Viernes, 21 de febrero de 2020

no se puede pedir al escorpion que no pique  esta en su naturaleza

HRW pide a la Justicia que libere a un activista condenado a seis años de prisión por criticar al Gobierno

Tal y como ha denunciado la organización en un comunicado, su detención y condena violan "claramente" su derecho a la libertad de expresión, por lo que las "autoridades deben dar marcha atrás y ponerlo en libertad cuanto antes".

"Nguyen Ngoc Anh forma parte del grupo de disidentes políticos que está siendo encarcelado por expresar sus opiniones en Facebook", ha manifestado el director de HRW para Asia, John Sifton. "El Gobierno de Vietnam parece pensar que utilizar la plataforma para aquello para lo que fue creada supone un delito", ha señalado.

La Policía detuvo a Nguyen en agosto de 2018 y lo acuso de "crear y difundir propaganda y productos contra el Estado de la República de Vietnam" bajo el artículo 117 del Código Penal, según recoge el texto.

En junio de 2019, tras un "juicio sumario" en un juzgado de la provincia de Ben Tre, donde fue condenado a seis años de cárcel. Un tribunal en Ho Chi Minh será el encargado de resolver el recurso presentado.

Los medios estatales han descrito la información compartida por el activista como "material reaccionario" contra el Estado y el partido que busca incitar a la gente a protestar.

Su mujer, Nguyen Thi Chau, ha subrayado en Facebook que lo visitó en octubre, cuando lo vio muy afectado. Le contó que otro preso le había golpeado hasta que se desmayó. El activista habría notificado a los guardias de la prisión de lo sucedido, pero estos no hicieron nada al respecto.

"Primero las autoridades vietnamitas encarcelan a la gente para evitar que ejerzan su libertad de expresión y después tratan de silenciar a sus familias, que piden su libertad", ha advertido Sifton.

"Los donantes internacionales de Vietnam y sus aliados comerciales deben condenar públicamente estos abusos y dar apoyo a los críticos y activistas", sostiene.

Para HRW la encarcelación de Nguyen forma parte de una serie de medidas puestas en marcha contra críticos del partido y el Gobierno. Durante los diez primeros meses de 2019, las autoridades condenaron al menos a veinte personas y los condenó a penas de entre seis y diez años de prisión por criticar al Gobierno, hacer campaña a favor de la libertad de expresión o luchar contra la corrupción.


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