La Comisión Europea ha pedido este martes al Gobierno que durante el próximo año reduzca las cotizaciones sociales de los trabajadores para disminuir los costes salariales, y que compense la reducción de ingresos con aumentos del IVA y de los impuestos sobre la energía.   

La solicitud está incluida en las recomendaciones que el Ejecutivo comunitario ha dirigido a España de cara a la elaboración de los presupuestos y el plan de reformas para 2012. Estas recomendaciones, que serán aprobadas en la cumbre de líderes europeos del 23 y 24 de junio, constituyen una de las medidas decididas por la UE los últimos meses para mejorar la coordinación económica entre los Gobiernos y prevenir futuras crisis.   

 Bruselas destaca que España ha registrado un "fuerte incremento" de los costes laborales unitarios desde finales de los 90, lo que se ha traducido en más inflación y una pérdida de competitividad. "Encontrar margen para reducir el nivel relativamente alto de las contribuciones sociales con el objetivo de bajar los costes laborales no salariales ayudaría a impulsar la competitividad", apunta.   

 En este sentido, la Comisión resalta que "los impuestos sobre la energía, especialmente los impuestos sobre los carburantes, son relativamente bajos en España y podrían ser una forma de compensar los ingresos". Y defiende "modificar la estructura y los tipos del IVA".   

El Ejecutivo comunitario ha reclamado además al Gobierno aprobar la reforma de la negociación colectiva y modificar las cláusulas de revisión salarial "para garantizar que el crecimiento de los salarios refleje mejor la evolución de la productividad, así como las condiciones a nivel local y de la empresa".  

  Bruselas pide también a España que evalúe el impacto de la reforma laboral aprobada en diciembre de 2010 y que, si los resultados son negativos, haga más reformas en el mercado de trabajo para reducir la temporalidad y mejorar el acceso de los jóvenes.   

 En materia de consolidación fiscal, la Comisión recomienda a España que adopte más medidas de ajuste en 2011 y 2012 si las previsiones económicas del Gobierno no se cumplen para garantizar que se respeten los objetivos de déficit. Bruselas ve "demasiado favorables" los datos de crecimiento que maneja el Gobierno para 2011 y 2012.   

 A juicio del Ejecutivo comunitario, la economía española crecerá este año sólo un 0,8% y un 1,5% en 2012, frente al 1,3% y el 2,3% que espera el Gobierno. Por ello, Bruselas ha pronosticado que el déficit español se situará este año en el 6,3%, tres décimas por encima del objetivo, y en el 5,3% en 2012, casi un punto por encima del 4,4% al que se ha comprometido el Gobierno.

   España debe "garantizar que se cumplan los objetivos de déficit en todos los niveles de gobierno, aplicando estrictamente los mecanismos de control del déficit y de la deuda para las comunidades autónomas". Además, el Ejecutivo comunitario reclama que se adopte tanto a nivel nacional como en las comunidades autónomas una regla que limite el aumento del gasto por debajo del crecimiento del PIB.   

En materia de pensiones, Bruselas solicita la aprobación final de la reforma que retrasa la edad de jubilación a los 67 años y una cláusula de revisión para ajustar "regularmente" la edad de jubilación a la esperanza de vida.

 REDUCIR EL PAPEL DE LOS POLÍTICOS EN LAS CAJAS.  

  En sus recomendaciones, la Comisión pide "reforzar la reestructuración en marcha del sector de las cajas de ahorro afrontando los puntos débiles que quedan en su estructura de gobierno".

"Los problemas creados por el papel de las autoridades locales en el gobierno de las cajas de ahorro no se han resuelto completamente", avisa Bruselas.   

"La consolidación de las cajas de ahorro a través de fusiones frías ha dado lugar a algunas incertidumbre por lo que se refiere a la efectiva reorganización y reducción del tamaño de las entidades", señala la Comisión, que recuerda que España se ha comprometido a culminar la reforma del sector financiero en septiembre.  

  Finalmente, el Ejecutivo comunitario solicita a España eliminar las actuales trabas a la competencia en los servicios profesionales, aplicar las medidas contempladas en la ley de economía sostenible para reducir las cargas administrativas a las empresas y aumentar la competencia, mejorar la coordinación entre el Gobierno central y los autonómicos para recortar la burocracia y aplicar las medidas previstas para reducir el abandono escolar.