Los parlamentarios se han levantado de sus escaños y han ido abandonando el hemiciclo mientras el ministro seguía hablando en la tribuna.

El debate era una interpelación al Gobierno sobre medidas para "dejar de humillar" a las victimas del terrorismo, que ha sido defendido por el diputado Francisco Alcaraz, hermano de una víctima de ETA, y que ha acusado al ministro y juez en excedencia de haberse "manchado la toga con demasiado sangre" por los pactos con Bildu y los acercamientos de presos etarras.

El ministro, en su último turno, ha vuelto a acusar a Vox de "extrema derecha", ha hablado del 'pin parental' que defiende el partido de Santiago Abascal en los colegio y ha usado el discurso de Alcaraz como ariete contra el PP.

En ese contexto, los diputados de Vox han optado por levantarse e ir abandonando el hemiciclo en fila india, ante la atenta mirada de Grande Marlaska, que seguía en la tribuna de oradores.

Ante el plante, Grande-Marlaska ha recordado su salida del País Vasco junto a su marido, una decisión en la que "perdieron en lo personal y profesional". "No vinimos a fundaciones", ha dicho, en referencia velada al líder de Vox, Santiago Abascal.

Según ha recordado, desde su llegada a Madrid y como juez en la Audiencia Nacional no sólo trabajó contra ETA, sino que también fue objetivo de ETA. "Hubo varios planes de atentado, uno muy desarrollado", ha señalado, reconociendo que se siente "casi culpable" por aquellos otros atentados que sí acabaron con víctimas mortales, de ahí que haya defendido que su compromiso sigue siendo hoy a favor de "luchar contra todas las formas de terrorismo y de violencia".

"Eso no se olvida. ¿Cómo el Gobierno al que pertenezco va a humillar a las víctimas del terrorismo?", se ha preguntado antes de arrancar el aplauso de la bancada socialista, que ha devuelto el ministro del Interior en pie ya desde su escaño.

Vox defiende mañana en el Congreso poner

multas para obligar a acatar las resoluciones

del Consejo de Transparencia

El grupo parlamentario de Vox defenderá este jueves en la Comisión de Función Pública del Congreso una proposición no de ley en la que demanda la imposición de multas para obligar a acatar las resoluciones del Consejo de Transparencia y medidas para incrementar la independencia de este organismo.

Los de Santiago Abascal aspiran a que el Gobierno haga de la transparencia y la rendición de cuentas "los principios fundamentales de su actuación", garantizando el acceso de la ciudadanía a información pública con el fin de que pueda "conocer en todo momento las actuaciones de sus representantes".

Para ello, plantean que se reforme la Ley de Transparencia y Buen Gobierno y que se aproveche esta norma para regular los grupos de presión y crear un Registro Estatal de intereses y grupos de interés.

En su iniciativa, recogida por Europa Press, Vox demanda que la ciudadanía pueda conocer las reuniones que mantienen con ellos "los altos cargos y responsables políticos" y que se detalle qué actividades pueden realizar los 'lobbies', un código de conducta que les obligue y que tengan que estar registrados.

PRESUPUESTO PROPIO Y MÁS CONTROL DEL CONGRESO

Pensando en potenciar "la autoridad" del Consejo del mismo nombre que vela por su cumplimiento, Vox pide que se le dé más poder para adoptar criterios de interpretación y recomendaciones y que se fije un régimen sancionador para, a través de "multas coercitivas", forzar al acatamiento de sus reclamaciones.

Además de reclamar más dotación presupuestaria y de personal para este órgano sugiere que se le dote de un presupuesto propio y segregado del Ministerio de Política Territorial y Función Pública para favorecer su independencia.

También plantea que los informes anuales sobre la actividad del consejo sean objeto de debate y enmiendas en el Congreso, que se adapte la normativa básica de transparencia a las necesidades actuales y que se promueva, a través de los convenios ya en vigor, que Madrid, Castilla-La Mancha, Asturias y Cantabria constituyan sus propios Consejos de Transparencia.