Martes, 24 de junio de 2025
Acusado de genocidio en los 80
El exdictador Ríos Montt debe comparecer hoy ante la Justicia
En mayo de 2013 Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión y Rodríguez Sánchez fue absuelto, pero la condena fue revocada por la Corte Constitucional (CC) que consideró que se había violado el derecho a la defensa del exdictador. Además, ese mismo mes el Congreso guatemalteco aprobó el plan de Reconciliación Nacional 3-2014, que niega la existencia del genocidio que tuvo lugar en el país entre 1960 y 1996 para no poner en riesgo "la paz y la armonía de los ciudadanos".
Este lunes los jueces han retrasado dos horas la audiencia que estaba prevista para las 09.00 (hora local) para recibir el expediente original del caso que está en la Cámara de Amparos y Antejuicios, según ha informado el diario guatemalteco 'Prensa Libre'.
El único de los acusados que se ha presentado ante el tribunal ha sido Rodríguez Sánchez, mientras que el abogado de Ríos Montt ha indicado este lunes que su cliente no se presentaría por motivos de salud. "Mi cliente no puede salir, su salud es delicada, el médico está en su casa y nos recomendó que no puede movilizarse", ha explicado Luis Rosales.
Por su parte, Rodríguez Sánchez ha manifestado que espera que los jueces logren impartir justicia sin presiones de organizaciones internacionales y nacionales Derechos Humanos.
Cientos de personas de Quiché, en el norte de Guatemala, donde viven ixiles, han llegado este lunes a la sala del Tribunal B de Mayor Riesgo y el abogado Edgar Pérez, de la Asociación para la Justicia y Reconciliación, ha solicitado cambiar el juicio a una sala de mayor tamaño para dar cabida a los asistentes.
El 10 de mayo de 2013, Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión por genocidio y delitos contra deberes de la humanidad, mientras que Rodríguez Sánchez resultó absuelto. Sin embargo, la condena fue anulada diez días después por CC, al considerar que se había violado el derecho de defensa de Ríos Montt.
La CC ordenó que empezara el juicio desde la mitad, y el Tribunal de Mayor Riesgo A se inhibió porque ya había emitido opinión, por lo que el proceso se trasladó al Tribunal B.
Para el Ministerio Público los militares son responsables de planificar y ordenar la muerte de 1.771 indígenas, 1.400 violaciones sexuales y del desplazamiento forzoso de por lo menos 29.000 personas durante el 23 de marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983.
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