La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, que integran el presidente de este órgano, Gonzalo Moliner, los presidentes de cada una de las cinco Salas y otros cinco magistrados elegidos por sus compañeros, ha puesto el grito en el cielo por las últimas novedades que, vía enmienda, fueron introducidas en el Proyecto de Reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante el trámite en el Congreso, el pasado 9 de mayo.

   Dos de estas enmiendas suponen para los magistrados del alto tribunal una clara injerencia política, en especial la que prevé la creación de una nueva figura para el Supremo, la de vicepresidente, que será el mismo que tenga este cargo en el CGPJ y con labores específicas en ambos órganos.

   Por ello han pedido a Moliner que solicite una reunión urgente con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, con el objetivo de que estas modificaciones, que no pudieron ser informadas por el CGPJ al no aparecer en el Anteproyecto, no cristalicen en el texto final, han informado este lunes fuentes del alto tribunal.

   Actualmente no existe vicepresidente en el Tribunal Supremo y en ausencia del presidente actúa en esas funciones el magistrado más antiguo del órgano. Lo que pretende el Gobierno es que el vicepresidente del CGPJ -que tiene que ser uno de los tres vocales que designe el Parlamento procedentes del alto tribunal- sea también vicepresidente del Supremo.

    Según el Proyecto de reforma este cargo del que los magistrados señalan su "carga política", por haber sido designado por los partidos políticos en el Parlamento, presidirá las comisiones de Igualdad y Presupuestaria del CGPJ mientras que en el Tribunal Supremo hará lo propio con las salas especiales, como la de resolución de conflictos de competencia y conflictos de jurisdicción. La Sala del 61 seguiría siendo presidida por el presidente.

SALA ESPECIAL

   Otra de las novedades introducidas en el trámite parlamentario y que no gusta nada en el Supremo  es la creación de una sala específica dentro de la de lo Contencioso-Administrativo para controlar los actos del CGPJ, es decir, para ver los recursos presentados contra las decisiones del órgano de gobierno de los jueces.

   Hasta ahora, es la última de las siete secciones que conforman la Sala Tercera del Supremo (la de lo Contencioso-Administrativo) es la encargada de ver los recursos contra decisiones del CGPJ, al igual que otra sección es la encargada de revisar los actos del Gobierno.

   Tras la reforma se creará una sección nueva para el control de los actos del CGPJ, que integrarán el presidente del Contencioso más los presidentes de las siete secciones, un total de ocho magistrados.

   El pasado 9 de mayo, el Pleno del CGPJ aprobó con el único voto favorable del Grupo Popular y de UPN (socio electoral del PP), el proyecto de ley que reforma el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El PSOE anunció que llevará la ley al Tribunal Constitucional cuando sea aprobada definitivamente por el Senado.

   El nuevo Consejo estará protagonizado por una mayoría de vocales a tiempo parcial, restará peso a la participación de las asociaciones en el proceso de elección y tendrá una actividad internacional coordinada con el Ministerio de Exteriores.

   Los grupos de la oposición y las asociaciones de jueces y fiscales han sido unánimes al denunciar que esta reforma supone "un manifiesto ataque" a la independencia del poder judicial y al máximo órgano de su gobierno. Incluso la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria, ha lamentado que Ruiz- Gallardón haya "desatendido" su promesa de que doce vocales fueran elegidos por los jueces.