Saab, que esgrime que como agente diplomático venezolano fue detenido arbitrariamente por Cabo Verde mientras estaba en misión especial en representación del Gobierno de Venezuela, ha presentado una comunicación ante el Tribunal de Justicia de la CEDEAO con el fin de denunciar su situación y solicitar la adopción de medidas cautelares.

Sus abogados solicitan que se constaten "las constantes violaciones de la Carta
Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos" cometidas contra su cliente por parte de las autoridades caboverdianas. Así, esgrimen que este ha visto vulnerados derechos fundamentales como el derecho a un juicio justo o a la no discriminación, además de su igualdad ante la ley y haber sido víctima de tortura.

Por otra parte, la defensa de Saab ha insistido en que su proceso de extradición a Estados Unidos carece "de las más mínimas garantías procesales" y además la causa en su contra en este país "no responde a criterios penales, sino a criterios políticos" debido a que él es una "persona cercana" a Maduro. Según los abogados, el objetivo final es "forzar su declaración contra el mandatario venezolano".

Este jueves, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, había reiterado su "preocupación por la seguridad e integridad física de Álex Saab", tildando la detención del empresario de "ilegal" y "arbitraria".

En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el ministro además dijo que Caracas ha denunciado ante las autoridades caboverdianas los "malos tratos" que supuestamente habría recibido Saab, por lo que solicitó de nuevo "una medida humanitaria" con el objetivo de "proteger su vida". Venezuela ya pidió a principios de septiembre a Cabo Verde que concediera a Saab el beneficio de la prisión domiciliaria por motivos de salud.

Estados Unidos ha solicitado a Cabo Verde la extradición del empresario, que ha sido aprobada ya pero que está pendiente de la resolución de un recurso presentado ante el Tribunal Supremo caboverdiano por la defensa legal de Saab, de la que forma parte el exjuez español Baltasar Garzón.

Saab, por su parte, requirió la intermediación del Gobierno de Cabo Verde e, incluso, envió una carta al primer ministro del archipiélago africano, Ulisses Correia, en la que le solicita que respete su supuesta inmunidad diplomática y le permita volver a Venezuela, incidiendo en que es víctima de un proceso "motivado políticamente".