Así consta en su declaración, publicada este viernes por el diario 'El Deber'. Este testigo, llamado Fernando Humérez, es uno de esos tres supuestos intermediarios y está a la espera de saber si es imputado.

Según este diario, estos intermediarios iban a cobrar 2.000 dólares de "honorarios" cada uno por cada ventilador, haciendo que el vendedor español --a su vez otro intermediario-- subiese el precio de los equipos de 20.000 a 26.000 dólares por cada uno.

El ministro de Justicia boliviano, Álvaro Coímbra, anunció este jueves que su Gobierno va a iniciar "un proceso" con vistas a una "conciliación" con la intermediaria española, IME Consulting. También avanzó que se pedirá la cooperación de la Fiscalía española con vistas a aclarar la "situación legal" de la empresa en España.

El Gobierno boliviano ha pagado solo un 50 por ciento del contrato --de unos 4,4 millones de euros-- y la empresa IME Consulting ha advertido de que si no recibe el resto demandará por incumplimiento de contrato y no enviará los componentes que faltan. La empresa española se puso en contacto el miércoles con el Ministerio de Justicia boliviano para facilitarle toda la documentación.

Por su parte, el fabricante, GPA Innova, también español, emitió el jueves un breve videocomunicado en el que su gerente, Pau Sarsanedas, afirma que "la venta se realizó a un distribuidor" a su "precio estándar, una tarifa de 6.000 euros más 600 euros de accesorios".

POSIBLE CESE DEL CÓNSUL EN BARCELONA

Entretanto, la ministra de Exteriores, Karen Longaric, ha adelantado que el cónsul general de Bolivia en Barcelona, Alberto Pareja Lozada, podría ser destituido. La Fiscalía boliviana ya ha anunciado que prevé convocarle para que informe de su participación en la compra de los respiradores.

"He pedido que preste un informe y después de ese informe se lo puede cesar de sus funciones", ha declarado la ministra en un programa televisivo, precisando que "aparentemente" el cónsul habría incumplido sus funciones, según informa el diario 'La Razón'.

Longaric ha denunciado que se está intentando vincularla con el caso " "distorsionando los hechos". No obstante, ha reconocido que la Dirección de Ceremonial del Estado, dependiente de la Cancillería, coordinó el permiso de la aeronave de Boliviana de Aviación (BoA) que trasladó los equipos desde España.

La canciller ha sostenido que es un proceso habitual para el sobrevuelo y aterrizaje en lugares donde las aeronaves con matrícula boliviana no tienen frecuencias. "La actuación de Cancillería no puede ser interpretada de manera forzada, ni distorsionada tratando de construir una mentira", ha subrayado.

"La Cancillería ha prestado su colaboración tal como nos ha pedido el Ministerio de Salud", ha dicho en su defensa. "Imagínese que tengamos que desconfiar de los diferentes ministerios", ha planteado Longaric.