En la final de la Copa del Rey del próximo viernes parece que van a pitar al himno español, también quizá al Príncipe que representará a su padre, el Jefe del Estado. Pero no pasará nada. Todo el problema es Esperanza Aguirre y sus declaraciones.

 Sin embargo, hay un precedente histórico. Ocurrió en Barcelona y el Gobernador Civil lo clausuró durante seis meses. Con perdón, ¡con dos cojones!.

 El momento de mayor distanciamiento entre el club y la monarquía española tuvo lugar durante la dictadura de Primo de Rivera, bajo el reinado de Alfonso XIII. En el estadio de Les Corts, los aficionados del Barcelona habían manifestado críticas a la dictadura y exhibido algunas pancartas contra el régimen. Finalmente, el 14 de junio de 1925, -jugaba una selección de la flota inglesa, a la sazón surta en el puerto, con el Barcelona-, los 14.000 aficionados del estadio abuchearon la Marcha Real, interpretada por una banda de música. Días más tarde, el Capitán General y Gobernador Civil de Barcelona Joaquín Milans del Bosch dictó una orden que clausuró el estadio durante seis meses y obligó a dimitir a Hans Gamper como presidente del club y a exiliarse a Suiza durante una temporada. La orden de clausura del estadio justificaba la medida indicando que «en la citada sociedad hay personas que comulgan con ideas contrarias al bien de la Patria», como recoge el historiador Jaume Sobrequés en su obra FC Barcelona, Cien años de historia. Fue la sanción más dura que ha recibido un club en toda su historia.  

 Y no pasó nada. O mejor dicho, al reanudar la actividad, está fue deportiva y con pocas ganas de desahogos secesionistas. Sobre todo si conllevan pérdidas económicas. Que la rauxa (arrebato) no se impone al seny (cordura) cuando el seny piensa en la peseta, entre quienes precisamente la crearon.

   Además, poco después el mismo general cerraba el Orfeón Catalán, institución musical de gran renombre, uno de los epicentros de la vida cultural catalana y nido de conspiradores antiespañoles. Tampoco pasó nada en particular, como cuando un gobierno, excepcionalmente alcanzado por un arrebato de cordura, prohibió la kale borroka, o sea  la guerra callejera de jarraichus y demás. Simplemente aplicó la ley, y cobró lo quemado a los papás consentidores.

  Pues lo mismo. Si salen perdiendo los de corbata y champán, como un impresentable presidente de club pasado a la política, se cortan hijos y sobrinos de litrona y embozo de maleante. Pero para eso hacen faltas hombres como los del año 25, que no eran maricomplejines y que le paraban los pies, a cualquier costa, a Ab-del-Krim, a Gamper o al Licero del Alba si afrentara a España.