I.-La reforma del sistema de pensiones español es una de las cuestiones que viene siendo  objeto de debate periódico cuando aparecen en el horizonte los problemas de su viabilidad a medio plazo, al no ser abordada seriamente, aun a pesar de la existencia de una Comisión ad hoc nacida del Pacto de Toledo, y ello porque los partidos políticos no son capaces de plantear con visión de estado, no soluciones mágicas, sino previamente, información sobre alternativas posibles, después implicaciones y consecuencias de las mismas para, al fin, dejar que sean los ciudadanos los que libremente decidan sobre el futuro. El futuro, no de las pensiones exclusivamente, sino  de la configuración del sistema de bienestar que, en primer lugar, podemos , y en segundo, queremos, darnos. De este modo, hemos de considerar,  además de las pensiones, los otros pilares de la estructura de nuestra sociedad de bienestar que son la asistencia sanitaria, la asistencia social en general (ncluyendo la regulación de las situaciones de dependencia) y naturalmente el empleo.

Pues bien, nuestro sistema de seguridad social fue diseñado en los años sesenta del pasado siglo en base a una financiación por cuotas sobre el trabajo ( incluyendo la asistencia sanitaria, aun con tendencia a la universalidad), a la solidaridad intergeneracional en el pago de pensiones y sobre todo atendiendo a unas circunstancias concretas de empleo (largas carreras de afiliación, desempleo residual, dedicación familiar cuasi exclusiva de la mujer al hogar…) y vitales ( tasas de supervivencia inferiores a los 60 años). Tal dibujo no responde ciertamente a la realidad española del siglo XXI que, desarrollando la expresada tendencia a la universalidad, fundamentalmente en materia sanitaria, ha visto crecer las necesidades a cubrir, en triple perspectiva: aumento de beneficiarios, mayores esperanzas de vida y extensión de las atenciones a dispensar; así como aumentar también la importancia de la aportación a través de impuestos en la financiación de su cobertura, lo que  ha motivado la discordancia entre el modelo referido ( múltiplemente parcheado) y la cobertura pretendida, situándolo al borde de la quiebra.

II.-Es hora ciertamente de abordar con honestidad y rigor la reforma del sistema, lo que supondrá, declarémoslo de antemano,  sacrificios PARA TODOS, y dado que el mandato constitucional del artículo 41 de mantener un régimen público de Seguridad social, manteniéndose el carácter libre de las prestaciones complementarias, puede tener diferentes interpretaciones y alcance, la primera obligación de los políticos ( tanto el gobierno como la oposición al tratarse de un tema de interés nacional) es la de informar claramente de las mismas a los ciudadanos, comenzando por la distinción entre un sistema de reparto y un sistema de capitalización para la cobertura de las pensiones. Dedicaremos a ello próximas entregas, pero no obstante, señalemos una serie de puntos que constituirían, desde el modesto punto de vista del firmante, un “nivel mínimo” de actuaciones políticas de ámbito general con la intención de que los gestores públicos fueran  ejemplo, recuperasen credibilidad, adquiriesen fuerza moral, ante los ciudadanos para someter a su consideración--la de los ciudadanos-- las medidas que sea necesario adoptar para definir la sociedad del bienestar que seamos capaces de adaptar y mantener. Así, serían necesarias:

1.- La modificación del especialísimo régimen de pensiones de representantes públicos. En todo caso, su elección para dos legislaturas daría derecho a la obtención de la pensión mínima del sistema.

2.-La reducción al mínimo imprescindible del personal de confianza en la Administración Pública, quedando limitado para quienes ostenten cargos unipersonales.

3.- La supresión de los beneficios postcargo (oficinas de representación, personal a servicios, coches oficiales…) de todos los políticos, con la excepción de los Presidentes del Gobierno de España.

4.- La reducción de un 30 por ciento de las retribuciones de altos cargos en todas las Administraciones Públicas.

5.-La limitación al mínimo imprescindible de vehículos oficiales, reservando su utilización exclusivamente para actos oficiales.

6.-La utilización del artículo 155 de la Constitución en orden a recuperar la Administración Central las competencias transferidas que fuere menester para mantener la viabilidad del Estado, especialmente las de educación y sanidad.

Este programa básico de medidas mostraría la realidad de las intenciones de los políticos de afrontar seriamente el futuro de la sociedad del bienestar en nuestro país, en la consideración de que ciertamente en los momentos actuales son más necesarios los ejemplos que las palabras…