Viernes, 19 de abril de 2024
como requisito para pactos postelectorales en Baleares
Vox exige derogar la Ley de Normalización Lingüística de 1986
Así ha informado el presidente de Vox en Baleares, Jorge Campos, en una rueda de prensa convocada con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna, donde ha prometido que la derogación de esta Ley será "la primera medida" que impulsará su partido en cuanto tengan "responsabilidad de gobierno".
Vox pide derogar la Ley de Normalización Lingüística al considerarla "origen de todas las desigualdades y conculcación de derechos que sufren miles de familias de las Islas". "Es la ley responsable de la actual situación de catalanismo e imposición del catalán en la Administración Pública y todos los centros escolares", ha protestado Campos, que ha insistido en que el objetivo es "recuperar la libertad lingüística" en las Islas.
Su intención, ha indicado Campos, es sustituirla por una Ley de Uso de las Lenguas Oficiales, "que garantice los derechos de los hablantes de ambas lenguas mayoritarias, balear y español, y permita la libre elección de lengua en todas las etapas educativas".
El planteamiento es tramitar esta nueva norma por vía de urgencia, por lo que entiende que "es perfectamente factible su puesta en funcionamiento en el ámbito escolar" a partir del curso siguiente.
En la rueda de prensa, Campos ha instado los partidos con representación parlamentaria, y específicamente a PP y Cs, a posicionarse respecto a esta propuesta.
El presidente de Vox en las Islas ha recordado que fue el PP quien aprobó la Ley y por ello ha sostenido que su credibilidad "deja mucho que desear". "Queremos saber en qué situación están ahora", ha incidido Campos, que ha censurado los "continuos cambios de opinión" de Cs. Sobre los grupos de izquierda, ha mantenido que éstos prefieren "políticas excluyentes de inmersión en catalán".
"En Baleares no podemos celebrar el Día Internacional de la Lengua Materna. No hay libertad para escoger la escolarización de los niños en sus lenguas maternas, ni en español, ni en mallorquín, menorquín o ibicenco, como se aconseja desde hace 50 años desde organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La falta de libertad lingüística afecta también a toda la administración pública", ha denunciado Campos
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