La Comisión Europea ha propuesto este martes la creación de una Agencia Europea de Fronteras y Guardacostas --a partir de Frontex y las autoridades nacionales competentes en fronteras-- y una reserva obligatoria de "al menos 1.500" efectivos capaz de intervenir "en menos de tres días" en un Estado miembro como último recurso para proteger las fronteras exteriores de la Unión.

   El vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, ha dejado claro que "los agentes de fronteras nacionales seguirán siendo los actores clave para gestionar su sección" de las fronteras externas de la UE pero ha justificado la creación del nuevo cuerpo europeo a la luz de "los fracasos significativos" que ha expuesto la crisis de refugiados en la gestión de las fronteras y en el hecho de que la gestión de las fronteras externas es un interés "común".

   "Si queremos preservar Schengen, tenemos que mejorar la gestión de la frontera común", ha avisado ante el pleno de la Eurocámara en Estrasburgo para presentar las nuevas propuestas, que deberán ser aprobadas por mayoría cualificada de los Gobiernos europeos.

LA PROPUESTA NO VA CONTRA LA SOBERANÍA

NACIONAL

  "No podemos excluir que todavía habrá situaciones excepcionales en las que un Estado miembro, por cualquier motivo, no pueda ser capaz de hacer frente a una situación por sí mismo. En tales casos raros, la agencia en sí debe poder intervenir rápidamente y asumir la gestión de esa parte específica de la frontera externa compartida", ha precisado. "Esto es un colchón de seguridad, que como todos los colchones de seguridad, esperamos nunca necesite utilizarse", ha precisado.

   En rueda de prensa posterior, Timmermans ha admitido que la intervención de la Agencia sin la aceptación de un país es "una posibilidad teórica" porque en la práctica "nunca" se podrá "imponer" agentes de fronteras extranjeros en un país. "Si decidimos hacer esto si se hace en ningún caso se hace con el Estado miembro. No es asilamiento", ha zanjado.

   El comisario de Inmigración e Interior, Dimitris Avramopolous, ha explicado que "la agencia tendrá poder para requerir a Estados miembros tomar medidas correctivas" y que "las decisiones de la Agencia serán vinculantes para los Estados miembro", dejando claro que la nueva agencia puede ir "más allá de lo que podría Frontex".

   "Donde persistan deficiencias y la acción nacional no se toma, la Comisión en cooperación con los Estados miembro podrán adoptar una decisión que determine que la situación en una sección particular de la frontera externa requiere acción urgente y encomiende a la Agencia la tarea de llevar a cabo medidas operativas apropiadas", ha explicado el comisario.

   En este caso, el director ejecutivo de la Agencia deberá elaborar un plan operativo con el Estado miembro afectado en un plazo de dos días laborales, en el que se especifique los equipos que son necesarios desplegar y en qué puntos de la frontera.

   "El Estado miembro tendrá que facilitar la ejecución de las medidas fijada en el plan operativo acordado con el director ejecutivo", ha explicado el comisario.

   Consciente de la sensibilidad por la posibilidad de desplegar equipos fronterizos europeos en un país sin su consentimiento, Avramopolous ha dejado claro que no se hará "nada" sin que el país coopere en la práctica. "Nada, repito, nada puede ocurrir sin su cooperación", ha subrayado el comisario. "No sustituimos las responsabilidades de los Estados miembros y definitivamente no su soberanía", ha subrayado.

   "No se tomará ninguna decisión unilateral", ha dicho en rueda de prensa posterior Avramopolous, que ha admitido "el temor de muchos Estados miembro" de perder o verse forzados a hacer concesiones en su soberanía nacional. "No es el caso para nada", ha zanjado.

DERECHO DE INTERVENCIÓN

   La propuesta de la Comisión habla con todo del polémico "derecho de intervenir" de la nueva Agencia en un Estado miembro sin su petición expresa previa o aunque no considere necesario una intervención adicional cuando persistan deficiencias en el control de la frontera externa de la Unión, en situaciones urgentes que pongan en riesgo el funcionamiento del espacio sin fronteras Schengen.

   Si el país no toma medidas correctivas en el plazo que le fije la Agencia o en el caso de un aumento "desproporcionado" y "repentino" de la presión migratoria en las fronteras externas, la Comisión podrá adoptar una decisión para pedir la intervención inmediata de la Agencia, para que despliegue equipos de fronteras y guardacostas europeos tras determinar que "la situación en una sección particular de las fronteras externas requiere una acción urgente". La decisión, no obstante, deberá recibir el visto bueno de "una mayoría cualificada" de países. La Agencia realizará evaluaciones de "vulnerabilidad" obligatorias para determinar, antes de que ocurra una crisis, si el país tiene medios para responder por sí solo.

