum del 1-O y varios días después concedió una entrevista en la que no cerraba la puerta a una mediación internacional, precisamente lo que no quiere el Gobierno español.

La prensa belga filtró entonces un email de protesta enviado desde España, pero oficialmente el Gobierno español negó que hubiera ningún problema, afirmó que no había habido ninguna protesta y que se contentaba con las palabras que el propio Michel había dicho en el Parlamento, "conforme al Estado de Derecho y al orden nacional e internacional". Ese día hubo Consejo Europeo y Charles Michel y Mariano Rajoy mostraron normalidad ante las cámaras de televisión.

ETARRAS NO ENTREGADOS A ESPAÑA

La mención a una posibilidad de asilo a Puigdemont en Bélgica ha hecho volver el recuerdo de las veces en que jueces belgas han rechazado entregar a España a acusados de terrorismo, cinco en dos décadas.

La última de ellas ha sido Natividad Jáuregui, detenida en 2013 en la ciudad flamenca de Gante tras 34 años huida y cuya extradición denegó el Tribunal de Apelaciones de Gante el año pasado. Los familiares de Ramón Romeo, presuntamente asesinado por ella, han llevado el caso ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH).

Lo cierto es que en los últimos años Bélgica sí había entregado a otros etarras reclamados: en 2005 Diego Ugarte López de Arkaute y Jon Gómez López, acusados del asesinato del socialista Fernando Buesa y su escolta; en 2010, Luis María Zengotitabengoa y en 2011 Ventura Tomé.

Sin embargo, en 2004 quedó definitivamente rechazada la petición de Luis Moreno y Raquel García, para entonces nacionales belgas; en 1996 la de Enrique Pagoaga, 'Peixotin' y en 1998 la expulsión a México de Ricardo Cruz Maiztegui. Eso sí, no se les concedió asilo político.