   Los agentes de fronteras y guardacostas europeos se desplegarían junto a los de las autoridades nacionales del país afectado, cuya legislación se aplicaría en todo caso. La agencia reembolsará a los países el coste total de sus despliegues de personal y equipos para operaciones conjuntas en un país, salvo salarios.

   Fuentes comunitarias han admitido la dificultad "práctica" de desplegar equipos de fronteras europeos sin la cooperación del país afectado, pero han recordado que el Ejecutivo comunitario podrá incoar expedientes de infracción por no cumplir sus obligaciones en virtud del proyecto normativo.

   Los países con fronteras terrestres externas o marítimas aportarán el 2% de su plantilla a la reserva obligatoria de al menos 1.500 efectivos y los que no tengan, el 3% y equipos que pida la agencia, según fuentes comunitarias. Ahora no están obligados a hacer aportaciones a Frontex con la excepción para los equipos de intervención rápida (Rabit) que, además, sólo pueden desplegarse previa petición de un Estado miembro.

   Al margen de la reserva, la Comisión propone reforzar el personal y presupuesto de la nueva Agencia --el nuevo nombre con el que se rebautiza Frontex--. Su personal subirá de 402 a 1.000 efectivos en 2020 y su presupuesto, desde los 238 millones en 2016 hasta los 322 millones en 2020. Ello le permitirá comprar sus propios equipos y desplegarlos rápido para operaciones.

MÁS PODER PARA REALIZAR OPERACIONES DE

EXPULSIÓN

   La nueva agencia, además, tendrá un papel más activo en las operaciones de búsqueda y rescate, podrá lanzar operaciones conjuntas con terceros países vecinos y organizar operaciones de expulsión de inmigrantes irregulares. Ypropone un documento de viaje uniforme para los inmigrantes retornados para facilitar que los terceros países les acepten.

   E incluirá análisis de riesgo frente al crimen organizado y el terrorismo. La Comisión también ha presentado una propuesta de revisión del Código de Fronteras Schengen para permitir "controles obligatorios sistemáticos" también a ciudadanos europeos cuando entran o salen de las fronteras exteriores de la Unión para cotejarlos con las bases de datos del sistema  Schegen y nacionales. Hasta 5.000 ciudadanos de la UE se han desplazado a Irak y Siria para sumarse, lo más probable, al Estado Islámico.

Dinamarca avisa de que posiblemente

reintroducirá controles en su frontera con

Alemania por culpa de Suecia

Dinamarca ha comunicado a la Comisión Europea que posiblemente reintroducirá controles temporales en su frontera con Alemania tras criticar la decisión de Suecia de imponer controles reforzados en su frontera con Dinamarca para mitigar la crisis de refugiados a principios de año.

   "La Comisión fue informada ayer de una introducción probable de controles fronterizos en Dinamarca a principios de 2016. Como en otros casos, una vez que reciba la notificación, la Comisión evaluará esta notificación desde la perspectiva de la necesidad y proporcionalidad", ha explicado en rueda de prensa la portavoz de Asuntos del Interior e Inmigración del Ejecutivo comunitario, Tove Ernst, que ha aclarado que el Ejecutivo comunitario no ha recibido "por ahora" una notificación "oficial" de Dinamarca en este sentido.

   Suecia anunció la semana pasada su intención de aplicar un régimen de control fronterizo más estricto en el puente Oresund que conecta ambos países a partir del 4 de enero y que obligará al control de identidad de los pasajeros que entren por tren o barco, ha informado el diario danés 'The Local'.

   El Gobierno danés ha amenazado con la posibilidad de reintroducir controles fronterizos temporales en su frontera con Alemania y controles de identidad si los controles suecos llevan a un aumento de las demandas de asilo en su país o si hay pruebas de que dichos controles reducen dichas demandas.

   La Comisión Europea ha avalado hasta ahora la legalidad de los controles temporales en la fronteras internas que han reintroducido países como Alemania, Austria y Suecia en respuesta a la crisis de refugiados. Los controles se pueden reintroducir en las fronteras internas por un máximo de seis meses a priori.